La ley de paridad podrá conseguir hasta el 20% de lugares en gobiernos locales para las mujeres y podría llegar al 50% en las cámaras locales y la federal
México
DF., 03 feb. 15. AmecoPress/SEMlac.- A unas semanas de haber comenzado
el proceso electoral y conocidas las primeras candidaturas en México,
se sabe que habrá posibilidad para que las entidades de Nuevo León y
Sonora sean gobernados por una mujer, de las nueve donde habrá cambio
de gobierno este año.
La
ley de paridad podrá conseguir hasta el 20% de lugares en gobiernos
locales para las mujeres y podría llegar al 50% en las cámaras locales
y la federal, para septiembre próximo.
En ese
ambiente de amplia participación femenina, quienes se encargan de
vigilar la justicia electoral sostienen que persisten actos de
discriminación, difamación, amenazas, burlas, calumnias, intimidación y
desprestigio en contra de las mujeres aspirantes a puestos de elección
popular.
No solo eso.
En Nuevo León ya se discute la ley electoral local, impugnada por tres
partidos políticos, por la acción afirmativa puesta en la legislación y
que establece como obligación poner una mujer primero y un hombre
después en las listas electorales para diputaciones locales.
Lo más grave
es que, en principio, el tribunal electoral local dio la razón a los
tres partidos que impugnaron, entre ellos uno importante: el Partido
Acción Nacional (PAN), según dijo la presidenta del Instituto de las
Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa.
Pese a que
ahora la ley lo prohíbe, los intentos para obligarlas a renunciar a sus
intenciones de postularse como candidatas y, sobre todo, a evadir la
paridad de representación legislativa que se pondrá a prueba en las
próximas elecciones del 7 de junio, están a la orden del día. En casi
todos los partidos ahora se discute la formación de las primeras
listas, en 16 de los 32 estados del país, donde habrá elecciones.
Tales
intenciones fueron descritas por el presidente del Tribunal Electoral
del Distrito Federal (TEDF), Armando Hernández Cruz, en un foro
denominado "Día Naranja: Violencia Política contra las Mujeres",
celebrado el pasado 25 de enero.
Ahí la
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga
Sánchez Cordero, subrayó que el tema sobre la igualdad de género ya ha
comenzado a ser muy bien recibido por las autoridades, a diferencia de
lo que sucedía en el pasado reciente.
En efecto, en
torno al Día Naranja que nació a partir de la campaña "ÚNETE",
convocada por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, para que el
día 25 de cada mes sea utilizada una prenda naranja a fin de hacer
conciencia sobre el propósito de abatir la violencia de género,
autoridades judiciales y electorales de la Ciudad de México se
reunieron para expresar su voluntad política de impulsar una mayor
presencia de mujeres como candidatas en el proceso electoral que, se
calcula, no tendrá precedente en la historia del país.
En su
alocución denominada "Juzgar con perspectiva de género: Haciendo
realidad el derecho a la igualdad", la ministra Olga Sánchez Cordero
aseguró que las tesis de juzgar con perspectiva de género, adoptadas en
febrero de 2014 por el Poder Judicial con "carácter obligatorio",
marcarán la pauta en todos los casos que resuelvan tribunales, jueces y
juezas, magistrados y magistradas, con lo que se avanzará más
rápidamente en la eliminación de la discriminación y desigualdad hacia
las mujeres.
"No exagero al
decir que son tesis revolucionarias, pues exponen cuál debe ser el
quehacer de la justicia en temas de género e indican seis pasos a
seguir por los juzgadores, de manera obligatoria en todos los casos",
subrayó.
Explicó que
ese método implica que los juzgadores detecten y eliminen todas las
barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición
de sexo o de género.
Además,
agregó, deben considerar el contexto en el que se dan las situaciones
de desventaja y cuestionar los estereotipos, como ya ha comenzado a
suceder con acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), que anuló la elección del ayuntamiento de San
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que por primera vez jurídicamente obligó a
una comunidad indígena a incorporar mujeres como candidatas para ser
autoridades, sin afectar tradiciones ancestrales.
La ministra de
la SCJN, máxima instancia judicial de México, precisó que las nuevas
tesis, incorporadas en el marco de las reformas judiciales de 2011, se
añaden al "Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo
realidad el derecho a la igualdad", que elaboró la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, destinado a quienes imparten justicia para
facilitar el cumplimiento del mandato constitucional, a fin de
promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a
la no discriminación.
