Conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de tribunales del Poder Judicial de la Federación; se crea un organismo federal descentralizado de conciliación.
Foto: Antonio Cruz/ Cuartoscuro
La iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral, es decir, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación,
con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden
nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y
las organizaciones sindicales, así como todos los procesos
administrativos relacionados.
El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará
con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de
Senadores.
El Senado, previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente.
El dictamen aprobado establece que a nivel local, los organismos
constituidos contarán con funciones conciliatorias, y será requisito que pase por estas instancias cualquier acción con el órgano jurisdiccional.
Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores
para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre
sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de
trabajo.
Modificaciones y posturas
El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Tereso Medina Ramírez,
a nombre de las comisiones dictaminadoras, presentó modificaciones al
dictamen, entre las que destaca una al artículo 123, apartado A,
fracción XVIII, la cual devuelve la redacción a lo planteado
originalmente en la iniciativa enviada por el Presidente de la
República, cambios que fueron avalados por los legisladores.
Con la modificación propuesta por un lado se planteó el punto de
vista del empleador para contar con una norma constitucional que evite
emplazamientos frívolos de falsas organizaciones sindicales, y por otro
se ventiló el punto de vista del sector obrero para impedir la práctica
de los contratos de protección que vulneran los derechos de los
trabajadores.
Ante las discrepancias por la propuesta de modificación de dicho
apartado, en torno a la hipótesis del emplazamiento a huelga para la
suscripción de un contrato colectivo, el diálogo permitió arribar a un
acuerdo para regresar el texto original de la fracción XVIII.
Por otro lado, para atender las preocupaciones de los sectores obrero
y empresarial, respecto a las acciones inherentes a la solicitud de la
celebración de un contrato colectivo, se propone adicionar que “cuando
se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo,
se deberá acreditar que se cuenta con la acreditación de los
trabajadores”.
Con esta significativa reforma, considerando las modificaciones
propuestas a través del presente acuerdo, nuestro país da entrada a una
nueva etapa para la práctica de las relaciones laborales entre
sindicatos, empresarios y trabajadores, puntualizó.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García
manifestó que esta reforma plantea los elementos básicos de la
transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo, ya que
se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos
laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento
de posibles conflictos.
A través de este dictamen, se impulsa una nueva etapa en el derecho
de acceso a la justicia en materia laboral, atendiendo a los
trabajadores y la seguridad jurídica del gobierno, capital y trabajo;
con ello, nuestro país se distingue por la protección de los derechos de
los trabajadores y la generación de condiciones para que en las
relaciones obrero-patronales imperen criterios de justicia, señaló.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Miguel Barbosa Huerta
expresó que se ha alcanzado un acuerdo completo sobre esta propuesta,
“no fue fácil alcanzar los consensos, se tuvieron que estar defendiendo
los derechos laborales”.
Reveló que se intentó alterar el derecho de huelga y afortunadamente se dejó intacto.
“Estamos satisfechos del avance que se obtuvo, celebramos que así haya
ocurrido, lo importante no es lo que se diga, sino lo que está contenido
en el dictamen”.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Miguel Ángel Chico Herrera,
indicó que esta reforma es muestra del compromiso y respeto a la lucha
del sindicalismo mexicano por los derechos de los trabajadores.
Escuchar las voces emanadas de la empresa y el sindicato es parte
fundamental del ejercicio democrático, porque ello permite obtener
mejores resultados al momento de trabajar a favor de México, “los
derechos de los trabajadores han sido velados por grandes líderes que
han comprendido la dignidad de los obreros”.
Al fijar la posición de su partido, el senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Jorge Aréchiga Ávila,
dijo que se refrenda el compromiso de protección de los trabajadores,
ya que incorpora mecanismos que agilizarán los procedimientos
judiciales.
Detalló que las actuales juntas locales y federal de Conciliación y
Arbitraje se transforman en un tribunal laboral o juzgados laborales,
emitirán sentencias en lugar de laudos y éstos deberán ser con
legalidad, imparcialidad, legalidad, transparencia, autonomía e
independencia.
