QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
Mucho
se ha hablado de la negativa que desde el Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (SNPASEVM) ha hecho a todas las solicitudes que desde la
sociedad civil se impulsaron para solicitar la emisión de las Alertas
de Violencia de Género (AVG), como una medida para proteger y
garantizar la vida de las mujeres.
En todas las peticiones al Sistema, la respuesta ha sido la misma: la
negativa y la postergación. El Sistema ha negado reiteradamente una y
otra solicitud, dilatado, postergado y dado carpetazo a cada petición,
sin embargo esta vez todo su denodado trabajo en contra de las acciones
de la sociedad representada por organizaciones defensoras de Derechos
Humanos de las mujeres vio frenada su negativa por una orden judicial.
En los últimos años, el Sistema ha hecho su trabajo: negar alertas,
oponerse a toda acción promovida por la sociedad civil para proteger y
garantizar la vida de las mujeres, y esa resistencia nos habla o del
desconocimiento de quienes lo integran acerca de lo que significa la
AVG, o del desinterés por proteger a las mexicanas.
En un hecho sin precedentes, la sociedad civil de Nuevo León logró que
el Sistema acordara investigar la situación de feminicidio que priva en
esa entidad, luego de la demanda interpuesta por la sociedad civil.
La sesión del día pasado 30 de enero no fue “voluntaria”, fue producto
de una orden judicial ante la negativa del Sistema a la solicitud
presentada en enero de 2012 para investigar la situación de feminicidio
en Nuevo León y activar la AVG en el estado.
Pero todos los esfuerzos del Sistema, integrado por instituciones,
entre ellos 27 institutos de la Mujer en las entidades federativas
(IMEF), todas mujeres, titulares de dependencias que se rigen –o
debieran regirse– por el interés superior de proteger y garantizar la
vida de las mujeres.
También lo integra el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y
la presidenta de éste es la secretaria ejecutiva del Sistema, aunque
por supuesto se rige desde la Secretaría de Gobernación.
La obligación de sesionar, ante el desinterés y la indiferencia con la
que se conduce el Sistema se debió al cumplimiento de la sentencia de
amparo que dictó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la Primera Región, en la que se ordenó reponer el
procedimiento de la sesión extraordinaria en la que se negó, sin fundar
ni motivar, la solicitud de Investigación de la Declaratoria de AVG en
el estado de Nuevo León, realizada en 2012.
Celebramos la decisión judicial, y más aún celebramos que ese Sistema
totalmente desacreditado y comprobado que opera en sentido contrario a
los intereses de los derechos femeninos, se vio obligado a hacer lo que
no quería, a emprender una acción de beneficio y protección para la
vida de las mujeres.
En México así son las cosas, se tiene que obligar a las instituciones,
a ese Sistema integrado por personas en cuyas agendas la vida de las
mujeres no es una prioridad, al menos así lo refleja cada una de sus
negativas a la emisión de las AVG.
“La Alerta de Género es un recurso correctivo ante las deficiencias de
la política pública y criminal para atender, prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, después de
siete años no se ha podido activar este mecanismo”, manifestaron
activistas durante la sesión del Sistema.
En el tiempo entre las dos sesiones del Sistema (2012-2015) se
registraron 317 asesinatos de mujeres en Nuevo León, todos ellos son
responsabilidad de quienes las asesinaron, pero también de esas
personas que se han negado a emitir las Alertas, a emprender acciones
reales.
A cumplir para lo que fue creado al igual que el Inmujeres y las IMEF,
que asuman su obligación de garantizar los derechos fundamentales de
las mujeres a una vida libre de violencia y dejen de ser omisas.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
Cimacnoticias | Campeche.-
CIMACFoto: César Martínez López
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