MÉXICO,
D.F. (apro).- El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó
cambios a la administración pública federal, y a través de ese
documento –elaborado desde la oficina para la transición gubernamental—
se busca poner a salvo Enrique Peña Nieto de futuras acusaciones una
vez concluido su gobierno.
Evitar denuncias, como las que hoy enfrenta Felipe Calderón ante la
Corte Penal Internacional (CPI), acusado de diversos delitos, entre
ellos el de lesa humanidad, fue el objetivo de la reforma.
El artífice de ese halo protector a Peña Nieto es quien hoy el
propio Ejecutivo federal ha designado como “zar anticorrupción”:
Virgilio Andrade Martínez, según revelan algunos políticos.
Es el mismo funcionario que ya tendría que estar hurgando en los
contratos de adquisición de residencias celebrados entre Angélica
Rivera, Luis Videgaray y Peña Nieto con proveedores gubernamentales
como Armando Hinojosa Cantú, dueño del consorcio Higa, así como de la
familia San Román, propietaria de la constructora CUISA.
Antes de incorporarse a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer), el 10 de diciembre de 2012, Virgilio Andrade Martínez estuvo
trabajando en la nueva ingeniería de la administración pública, y fue
él quien en su afán salvador de Peña Nieto creó un supersecretario de
papel.
Entre los cambios importantes a la administración pública no sólo
estuvieron la desaparición de la Reforma Agraria y la Secretaría de la
Función Pública (SFP), además se le dieron poco más de 40 atribuciones
al secretario de Gobernación, entre ellas:
“…coordinar, por acuerdo del presidente de la República, a los
secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública
federal; convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los
titulares de las secretarias de Estado” y tener bajo su cargo la
Secretaría de Seguridad Pública federal.
El objetivo final de esos cambios no fue dar una nueva fisonomía
para ordenar el desastre administrativo realizado durante los gobiernos
panistas, sino más bien proteger a Peña Nieto.
Virgilio Andrade Martínez concentró las actividades en el secretario
de Gobernación, y así, las acciones emprendidas por la Policía Federal
(PF) y todas las tareas de seguridad de los mexicanos recayeron sobre
Osorio Chong.
Por ejemplo, una de las facultades del secretario de Gobernación,
que Virgilio Andrade Martínez confeccionó, es proponer al presidente de
la República el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de
Seguridad y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP).
¿Por qué crear un supersecretario de Estado y restar facultades al
Ejecutivo federal? Es de suponer que para evitar problemas como los que
Calderón Hinojosa enfrentó un año antes de concluir su administración y
juicio que, en caso de prosperar, lo llevaría al banquillo de los
acusados ante la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2011, el abogado Netsaí Sandoval, respaldado con 23
mil firmas, denunció ante la CPI a Calderón por el delito de lesa
humanidad cometido en el marco de la llamada guerra contra el narco y
que tuvo como consecuencia homicidios de civiles en retenes militares,
desapariciones forzadas, la tortura como mecanismo para lograr
autoinculpaciones y ejecuciones extrajudiciales.
De no ser por los cambios a la administración pública federal,
recaería en Peña Nieto mucha de la responsabilidad, sin embargo, en
caso de que algún ciudadano, colectivo o abogado pretenda acusarlo por
los casos de Ayotzinapa o Tlatlaya, sería el secretario de Gobernación
quien tendría que afrontar las consecuencias y no el titular del
Ejecutivo.
Y así como Peña Nieto ordenó a Virgilio Andrade mover las piezas
para liberarlo de toda culpa ante posibles denuncias, el propio Peña
hace lo posible por salvar a su antecesor, Felipe Calderón, ante la
Corte Penal de La Haya, según dio cuenta el reportero Jorge Carrasco en
la edición 1966 de Proceso, actualmente en circulación.
El encargado de Los Pinos nombró el martes 3 a Virgilio Andrade como
nuevo “zar anticorrupción”, así la dependencia que el propio Virgilio
propuso desaparecer, sustituyéndola por un nuevo sistema
anticorrupción, que no acaba de ser aprobado en el Congreso de la
Unión, es la que hoy encabeza el también exconsejero del desaparecido
IFE.
Así, corresponde a la Función Pública vigilar que los funcionarios,
desde el presidente hasta una secretaría de gobierno, actúen con ética,
no realicen negocios al amparo de su cargo, no obtengan beneficios
personales a cambio de prebendas a proveedores, como por ejemplo
licitaciones a cambio de casas a bajo precio.
El titular de la SFP tendría pues que estar ya investigando el
posible conflicto de interés de Peña Nieto y Luis Videgaray al haber
adquirido casas de proveedores gubernamentales que han ganado jugosas
licitaciones. Tendría que estar analizando si las declaraciones de
impuestos de Rivero Hurtado coinciden con sus ingresos, y no sólo los
reportados, sino también los que obtenía antes de ser la novia y luego
esposa del presidente de México.
Y fue el propio Peña Nieto quien ordenó de manera pública al
flamante titular de la SFP, el 3 de febrero, que lo investigara a él, a
su esposa y a Videgaray, pero el propio Virgilio Andrade abdicó de sus
obligaciones al aclarar que no hurgará en la adquisición de las casas,
que tan sólo investigará si los contratos dados por el gobierno a Grupo
Higa y a San Román (CUISA) fueron otorgados respetando la normatividad.
¡Que manera de esquivar su responsabilidad!
Pero Virgilio Andrade no sólo protegió a Peña Nieto ante posibles y
futuras denuncias por desaparición forzada, delitos de lesa humanidad o
ejecuciones extrajudiciales por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa sino
que además, es él quien dice que no indagará el tema de las mansiones,
es decir, le lava la cara públicamente a Peña Nieto.
¿Qué podemos esperar de Virgilio Andrade en materia de investigación?, poco o nada, definitivamente.
Twitter: @jesusaproceso
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