Como Angélica Rivera, Luis Videgaray y el mismo presidente Peña Nieto no están vinculados directamente en las asignaciones de contratos del Grupo Higa seguramente se les exculpará por ese tecnicismo jurídico.
Manuel Fuentes
lasillarota.com
Por
más que la Presidencia y su séquito de colaboradores traten de acabar
con los escándalos generados por las bondades inmobiliarias del Grupo
Higa a los principalísimos del gobierno, éstos crecen y crecen.
La designación del nuevo Secretario de la Función Pública, Virgilio
Andrade Martínez, es una burla más sin parangón; antes de su imposición
era empleado en la Secretaría de Economía y en 1992 representante del
PRI en el entonces Consejo General del IFE. Así que ¿cuál autonomía de
decisión tendrá este empleado impoluto?
Con ese tipo de funcionarios a modo, convertidos de un día para otro
en jueces de terciopelo con la correa de su amo visible, no será
posible generar credibilidad social alguna; por el contrario engordará
la sospecha, la sospecha razonable. Estos actos desesperados desde la
silla del poder, (porque los acusan de corruptos por todos lados),
serán una forma de tratar de acallar tantos reclamos.
Pero la burla es de tal magnitud, que al designar a Virgilio Andrade
hasta le dictaron el contenido de las conclusiones del veredicto que
dará a conocer en semanas o meses: Que Angélica Rivera no es
funcionaria y por tanto no incurrió en conflicto de intereses en la
compra de la Casa Blanca. Que Luis Videgaray, secretario de Hacienda
cuando hizo la operación de ganga con el Grupo Higa al adquirir su casa
de Malinalco no era funcionario del actual gobierno y que el presidente
Peña Nieto no participa directamente en las
asignaciones ni en los contratos de las empresas que colaboran para el
gobierno y que los beneficios inmobiliarios recibidos son cosa aparte.
Por eso nada tienen que temer.
Hará el nuevo designado como que no existe (porque en el gobierno de
Peña Nieto nadie lo conoce) el texto de la fracción XII del artículo
8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos que condena los conflictos de interés de los
funcionarios públicos:
“Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales,
familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el
desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
El texto del citado artículo dice enfáticamente que todo funcionario deberá:
“Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar,
aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes
muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente
inferior al que tenga en el mercado ordinario…”.
Ese artículo prohíbe a los funcionarios públicos recibir:
“…Donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o
para…” su cónyuge o familiares “que procedan de cualquier persona
física o moral…”.
Pero el citado artículo condiciona la responsabilidad, si las actividades profesionales, comerciales o industriales están:
“Directamente vinculadas, reguladas o supervisadas
por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.
Como Angélica Rivera, Luis Videgaray y el mismo presidente Peña Nieto no están vinculados directamente
en las asignaciones de contratos del Grupo Higa seguramente se les
exculpará por ese tecnicismo jurídico. Por eso con tanta pompa se
anuncian las 8 acciones “para prevenir corrupción y conflictos de
interés”, porque saben que eludirán la condena “legal”, pero no la
popular, porque al pueblo no se le engaña nada más así porque sí.
Con el anuncio del nuevo fiscalizador a modo, se creará una “Unidad
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés”
dependiente de la Secretaría de la Función Pública que según esto, será
la encargada de decidir que funcionarios están metidos en conflictos
de interés, de aplicar medidas preventivas y hasta podrá imponer
sanciones para quienes incurran en esos actos. ¿Qué tipo de empleados
laborarán allí? Seguramente empleados recomendados que aseguren
disciplina del nuevo fiscalizador impuesto. Que aseguren impunidad
para los de arriba.
Que para nada se les ocurra molestar a los mandamás del
gobierno, porque ellos no cometen conflictos de interés ¿cómo pensarlo?
Que los beneficios inmobiliarios recibidos y otros favores, no son para
nada una falta del servicio público, ¡de ninguna manera!, son actos del
buen proceder irreprochable, protegidos por el aparato de gobierno
diseñado por ellos mismos.
Dice uno de los ocho puntos que habrá colaboración con el sector
privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. ¿A poco
acabarán con el famoso diezmo que exigen los funcionarios en
las asignaciones de contratos millonarios para sus amigos de interés?
Para nada, a funcionarios corruptos y empresas coludidas no les
conviene que este clase de cochupos desaparezca, porque son la forma de
subsistencia de unos y otros.
Estas medidas en estos tiempos de crisis moral y económica son los
tiempos del engaño, del no pasa nada, del que se acabó la corrupción,
del cinismo, que olvidemos esas corruptelas de gran magnitud, que ya se
acabaron según ellos, que todo en adelante será diferente. Pero ¿quién
les cree?
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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