Del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Luis Sánchez Jiménez
señaló que las modificaciones al sistema laboral, van de acuerdo a las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
transitar a un sistema judicial de resolución de conflictos laborales.
Se introducen las modalidades de voto directo y secreto, para
procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la
creación de un organismo público federal, encargado de los registros de
sindicatos y contratos colectivos de trabajo, precisó.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Isaías González Cuevas
expresó que los trabajadores de México “han sabido apretarse el
cinturón en épocas en las que el país requiere austeridad y ahorro, han
entendido que la demanda excesiva o la presión sin rumbo no conduce a
nada bueno y han sabido contribuir a los programas necesarios de la
economía”.
Dijo que la productividad debe convertirse en un estilo de vida, y
por eso, insistió, “estamos de acuerdo que las relaciones entre empresa y
sindicatos se realicen en el marco de certidumbre jurídica, y que los
contratos colectivos y las propias organizaciones sindicales respondan
realmente a los intereses de los empleados”.
Héctor David Flores Ávalos, senador del Grupo Parlamentario del PAN,
afirmó que las modificaciones pretenden hacer de México un país más
competitivo, fortalecer la generación de empleos y derechos sociales que
se plasmaron en 1917, “robusteciendo el papel del trabajador como eje
rector de esos derechos”.
“Hoy se plantea una nueva perspectiva que prevé una mejora para todos
los trabajadores de nuestro país. La reforma constitucional, agregó, es
el inicio de una serie de cambios institucionales que buscan erradicar
las malas prácticas que hoy existen y mejorar el acceso a la justicia en
materia laboral”.
La senadora del PAN, María del Pilar Ortega, calificó la reforma como
histórica para el país, toda vez que el modelo de justicia laboral de
1917 respondió en su momento a un anhelo de justicia social, pero los
cambios, dijo, van a contribuir a consolidar una mejor justicia laboral,
a generar equilibrios y a incentivar el crecimiento económico.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes,
destacó el hecho de que la reforma se basará sólo en lo relativo a la
justicia laboral sin tocar los derechos de los trabajadores; y enumeró
tres ventajas: pasar de un régimen de relaciones laborales a uno basado
en juicios que depende del Poder Judicial; pasar de un régimen de lo
contencioso a lo conciliatorio; y que se dé la certidumbre a los
trabajadores en su orden democrático.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, destacó
que con la aprobación de esta reforma el Senado de la República da
respuesta al llamado que hizo la Organización Internacional del Trabajo a
México (OIT) a México, en su reunión de septiembre, para dar mayores
garantías a sus trabajadores.
Raúl Morón Orozco, también senador por el PRD,
apuntó que para atender la magnitud de la reforma, será necesario hacer
una planeación precisa y destinar los recursos suficientes para hacer un
cambio de estructura y de profesionalización judicial, a fin de
garantizar la calidad y transparencia de las sentencia y, con ello, las
garantías de los trabajadores.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, manifestó que se trata
de una reforma trascendental para la vida los trabajadores y de los
sindicatos del país, pues establece el voto universal y secreto para
elegir a los líderes sindicales.
Su compañero de bancada, el senador Armando Ríos Piter
consideró que este cambio constitucional es un “parteaguas” en materia
de justicia laboral, y tendrá repercusiones en el combate a la
corrupción. Las áreas de conciliación y arbitraje, dijo, se han
distinguido durante años por ser espacios donde el mejor postor
determina quién es el que tiene la razón en un conflicto entre
trabajadores y empresarios.
El senador del PRI, Jesús Priego Calva, destacó la importancia de la
desaparición de las juntas y declaró que la ley no tendrá gran avance si
los trabajadores no exigen sus derechos; un sindicato justo y correcto,
porque muchos sólo tienen contratos de protección y son los que se
llevan dinero, explotan a los trabajadores y a las empresas y ocasionan
el cierren los sindicatos.
(Información: Senado de la República)
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