Hernández Cruz
reconoció que muchas de las mujeres que están decididas a participar
activamente en el presente proceso electoral, vivirán discriminación e
intentos de limitar su acceso a la participación en la vida política,
sencillamente "por ser mujeres".
Hizo ver que
la paridad no ha transformado los estereotipos, normas y
comportamientos que excluyen a las mujeres de la política, y ellas
-subrayó- "siguen sufriendo las más antiguas formas de discriminación".
Señaló que
demasiadas veces las mujeres políticas son juzgadas no por la calidad
de sus propuestas y argumentos, sino por su forma de vestirse o
peinarse, por su manera de caminar o simplemente por ser mujeres. "Eso
es discriminación, es sexista y falta de respeto. Es nuestro deber
cambiar esa forma de pensar, pero mientras no consigamos lograrlo por
la educación y el respeto, tenemos que asegurarnos de que haya
suficiente apoyo en las leyes como para lograrlo de esa manera",
advirtió.
El evento fue
organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el pasado 26
de enero, y reunió además a titulares del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, Édgar Elías Azar; del Instituto Electoral del
Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda; del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Yasmín Esquiel Mossa; de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Margarita Darlene Rojas Olvera, y del
Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal, María Teresa
Inchaústegui Romero, además de diputadas y senadoras. Los titulares del
Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del
D.F. coincidieron en que se debe reconocer a la violencia como uno de
los principales mecanismos que niegan la igualad a la mujer.
"Ya se ha
señalado que la reforma político-electoral estableció porcentajes
mínimos para destinarlos a liderazgos femeninos; tal vez sea poco, pero
debemos buscar que estos recursos sean encauzados y conlleven al diseño
de políticas públicas y sociales encaminadas a una mayor participación
de las mujeres, para que mejore a la sociedad mexicana", señaló
Hernández Cruz.
En lo que
concierne al Tribunal que él preside, se comprometió a que no le sea
negado a nadie, injustamente, el acceso al proceso electoral. "Nos
comprometemos a defender los derechos políticos electorales de las y
los mexicanos, pues son también derechos humanos".
En las
elecciones intermedias del presente sexenio, que se celebrarán el
próximo 7 de junio, estarán en juego nueve gubernaturas, 17 Congresos
estatales y 903 presidencias municipales, además de la renovación de la
Cámara de Diputados Nacional.
La novedad es
que, en el ámbito de la reciente reforma político-electoral, fue
adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de
elección popular, en los casos de las renovaciones de los congresos
estatales y nacional, con lo que México se sumó a los seis países de
América Latina que han adoptado la paridad del 50 por ciento para
integrar sus parlamentos.
Esa medida
constituye un hecho histórico que posibilita el avance de los derechos
políticos de las mexicanas, pero hay una gran expectación acerca de los
resultados finales. Contenderán 10 partidos políticos, tres de ellos de
nueva creación, que buscarán con la paridad 639 diputaciones locales y
500 federales, que estarán sometidas a las preferencias del electorado.
En la
conmemoración del Día Naranja intervino también el presidente del
Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez Miranda,
quien manifestó que en cumplimiento con el mandato legal, "haremos lo
propio a efecto de que la paridad de género en el registro de
candidaturas sea la regla a seguir".
A su vez, el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Édgar Elías Azar, dijo que debe darse por hecho que los jueces y juezas
de la capital de la República, en sus diferentes ámbitos, sabrán estar
a la altura del compromiso por lograr la igualdad de género y sabrán
corregir los entuertos de sus resoluciones.
La magistrada
Yasmín Esequiel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, refrendó, por su parte, el
compromiso para que los órganos jurisdiccionales garanticen los
espacios laborales, libres de violencia, y adoptar mecanismos y
políticas institucionales de prevención y sanción a conductas como el
acoso y el hostigamiento laboral y sexual.
El Tribunal
Electoral del Distrito Federal organizará el día 25 de cada mes del
presente año reuniones de intercambio sobre temas electorales,
relacionados con la igualdad de género, con el objetivo de generar
conciencia pública y aumentar la voluntad política y los recursos para
prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las
mujeres, en particular sobre la violencia política, respondiendo así al
reclamo de la Organización de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales.
Foto: Archivo AmecoPress.
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