2/07/2015

México: La participación electoral de mujeres protegida por la ley


La ley de paridad podrá conseguir hasta el 20% de lugares en gobiernos locales para las mujeres y podría llegar al 50% en las cámaras locales y la federal

Gloria Analco, Sara Lovera

México DF., 03 feb. 15. AmecoPress/SEMlac.- A unas semanas de haber comenzado el proceso electoral y conocidas las primeras candidaturas en México, se sabe que habrá posibilidad para que las entidades de Nuevo León y Sonora sean gobernados por una mujer, de las nueve donde habrá cambio de gobierno este año.

La ley de paridad podrá conseguir hasta el 20% de lugares en gobiernos locales para las mujeres y podría llegar al 50% en las cámaras locales y la federal, para septiembre próximo.

En ese ambiente de amplia participación femenina, quienes se encargan de vigilar la justicia electoral sostienen que persisten actos de discriminación, difamación, amenazas, burlas, calumnias, intimidación y desprestigio en contra de las mujeres aspirantes a puestos de elección popular.

No solo eso. En Nuevo León ya se discute la ley electoral local, impugnada por tres partidos políticos, por la acción afirmativa puesta en la legislación y que establece como obligación poner una mujer primero y un hombre después en las listas electorales para diputaciones locales.

Lo más grave es que, en principio, el tribunal electoral local dio la razón a los tres partidos que impugnaron, entre ellos uno importante: el Partido Acción Nacional (PAN), según dijo la presidenta del Instituto de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa.

Pese a que ahora la ley lo prohíbe, los intentos para obligarlas a renunciar a sus intenciones de postularse como candidatas y, sobre todo, a evadir la paridad de representación legislativa que se pondrá a prueba en las próximas elecciones del 7 de junio, están a la orden del día. En casi todos los partidos ahora se discute la formación de las primeras listas, en 16 de los 32 estados del país, donde habrá elecciones.

Tales intenciones fueron descritas por el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Armando Hernández Cruz, en un foro denominado "Día Naranja: Violencia Política contra las Mujeres", celebrado el pasado 25 de enero.

Ahí la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, subrayó que el tema sobre la igualdad de género ya ha comenzado a ser muy bien recibido por las autoridades, a diferencia de lo que sucedía en el pasado reciente.

En efecto, en torno al Día Naranja que nació a partir de la campaña "ÚNETE", convocada por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, para que el día 25 de cada mes sea utilizada una prenda naranja a fin de hacer conciencia sobre el propósito de abatir la violencia de género, autoridades judiciales y electorales de la Ciudad de México se reunieron para expresar su voluntad política de impulsar una mayor presencia de mujeres como candidatas en el proceso electoral que, se calcula, no tendrá precedente en la historia del país.
En su alocución denominada "Juzgar con perspectiva de género: Haciendo realidad el derecho a la igualdad", la ministra Olga Sánchez Cordero aseguró que las tesis de juzgar con perspectiva de género, adoptadas en febrero de 2014 por el Poder Judicial con "carácter obligatorio", marcarán la pauta en todos los casos que resuelvan tribunales, jueces y juezas, magistrados y magistradas, con lo que se avanzará más rápidamente en la eliminación de la discriminación y desigualdad hacia las mujeres.

"No exagero al decir que son tesis revolucionarias, pues exponen cuál debe ser el quehacer de la justicia en temas de género e indican seis pasos a seguir por los juzgadores, de manera obligatoria en todos los casos", subrayó.

Explicó que ese método implica que los juzgadores detecten y eliminen todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de sexo o de género.

Además, agregó, deben considerar el contexto en el que se dan las situaciones de desventaja y cuestionar los estereotipos, como ya ha comenzado a suceder con acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que anuló la elección del ayuntamiento de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que por primera vez jurídicamente obligó a una comunidad indígena a incorporar mujeres como candidatas para ser autoridades, sin afectar tradiciones ancestrales.

