Mario Campos
Sin duda era un mensaje importante. Tal vez el más relevante desde que empezó este gobierno. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informaba sobre los recortes que haría el gobierno del presidente Peña Nieto. ¿Y cuál fue la principal duda para la prensa extranjera, en concreto del periodista de Bloomberg? Con qué tasa de interés fue el préstamo con el que adquirió su casa con grupo Higa.
La pregunta resulta muy reveladora de la crisis que vive este gobierno en donde lo más importante no parece ser ya lo que digan, sino quiénes lo dicen. Dicho de otra forma: la tragedia de este gobierno se resume en una palabra: credibilidad.
Le pasó lo mismo al procurador Murillo Karam. Tal vez la evidencia del caso Ayotzinapa sea firme. Pero los datos duros dicen que la mayoría no le cree. La encuesta de BGC publicada apenas este 2 de febrero así lo revela. Dos botones de muestra: para el 25 por ciento de la población la explicación oficial le aclaró todo o algo, mientras que el 72 dijo que le aclaraba poco o nada; 51 por ciento dice que lo que ocurrió fue distinto a la versión del gobierno —ésa que el procurador llamó la verdad histórica— y la baja credibilidad se explica —según los autores del estudio— porque “se cree que son mentiras, (...) se estima que las autoridades ocultan algo y (...) se piensa que el gobierno está coludido en este crimen”.
Y el fenómeno alcanza al presidente Peña. Diversos estudios señalan que el tema de la corrupción, derivado del escándalo de la Casa Blanca, dejó una huella muy fuerte en la imagen del mandatario. Por si fuera poco, el 21 de enero, cuando el presidente anunciaba la nueva Política Nacional de Vivienda también circulaba desde The Wall Street Journal la nota sobre la casa que adquirió a otro de sus futuros contratistas como gobernador y presidente.
No toca a este espacio valorar los hechos en sí, sino su impacto en la comunicación, y está claro que la credibilidad del gobierno está comprometida. Se anunció, por ejemplo, que habría grandes obras, como los trenes, que ya fueron canceladas; se dijo hasta el cansancio que las finanzas públicas estaban blindadas por una cobertura ante los precios del petróleo pero después se anunció un multimillonario recorte, que incluye entre otras cosas, un tijeretazo al Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, que por lo visto no lo eran tanto como decía el nombre.
El 27 de noviembre se presentó un decálogo ante la gravedad del momento. Ninguna de las acciones se ha cumplido y pese al diagnóstico ahí planteado, en estos meses de crisis el gobierno no cambió nada en su política ni a nadie del gabinete presidencial. Hoy no se ha modificado nada que permita suponer que un hecho como Ayotzinapa no volverá a ocurrir.
Todo esto ha provocado que el presidente se encuentre en lo que Lorenzo Servitje llamó su “peor momento” y sin visos de mejora, pues como apuntaba ayer en estas páginas Ciro Gómez Leyva, “no hay nada que prefigure el surgimiento de ideas constructivas para mirar con menos desánimo los próximos cuatro años. Nada.”
Ante este panorama y la dimensión de la crisis que enfrenta al gobierno, sólo queda apelar a que el Presidente, ya no por convicción, sino por mero instinto de sobrevivencia, realice una cirugía mayor, un cambio radical que le permita renovar la credibilidad en su equipo.
El gobierno requiere sangre nueva con ideas frescas, pues está claro que con lo que hoy están haciendo y con quienes le acompañan no hay manera de que puedan escapar de la crisis en la que sus propios actos los han metido.
Politólogo y periodista.
@MarioCampos
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