La
resistencia del gobierno federal para declarar una Alerta de Violencia
de Género (AVG) es parte de la “misoginia institucional”, que no
considera la violencia contra las mujeres como un problema humanitario
que se deba detener, reprocharon académicas e investigadoras de todo el
país.
Impulsado por el grupo de Académicas en Acción Crítica Permanente, se realizó hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el foro “Violencia feminicida y Alerta de Violencia de Género”, con el fin de coordinar esfuerzos entre la academia y la sociedad civil para obligar al Estado a cumplir su responsabilidad de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Lucía Melgar Palacios, investigadora en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), sostuvo que hay que desmantelar la “maquinaria de violencia feminicida” que existe en el país, y que se traduce en la impunidad de la violencia contra las mujeres.
“La impunidad es un agravio contra el futuro de todas las personas, un agravio contra la sociedad, pues las mujeres constituimos la mitad de la ciudadanía, y lo que afecta incluso a una parte de la ciudadanía afecta a todas y todos en su conjunto; la violencia no es un asunto sólo de mujeres”, recalcó.
Observó que México avanzó en la creación del mecanismo de emergencia ante casos de feminicidio en un territorio determinado, conocido como AVG, pero que “lamentablemente” este avance no se ha logrado implementar en los estados donde se ha solicitado su activación, y en las entidades donde incluso las propias autoridades han registrado una alta incidencia de la violencia de género.
Lucía Melgar puso como ejemplo Tlaxcala, entidad del centro del país donde “la trata de mujeres es una práctica institucionalizada” y aunque grupos civiles no han solicitado formalmente la AVG –destacó–, el gobierno federal debería poner en marcha el mecanismo para detener estos tipos de violencia.
La académica también cuestionó que actualmente –ante las recientes solicitudes de AVG para Colima y Michoacán– no se estén tomando las medidas necesarias para formar un Grupo de Trabajo con las personas indicadas, para investigar debidamente la violencia en estas entidades.
“Las
leyes por sí mismas no resuelven los problemas, pero si ya existe una
ley creada en la materia, las autoridades pagadas con nuestros
impuestos están obligadas a cumplir esa ley de la mejor manera y no lo
están haciendo”, puntualizó.La investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Mariana Berlanga, dijo que ahora México está viendo los efectos de no haber puesto freno a la violencia contra las mujeres que comenzó a documentarse en los años 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Agregó que el mensaje de no investigar los asesinatos de mujeres hace que en el ámbito de lo privado la violencia también se reproduzca “a sabiendas de que no habrá ninguna consecuencia”.
En los casos de feminicidio –precisó– lo que vemos continuamente es que se culpabiliza a las víctimas, y hay un cuestionamiento muy cargado a su sexualidad. “Vivimos una misoginia institucional y la resistencia a las Alertas de Violencia de Género es parte de ello y es la forma de decir que esos temas no importan”, criticó.
Lucía Núñez, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que la AVG representa el mecanismo político que obliga al Estado a reconocer su responsabilidad en la perpetuación de la discriminación y desigualdad que afecta a las mujeres, por lo que llamó a no cesar en la exigencia de que se aplique este mecanismo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 04/02/2015
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