En Sonora viven 767 mil 802 niñas y niños de 0 a 14 años de edad que representan 29 por ciento de la población total del estado. Las niñas conforman menos de 50 por ciento (375 mil 953), mientras los niños son más de la mitad (391 mil 849 niños).
Es el estado en el que han muerto más niños juntos en un evento funesto, producto de un conjunto de complicidades y negligencias en el cual perdieron la vida 24 niñas y 25 niños menores de 4 años.
Me refiero por supuesto al incendio en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, que a 7 años de ocurrido no cumple las expectativas de justicia de madres y padres afectados.
Es también la entidad donde la venta de niños ocurre, disfrazada de adopción, sin que exista una cifra precisa otorgada por la institución que debe salvaguardar la integridad y dignidad de niñas y niños, el DIF estatal.
Por ese hecho, hay una persona procesada, el ex director de la línea Protege, quien contaba con la información privilegiada sobre los casos de madres en situación de vulnerabilidad a quienes aparentemente convencían para que otorgaran a su hija o hijo en adopción, mismos que después ofrecían a matrimonios locales y foráneos por alguna cantidad de dinero, que repartían entre funcionarios implicados.
El lente también puso a Sonora en la mira nacional por los embarazos producto de violación en niñas y adolescentes y la forma deficiente en que son tratados al no cumplir con la normatividad vigente, lo cual quedó al descubierto con el caso Citlali, ampliamente difundido en medios.
La Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes estatal, vigente desde diciembre de 2015, si bien retoma los estándares internacionales para el reconocimiento de esta población como sujetos de derechos, adolece de la perspectiva que ofrezca mecanismos para proteger el derecho a una vida libre de violencia para las niñas.
Tanto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),como la Plataforma de Acción de Beijing, hacen recomendaciones específicas para la protección de los derechos de las niñas, mismos que no se ven reflejados en la Ley local.
Y vaya que es necesaria la perspectiva de género, pues si vamos a los datos es evidente que quienes son las principales víctimas de violación son las niñas y adolescentes que tienen que continuar con embarazos forzados producto de estas agresiones. La maternidad forzada ya es reconocida por organismos internacionales como tortura.
En el tema de la educación, el Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG), sostiene que existe una brecha de género. Sin embargo la Ley en mención no contempla en su apartado de educación la garantía de disminuir esta brecha.
Pareciera que niñas, niños y adolescentes llevan en sus espaldas las mismas problemáticas, cuando sabemos que si bien la niñez en general está olvidada y el ejercicio de sus derechos está descuidado, también es cierto que la discriminación es mayor hacia las niñas.
El SEIG es claro cuando muestra el indicador de brecha de género en estudiantes inscritos en educación básica por nivel educativo en Sonora en el ciclo 2013-2014, en el que las niñas se sitúan por debajo del porcentaje de niños.
En preescolar los niños estudiaban en una proporción de 50.6 por ciento, mientras que las niñas en 49.4 por ciento.
En primaria 51.2 por ciento de niños se encontraban inscritos contra un 48.8 por ciento de niñas. En Secundaria el panorama también muestra diferencias pues de estudiantes inscritos había 50.3 por ciento de hombres y 49.7 por ciento de mujeres.
En el caso de las habilidades básicas adquiridas con la alfabetización, sí vemos que las niñas se encuentran en un nivel más alto, ya que para 2010 sabían leer y escribir 89.1 por ciento de niñas de 6 a 14 años, en tanto los niños de la misma edad constituían 87.7 por ciento.
En el tema de salud y particularmente los nacimientos registrados por edad de la madre, el sistema de indicadores muestra que hay un promedio de 200 partos en mujeres menores de 15 años de edad entre 2007 y 2012.
En el indicador de egresos hospitalarios por causa, apreciamos que por embarazo, parto y puerperio se produjeron 280 en el rango de edad de 0 a 14 años, en 2013.
En relación al feminicidio infantil observamos que en Sonora las niñas mueren a golpes generalmente por sus padrastros, en promedio se registran 4 casos al año. En edad escolar entre 6 y 12 años, cuando cursan la primaria, son víctimas de agresiones sexuales y después asesinadas.
La Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Sonora debe ser modelo en el ámbito nacional. A las niñas les debe justicia, empoderamiento, una estructura sólida que garantice que podrán ejercer su derecho a la educación, a la salud, a la tecnología, a vivir libres de violencia. Sólo así podremos presumir que tenemos una ley que las protege, y no un documento que cumple los ordenamientos de armonización legislativa por mandato nacional e internacional.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.-
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