Ernesto Villanueva
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Andrade y Peña en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO,
D.F. (proceso.com.mx).- Increíble pero cierto: cuando la opinión
pública pensó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (EPN)
no podría estar peor causó estupor, por lo burdo, el anuncio hecho ayer
por el presidente destinado supuestamente a combatir la corrupción.
El resultado salió como las películas de Juan Orol. Veamos diez razones de lo que percibo.
Primera. Hombre de trabajo, amigo leal y con una apreciable
credibilidad- y quien me cae bien además-, Virgilio Andrade, cayó en la
tentación de “investigar” lo que no requiere investigación porque es
público y notorio: la corrupción y conflicto de interés de EPN, su
esposa y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray (LV).
Peor todavía aceptó ser titular de la Secretaría de la Función
Pública; es decir, empleado del Presidente y de su protector y amigo LV
a quien le debe ser consejero del extinto IFE para cuidar el proceso
electoral a favor de EPN y de su más reciente encargo, titular de la
Comisión de Mejora Regulatoria.
LV le vendió la idea de que Andrade sería la solución a la larga
cadena de errores y conductas que incurren en actos de corrupción. EPN
compró la idea y buscó infructuosamente resolver varios casos de
conflictos de interés con otro conflicto de interés.
Segunda. Virgilio Andrade a quien conozco desde hace varias décadas
realizó la tesis de licenciatura más impresionante, un volumen de casi
1000 cuartillas sobre derecho electoral, único en su género en aquella
época. El derecho electoral fue su interés a edad temprana, pero jamás
ha publicado, trabajado o tenido la menor experiencia en transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción.
El cargo que aceptó es incompatible con su currículum profesional y
se encuentra ahí por la intervención de su gran amigo y mentor LV. Otro
error más porque el que pierde de inicio toda credibilidad. Bien dice
Manuel Clouthier que el prestigio se paga en abonos y el desprestigio
al contado.
Tercera. La designación de Virgilio Andrade como titular de la SFP
echa por la borda la creación en un corto plazo, del Sistema Nacional
Anticorrupción anunciado por EPN, toda vez que haber proseguido en su
proceso legislativo y mejora institucional hubiera significado, por las
crisis recurrentes del gobierno de EPN, en un alto costo político para
hacerlo a modo.
Pensaba el gobierno federal hacer un acto de ilusión óptica, pero el
escrutinio de la prensa extranjera y su impacto en los tomadores
internacionales de decisiones así como de un pequeñísimo sector de la
prensa nacional que moldea el círculo rojo de la opinión pública, hacen
inviable esa opción.
Cuarta. La SFP destinada por ahora a investigar no la transacción de
las propiedades, o no sólo, sino la asignación de contratos a los
proveedores que vendieron los bienes inmuebles a EPN y compañía es una
trampa jurídica y política porque los titulares de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal tienen con la ley en la
mano (una pésima ley por cierto) la elasticidad y discrecionalidad para
hacer retratos hablados en el diseño de las licitaciones públicas, el
proceso de las licitaciones, la asignación de ganadores y el
seguimiento del cumplimiento del contrato.
Por esta razón no hay que ser vidente para adelantar que el
resultado será favorable para EPN y su equipo en una lógica de
autoengaño, alejado de toda confianza pública nacional e internacional.
Quinta. El “comité de expertos” no estará integrado por
profesionales independientes, sino por desempleados, académicos en
busca de saltar al servicio público o personas que tienen ya varios
compromisos con el gobierno. Nadie con un prestigio que cuidar, mucho o
poco, dará un salto al vacío moral de prestarse a lavarle la cara a EPN
formalmente hablando porque el problema del gobierno de EPN es el
propio EPN. Y aquí viene a cuento la leyenda de la Universidad de
Salamanca “lo que natura non da Salamanca non presta”.
Sexta. Las demás medidas propuestas por EPN como una novedad no
solamente no provienen de un ataque democrático de último minuto del
Presidente, sino de generar la impresión, también fallida por lo burdo,
de que habrá cambios de fondo. Como dijo Lampedusa en su obra El
Gatopardo “que todo cambie para que siga igual”. Se olvida, o más, se
ignora por el gobierno que México ratificó el 6 de febrero de 1997 la
Convención Americana contra la Corrupción que preveía que a la brevedad
se legislaría en materia de combate a la corrupción y conflicto de
interés. De modo que EPN, no sorprende a nadie con su anuncio, sino
debería explicar porque no lo hizo en su toma de protesta como
Presidente en acato al mandato de la Convención y porque tanto él como
el Congreso de la Unión han sido omisos hasta la fecha.
Séptima. Además de que la Convención Americana contra la Corrupción
es un tratado internacional ratificado por el Senado y con plena
vigencia, con las reformas de noviembre del 2011 al artículo 1º párrafo
segundo de la Constitución, la Convención Americana es parte integrante
del derecho mexicano que a partir de esa fecha ha sido internalizado en
nuestro sistema jurídico.
El Presidente afirma que para garantizar independencia se hará un
convenio con la OCDE. Se quiere pasar por alto que el secretario
general de la OCDE es José Ángel Gurría, militante del PRI desde 1968 y
secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores con el
expresidente Carlos Salinas, asesor de facto de Peña Nieto. Por ello,
José Ángel Gurría debería excusarse precisamente por conflicto de
interés para participar en este proceso fallido de ayuda a Peña Nieto,
así sea él quien participe o lo sea uno de sus subordinados.
Octava. Es menester ahora proceder a una reforma a la Constitución
Política para retirar la “inmunidad” que en los hechos es impunidad al
Presidente de la República, quien durante su encargo sólo puede ser
juzgado por traición a la patria (tipo penal muy difícil de configurar)
y delitos graves del orden común que han desaparecido del Código Penal
y como en materia penal no opera la analogía ni la mayoría de razón no
hay manera de juzgar al Presidente.
Novena. Además de las responsabilidades administrativas en que
pudiera incurrir LV existe la posibilidad de iniciarle juicio político
que acabaría para siempre toda aspiración política de este hombre que
acumula sin disimulo actos de corrupción uno tras otro sin ninguna
consecuencia negativa.
Décima. La solución de fondo, lo he dicho en otras ocasiones aquí en
Proceso, pasa por una reforma sustancial en el diseño del contenido de
los libros de texto para niños y adolescentes, a efecto de generar una
cultura de la denuncia, de la exigencia de rendición de cuentas y de la
tolerancia cero a la corrupción. Si no se cambia en este rubro todo lo
demás será remedial y efímero.
ernestovillanueva@hushmail.com
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