Cristina Fontenele
Adital
Ya pasaron cuatro meses
desde la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, ocurrida el 26 de
septiembre del año pasado, en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero. Las
investigaciones señalan el involucramiento del alcalde de la ciudad, José Luis
Abarca, detenido desde el 13 de noviembre de 2014, con miembros del cartel
Guerreros Unidos. Entre los restos mortales carbonizados encontrados en una fosa
común, hasta ahora solamente fue identificado el del estudiante Alexander Mora
Venancio.
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| Después de cuatro meses desde la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, hasta el momento sólo uno ha sido identificado. |
El paradero de los demás
continúa siendo una incógnita. Recientemente cientistas forenses austriacos anunciaron
que no consiguieron identificar el ADN de los restos mortales que fueron
encontrados quemados. Otras pruebas en las muestras pueden llevar meses. Los
padres de los estudiantes vienen realizando manifestaciones reclamando la
aparición con vida de sus hijos y exigiendo que el Ejército sea incluido en las
averiguaciones.
Nuevas investigaciones
indican también la participación del Ejército y de la Policía Federal mexicana en
la desaparición de los estudiantes. Declaraciones y documentos señalan que los
estudiantes fueron monitoreados por los gobiernos estadual, municipal y federal
desde antes del ataque. En un reciente pronunciamiento, el procurador general
de la República, Jesús Murillo Karam, anunció que podía probar que los
estudiantes están muertos, basándose fundamentalmente en confesiones de
sospechosos presos. Sin embargo, las evidencias no fueron presentadas.
Según la directora del
programa de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, "si el
procurador general espera que ese pronunciamiento ponga fin a esta tragedia, está
equivocado. Todavía existen muchas, muchas cuestiones que no fueron
respondidas, como la complicidad, por acción u omisión, del ejército y de otras
autoridades en el ataque contra esos estudiantes”.
Simulaciones y mentiras
En entrevista con Adital,
el Padre Jesús Mendoza Zaragoza, de la Provincia de Acapulco (México), comenta
sobre la actuación del gobierno, el sentimiento de los padres de los
estudiantes y de la población mexicana. Él evalúa que el gobierno federal ha tenido
una participación inestable y plagada de simulaciones y mentiras.
El
gobierno federal dejó pasar más de una semana para intervenir en el caso y no
ha tenido la capacidad necesaria para realizar una investigación adecuada del
caso. Tenemos la percepción de que a pesar de un historial de más de 20 mil
desaparecidos en el país, no ha habido el interés político para investigar caso
por caso y, por lo mismo, no se ha profesionalizado para hacerlo. Por otro
lado, las autoridades no cuentan con credibilidad ante la población. Las
conclusiones que la Procuraduría General de la República ha publicado en los
últimos días, tienen inconsistencias profundas y más parece una decisión
política en cuanto que se pretende cerrar el caso sin satisfacer a las familias
de las víctimas ni a la sociedad en su conjunto.
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| Según Pe. Jesús Mendoza Zaragoza allí no ha sido interés político para investigar en un caso por caso. |
El sacerdote destaca que
existe el sentimiento general de que no ha habido una investigación integral y
de que no se ha atendido uno de los más graves factores de la violencia en el
país como lo es la corrupción de las autoridades coludidas con el crimen
organizado. De hecho, aunque la tragedia de Ayotzinapa [los estudiantes desaparecidos eran de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, vecina de Iguala] ha afectado visiblemente al gobierno federal,
tanto a nivel local como en el exterior, pues su imagen ha quedado muy
deteriorada, no es prioridad para el gobierno atender satisfactoriamente este
caso. Le importan más la activación de sus reformas legislativas para sostener
el mismo proyecto de nación que ha hecho daño al país, observa Zaragoza.
Hace cuatro meses, persiste mucha
indignación y enojo social contra las autoridades, a las que se mira con
desconfianza y con recelo. Es posible que se acreciente la crisis política en
el estado y que en el próximo proceso electoral haya acciones violentas
significativas por el rechazo que algunos sectores de la población manifiestan
al mismo. Hay que reconocer que hay un segmento de la población que sigue
indiferente.La solidaridad hacia las víctimas se mantiene, pues creo que
gran parte de la población del país se identifica con ellas porque también ha
sido víctima de alguna forma de violencia.
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| Indignación y rabia social de generadoras de crisis política del país. |
Cuando se le pregunta
sobre qué postura se puede esperar de las instituciones públicas en la
elucidación de este caso, el sacerdote explica que "lo deseable es que se
conduzcan con apego a la verdad y con un interés claro por la justicia, pero lo
que prevemos es que se oculte la verdad porque afecta a las mismas
instituciones públicas, sobre todo a las de procuración y administración de
justicia, al ejército y a las demás instituciones de seguridad pública.
Prevemos que el caso no será resuelto satisfactoriamente y que dará lugar a un
mayor descontento de la población con las autoridades y con sus instituciones”.
Actuación de los
movimientos sociales y familiares
Zaragoza aclara que "la desaparición de los
estudiantes de Ayotzinapa activó movilizaciones sociales en el país como no se
había visto en muchos años. La exigencia de justicia y la solidaridad con las
víctimas han sido las más visibles demandas de los movimientos sociales. Esto
ha servido de presión política para que el gobierno de respuestas
satisfactorias. Esta coyuntura ha sido vista por mucha gente en el país, como
una oportunidad para plantear cambios profundos en el país, sobre todo en el
sistema político. Hay iniciativas de diálogo social en diversas regiones del
país y hay la propuesta de la refundación del Estado mediante una nueva
constitución. El problema es que el movimiento social no es lo suficientemente
fuerte como para incidir ahora en estos cambios, posiblemente los logre a
mediano plazo”.
El sacerdote enfatiza quedesde
el momento en el que se desató la crisis humanitaria por la desaparición de los
estudiantes, la Iglesia activó algunas respuestas, siendo la más importante la
atención a las víctimas. De suyo, la Arquidiócesis de Acapulco ha impulsado
desde hace tres años un proyecto puntual de acompañamiento integral a las
víctimas de las violencias, mismo que ha promovido en las demás diócesis del
estado de Guerrero.
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| Familiares de las víctimas son presión política para el gobierno dar respuestas satisfactorias. |
Las
diócesis se han puesto en contacto con las familias de los desaparecidos con el
fin de expresarles su cercanía y solidaridad. A través de las parroquias en las
que estas familias viven, han apoyado con el acompañamiento espiritual y
psicosocial y, en algunos casos, con apoyo material. Los obispos se han
encontrado con dichas familias para escucharlas y para ponerlas en contacto con
las parroquias que les dan seguimiento. Además, hay un contacto formal de los
cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco con la organización de
los padres y madres de los desaparecidos. Incluso, el nuncio apostólico en
México se ha hecho presente en la Escuela Normal de Ayotzinapa, sede de estos
padres de familia, que siguen buscando a sus hijos”, agrega.
Zaragoza denuncia además
que,ante las conclusiones que el gobierno federal ha dado al caso de los
estudiantes, explicando que fueron secuestrados, asesinados y calcinados en el
basurero de Cocula, los padres de familia señalan que no creen en dicha
conclusión y seguirán buscándolos por su cuenta. Harán presión internacional a
través de la ONU y de otros foros internacionales. En un comunicado reciente, los padres y madres de los estudiantes volvieron
a insistir que las investigaciones de la Procuraduría General de la República
(PGR) deben permanecer abiertas.
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investigaciones indican que los estudiantes realmente fueron quemados vivos
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