Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
La
limitada, en términos relativos, capacidad de convocatoria mostrada por
la jerarquía católica a través del Frente Nacional por la Familia para
expresar su rechazo a la iniciativa presidencial sobre el matrimonio
igualitario y el derecho a la adopción de niños, no tanto la exhibida el
10 de septiembre en 120 ciudades del país, pero sí en la denominada
Marcha Nacional del 24 de septiembre en la Ciudad de México y que apenas
reunió a 50 mil personas, no se puede entender sin contemplar los
cambios profundos que se producen en el tejido social y que ilustra muy
bien la encuesta más reciente de Parametría.
Resulta que de
acuerdo con la muestra levantada por la casa que dirige Francisco
Abundis, del 24 de septiembre al 1 de octubre pasados en mil hogares y
con un margen de error (+/-) 3.1%, poco más de la mitad de los mexicanos
(51%), se enteró de la marcha por la familia; mientras que para el 49%
pasó desapercibida, pese al acompañamiento que le brindó el oligopolio
mediático y el esfuerzo de éste por ser y parecer plural.
Es para
registrarse, por llamativo, que son más los entrevistados por Parametría
que creen que la Marcha por la Familia fue convocada por las iglesias.
El 27% dijo que la católica la promovió, y 4% por ciento afirma que fue
una iniciativa de la Iglesia evangélica. Es decir, tres de cada 10
encuestados asocia que estas manifestaciones fueron promovidas por las
iglesias. En tanto que más de la mitad de la población (52%) desconoce
quien convocó a la marcha y sólo 14% sabe que la promovió el Frente
Nacional por la Familia, organización que asegura nació “en respuesta a
las iniciativas de ley que atentan contra el matrimonio y la familia
natural”.
Lo más trascendente es el rechazo que expresaron los
encuestados a que la Iglesia opine de temas ajenos a la fe. Seis de cada
10 (60%) está en desacuerdo con que dicha institución opine de temas de
economía. El 53 por ciento rechaza que fije postura sobre la
inseguridad y la corrupción. Y más de la mitad (52%) se opone a que
opine sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por el
contrario, tres de cada 10 entrevistados apoya el involucramiento de la
Iglesia.
Todo ello en un país como México donde la católica es la
religión más numerosa, 82.9% según las cuentas alegres del Instituto
Nacional de Estadística, institución pública y ahora autónoma que
indebidamente incluyó la religiosidad como “pregunta optativa” en el
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a cargo de un ilustre de la
Organización Nacional El Yunque, como Eduardo Sojo.
A pesar de
esa perspectiva oficialista, es sostenida la caída del porcentaje de los
que se dicen católicos, lo que no es lo mismo que practicantes. Hace 15
años que el porcentaje alcanzaba, según la jerarquía católica, 88 de
cada 100.
El dato duro es que las manifestaciones en defensa de la
familia tradicional son asociadas por más mexicanos como una iniciativa
de la Iglesia católica. Y que cuando la religión católica todavía es la
más numerosa del país, mayor es el rechazo de los aztecas a que la
jerarquía y su ejército de sacerdotes opinen de temas diferentes a los
religiosos. Como lo hacen ahora en Chihuahua, enfrentados al nuevo
gobierno de Javier Corral porque usa los colores del arcoíris en el
logotipo oficial.
Realidades que la Conferencia del Episcopado
Mexicano y su matriz vaticana no debieran ignorar, salvo que estén
dispuestos a exhibir su mermado poder de convocatoria para oponerse a la
iniciativa de Enrique Peña Nieto, batalla cultural y del derecho
humanitario en la que llevan casi todas las de perder hoy y mañana.
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