El abrupto cambio de dotar de televisores en lugar de decodificadores tuvo un altísimo costo para el erario público.
lasillarota.com
Varias voces en su momento advertimos del error que significaba
el artículo transitorio décimo noveno de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que dejó en manos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el diseño y la
implementación de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)
para la entrega de receptores para asegurar la cobertura universal y
evitar que millones de personas se quedarán sin acceso a las nuevas
señales digitales. Ese mismo artículo también dispuso que la población
beneficiaria de dichos receptores sería definida por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL).
En su momento afirmamos que ambas determinaciones daban lugar a un
uso electorero de esa parte del programa de la TDT, en virtud de que
existe suficiente experiencia documentada del uso clientelar por parte
de los partidos políticos de los programas sociales para la gente de más
escasos recursos, que comúnmente se conoce como la compra del voto. Lo
indicado era que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que
sustituyó a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)
llevara integralmente la política a la transición a la TDT.
Sin tomar en cuenta la experiencia exitosa del programa piloto
llevado a cabo por la COFETEL para el apagón analógico en la ciudad de
Tijuana en mayo de 2012, con la entrega de decodificadores para las
familias más pobres que obtuvo una penetración de los equipos de un 92
por ciento de los hogares, la SCT sin mediar consulta alguna, determinó
que en lugar de entregar decodificadores haría la entrega de televisores
digitales porque supuestamente habría un ahorro de energía eléctrica
para las familias pobres y podrían conectarse a internet. Hoy tenemos
evidencia empírica de que esto último fue una falacia. En la
comparecencia del Secretario de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, en
el Senado de la República el pasado 21 de septiembre, tuvo que aceptar
que no tienen datos sobre cuantos de los televisores repartidos tienen
posibilidad de conexión a internet.
El abrupto cambio de dotar de televisores en lugar de decodificadores
tuvo un altísimo costo para el erario público, pues mientras en Tijuana
el costo por familia de decodificadores era de cerca de mil pesos
incluyendo la instalación, con los televisores digitales el costo subió
inicialmente a mil 990 pesos por unidad, que luego subió a 2 mil 813
pesos, eso involucró un gasto de 28 mil 446 millones de pesos para 10
millones de aparatos que se regalaron en 2015, año en que hubo
elecciones intermedias y se aprovechó el programa para su uso electoral
como se había advertido: en las cajas se puso el lema y logo de la
campaña del gobierno federal de “Mover a México”,
para la entrega de los televisores se aprovechó para hacer actos
partidarios y afirmar que los aparatos eran un “regalo” del presidente
Peña Nieto.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado el dispendio de
recursos, la mala repartición de los televisores, hubo familias que
recibieron hasta tres, la falta de transparencia en todo el proceso y
hasta posibles actos de corrupción. De manera más reciente, el 28 de
septiembre el periódico estadounidense The Wall Street Journal, afirma
contar con fuentes que acusan que funcionarios de la SCT recibieron
sobornos para privilegiar a algunas empresas en los procesos de licitación de los televisores digitales.
En agosto pasado el comisionado del IFT Adolfo Cuevas Teja, presentó el informe “Análisis del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre”,
que documenta el cúmulo de irregularidades de este proceso. Sin dejar
de aceptar que el informe es correcto sus términos, resulta sorprendente
que lo haya publicado en el portal de internet del IFT sin el acuerdo
por lo menos del comisionado presidente Gabriel Contreras, quien
públicamente manifestó su desacuerdo
con dicho informe y aseveró que el análisis no responde a la posición
institucional del IFT, por lo que cabe preguntarse cuál es el manejo
político de cada actor en este entramado.
Por su parte Mónica Aspe, Subsecretaria de Comunicaciones de la SCT,
declaró que “no es un documento avalado por IFETEL, institución
profesional, sino una opinión personal
y equivocada de Cuevas”, califico de deficiente el análisis del
comisionado y se defendió aduciendo el cumplimiento de la ley para
entregar televisiones digitales al 90% de hogares de escasos recursos
definidos por la SEDESOL. Tiene razón la funcionaria al afirmar que
cumplieron con la ley, pero tiene la obligación de decirnos cómo lo
hicieron. Ella tiene que cargar ahora con los errores al cambio de la
política a la TDT de pasar de los decodificadores a la entrega de
televisores digitales, decisión tomada cuando era Subsecretario Ignacio
Peralta, que estuvo más ocupado en sus aspiraciones políticas que lo
llevaron a ser gobernador de Colima.
En este penoso espectáculo quien pierde es la sociedad, el tiempo nos
dio la razón a quienes manifestamos lo errado que era darle a la SCT y a
SEDESOL esta parte de la transición a la TDT, en estas semanas las
dependencias todavía tendrán que entregar más aparatos y existen
razonables dudas sobre la eficacia de este último tramo de la política.
En todo caso el asunto no puede quedarse en meras denuncias, es
obligación institucional y legal transparentar todo el proceso y fincar
las responsabilidades a las que haya lugar.
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