La ministra de la SCJN, máxima instancia judicial de México, precisó que las nuevas tesis, incorporadas en el marco de las reformas judiciales de 2011, se añaden al "Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el derecho a la igualdad", que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destinado a quienes imparten justicia para facilitar el cumplimiento del mandato constitucional, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Hernández Cruz reconoció que muchas de las mujeres que están decididas a participar activamente en el presente proceso electoral, vivirán discriminación e intentos de limitar su acceso a la participación en la vida política, sencillamente "por ser mujeres".

Hizo ver que la paridad no ha transformado los estereotipos, normas y comportamientos que excluyen a las mujeres de la política, y ellas -subrayó- "siguen sufriendo las más antiguas formas de discriminación".

Señaló que demasiadas veces las mujeres políticas son juzgadas no por la calidad de sus propuestas y argumentos, sino por su forma de vestirse o peinarse, por su manera de caminar o simplemente por ser mujeres. "Eso es discriminación, es sexista y falta de respeto. Es nuestro deber cambiar esa forma de pensar, pero mientras no consigamos lograrlo por la educación y el respeto, tenemos que asegurarnos de que haya suficiente apoyo en las leyes como para lograrlo de esa manera", advirtió.

El evento fue organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el pasado 26 de enero, y reunió además a titulares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar; del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda; del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Yasmín Esquiel Mossa; de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Darlene Rojas Olvera, y del Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal, María Teresa Inchaústegui Romero, además de diputadas y senadoras. Los titulares del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del D.F. coincidieron en que se debe reconocer a la violencia como uno de los principales mecanismos que niegan la igualad a la mujer.

"Ya se ha señalado que la reforma político-electoral estableció porcentajes mínimos para destinarlos a liderazgos femeninos; tal vez sea poco, pero debemos buscar que estos recursos sean encauzados y conlleven al diseño de políticas públicas y sociales encaminadas a una mayor participación de las mujeres, para que mejore a la sociedad mexicana", señaló Hernández Cruz.

En lo que concierne al Tribunal que él preside, se comprometió a que no le sea negado a nadie, injustamente, el acceso al proceso electoral. "Nos comprometemos a defender los derechos políticos electorales de las y los mexicanos, pues son también derechos humanos".

En las elecciones intermedias del presente sexenio, que se celebrarán el próximo 7 de junio, estarán en juego nueve gubernaturas, 17 Congresos estatales y 903 presidencias municipales, además de la renovación de la Cámara de Diputados Nacional.

La novedad es que, en el ámbito de la reciente reforma político-electoral, fue adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular, en los casos de las renovaciones de los congresos estatales y nacional, con lo que México se sumó a los seis países de América Latina que han adoptado la paridad del 50 por ciento para integrar sus parlamentos.

Esa medida constituye un hecho histórico que posibilita el avance de los derechos políticos de las mexicanas, pero hay una gran expectación acerca de los resultados finales. Contenderán 10 partidos políticos, tres de ellos de nueva creación, que buscarán con la paridad 639 diputaciones locales y 500 federales, que estarán sometidas a las preferencias del electorado.

En la conmemoración del Día Naranja intervino también el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda, quien manifestó que en cumplimiento con el mandato legal, "haremos lo propio a efecto de que la paridad de género en el registro de candidaturas sea la regla a seguir".

A su vez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, dijo que debe darse por hecho que los jueces y juezas de la capital de la República, en sus diferentes ámbitos, sabrán estar a la altura del compromiso por lograr la igualdad de género y sabrán corregir los entuertos de sus resoluciones.
La magistrada Yasmín Esequiel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, refrendó, por su parte, el compromiso para que los órganos jurisdiccionales garanticen los espacios laborales, libres de violencia, y adoptar mecanismos y políticas institucionales de prevención y sanción a conductas como el acoso y el hostigamiento laboral y sexual.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal organizará el día 25 de cada mes del presente año reuniones de intercambio sobre temas electorales, relacionados con la igualdad de género, con el objetivo de generar conciencia pública y aumentar la voluntad política y los recursos para prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular sobre la violencia política, respondiendo así al reclamo de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
Foto: Archivo AmecoPress.

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