Turismo en Ginebra

Miguel Carbonell

La delegación que el Estado mexicano mandó a Ginebra para desahogar un informe ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas demuestra que sigue estando vigente la práctica de aprovechar el presupuesto público para hacer turismo.

Aunque bastaba con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, perfectamente encabezada por el experimentado subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo y por el embajador Jorge Lomónaco, se sumaron al contingente funcionarios de segundo y hasta de tercer nivel, para sumar 27 miembros en la delegación.

Incluso un par de diputadas (una local y otra federal), una subprocuradora general de la República, una subsecretaria de Gobernación y otros funcionarios menos importantes (ninguno de los cuales podían aportar nada, conforme a las reglas de intervención en ese tipo de foros internacionales), se dieron su escapadita, probablemente haciendo una breve escala en París para no desaprovechar la ocasión.

Y frente a esa gigantesca muestra de frivolidad (otra más, por si le hicieran falta escándalos al gobierno), en México el drama de las personas desaparecidas sigue produciendo un enorme dolor en miles de familias.

Mientras los funcionarios se pasean a costa del dinero de nuestros impuestos con el mayor desparpajo, siguen pendientes de ser cumplidas sentencias y recomendaciones internacionales que desde hace años le han dicho a México lo que tiene que hacer para prevenir y, en su caso, investigar las desapariciones forzadas.

Entre otros, sigue pendiente el puntual cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que precisamente fue víctima de una desaparición forzada en el estado de Guerrero en 1974.

Sigue también pendiente la reforma del fuero militar para acotarlo conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Tampoco se ha cumplido con la integración de una base de datos de muestras genéticas de personas desaparecidas que permita cotejarlas con los cuerpos que eventualmente se vayan encontrando. Por ejemplo, mientras se buscaba a los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero se encontraron decenas de cadáveres en fosas clandestinas. ¿A qué personas corresponden esos restos? ¿qué información se les va a proporcionar a las familias que tienen a alguno de sus miembros desaparecidos? ¿también se le va a dar carpetazo a esos hallazgos, puesto que no resultaron ser tan “mediáticos” como el tema de los normalistas?

No se entiende a qué fueron tantos burócratas a Ginebra, cuando desde hace años sabemos perfectamente bien lo que se debe hacer en casos de desapariciones forzadas. Ha habido más de 30 recomendaciones de la CNDH sobre el tema; han visitado México relatores especiales de la ONU; ha habido documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Corte Interamericana; bueno, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entrado a analizar el tema.

Es probable que buena parte de la delegación mexicana que fue a Ginebra ni siquiera haya leído todos esos documentos. Su afán de lectura no guarda ninguna proporción respecto del ánimo de rapiña con que se gastan nuestro dinero. Y lo peor de todo es que ninguno de ellos, ni siquiera el más insignificante, se dignará a presentar su renuncia al regresar a México. En realidad, como todos los sabemos, a ellos no les preocupan los derechos humanos ni tienen la más mínima intención de resolver el tema de la desapariciones forzadas; ellos lo que en el fondo quieren es seguir viajando gratuitamente. Y vaya que lo están logrando.

Investigador del IIJ de la UNAM.

@MiguelCarbonell