Pedro Miguel
Por
medio del procurador Murillo Karam el gobierno de Peña Nieto lleva
cuatro meses tratando de circunscribir a Iguala (y a Cocula, si acaso)
los asesinatos y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa
perpetrados el 26 de septiembre del año pasado. Sin embargo, el caso ha
llegado hasta Ginebra, donde sesiona el Comité sobre Desapariciones
Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Hasta allá han llegado
algunos de los padres de los 43 muchachos desaparecidos para aportar su
testimonio y su exigencia de justicia, acompañados por los centros de
Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y por
Amnistía Internacional. Es el más reciente capítulo en la
internacionalización del episodio de Iguala, pero no el primero. A unos
días de la agresión la justificada desconfianza ante los organismos
nacionales de procuración de justicia había llevado a los familiares de
los afectados a pedir la intervención en las pesquisas del equipo
argentino de médicos forenses y, posteriormente, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El correlato social a estos
movimientos institucionales es el vasto conjunto de movilizaciones
solidarias que ha recorrido el mundo, desde Bolivia hasta Japón, en
repudio al gobierno mexicano y en demanda de presentación con vida de
los desaparecidos.
El relato truculento ideado por Murillo Karam (estudiantes detenidos
por la policía municipal de Iguala, entregados a los pistoleros de
Guerreros Unidos, ejecutados e incinernados en el basurero de Cocula y
arrojados al río cercano, ya convertidos en cenizas) no funcionó por la
simple razón de que una operación semejante no puede realizarse sin el
auxilio de complicidades, connivencias y encubrimientos de alto nivel,
estatales y federales, que son precisamente los factores que el régimen
ha pretendido negar a toda costa. Ante el fallo ineludible de esa
coartada central, el resto de la simulación oficial se viene abajo: ni
las lágrimas de cocodrilo ni los propósitos de compromiso con la
legalidad pueden aportar credibilidad a un gobierno de antecedentes
represivos y corruptos y que, por razones ideológicas y pragmáticas, ve
como enemigos naturales a la educación pública, a la población
campesina y también, por supuesto, a la síntesis perfecta de ambas: las
normales rurales.
Por
ello, el peñato tiene de antemano perdida la batalla por la
credibilidad en el ámbito internacional. Por si no bastara, está el
tema de las propiedades inmobiliarias y el cinismo de Peña en los
medios mainstream occidentales, precisamente en esos en cuyas
cuentas corrientes se depositó tanto dinero robado a los contribuyentes
mexicanos para fabricar la imagen de una presidencia moderna,
reformadora, dinámica y poderosa.
Adentro del país los presupuestos corruptores pueden funcionar tal
vez para comprar 10 millones de votos con otros tantos televisores
regalados a cuenta del erario, tanto para beneficio electoral del PRI
como para dar nuevos márgenes comerciales a los alicaídos componentes
del duopolio televisivo que le dio a Peña un empaque de político
viable. Pero el régimen ha perdido su tradicional capacidad para
aplacar con dinero los movimientos de protesta y hay un sector de la
oposición electoral real que tampoco se dejará comprar.
Si ese sector, ubicado en Morena, es capaz de retomar las
reivindicaciones centrales de quienes ya no creen en elecciones, de
radicalizar su plataforma política y de demostrar en las campañas y en
los hechos que no forma parte de la clase política corrupta y
repudiada, será posible llevar al régimen a una situación insostenible
en el ámbito interno, que es a fin de cuentas el terreno decisivo, y de
alejar el riesgo de que el peñato se aferre al clavo ardiente de una
represión masiva y generalizada. Ojalá sea posible construir la
confluencia necesaria.
Twitter: @Navegaciones
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