Al igual que con la
derrota del PRI en las pasadas elecciones para gobernador en Veracruz,
la solicitud de licencia de Javier Duarte no parece entusiasmar a nadie,
sobre todo porque se da en un contexto de violencia exacerbada por la
disputa de los cárteles para ensanchar sus territorios y rutas de
influencia así como las protestas de trabajadores del estado por falta
de pago de salarios y prestaciones. Y ese contexto -al que habría que
agregarle la corrupción y la impunidad sistemáticas- es consecuencia
directa del vacío de poder por la permanencia de un gobierno desahuciado
que ahora, sin dirección, si es que alguna vez la tuvo, profundizará la
crisis política por la que estamos atravesando.
Las causas de la
salida del gobernador tienen que ver con factores internos y externos.
Entre los primeros destaca la serie de escándalos que permitieron
calibrar el grado de corrupción del gobierno duartista, dejando al
descubierto la manera en la que se operaba para desviar recursos
públicos a los bolsillos de Duarte y su grupo. Las consecuencias del
saqueo provocaron en los últimos días manifestaciones a lo ancho y largo
del estado de Veracruz -destacando el caso de Xalapa en donde empleados
públicos de diversas dependencias se vieron forzados a bloquear
avenidas para hacer visible su protesta por la falta de pagos de
salarios y prestaciones. Pero además, el incremento de levantones y
asesinatos así como de la localización de fosas clandestinas aumentaron
la presión que desembocó en solicitud de licencia del gobernador.
A
lo anterior hay que sumar la negativa del gobierno federal de asumir el
costo político que significó el encubrimiento de las corruptelas del
gobierno duartista, al grado de que la oficina de la presidencia
manipuló fotografías oficiales para evitar que apareciera el infame
gobernador en actos oficiales junto al presidente. La derrota electoral
del PRI en Veracruz fue la gota que derramó el vaso, desencadenando una
serie de acciones de la Auditoría Superior de la Federación, la
Procuraduría General de la República e incluso el propio PRI y la cámara
de diputados aunque con cautela, en espera del banderazo oficial desde
Los Pinos. De cara a los procesos electorales de 2017 y 2018, el
gobierno federal se ha montado, con el oportunismo que lo caracteriza,
en el creciente desprestigio de Javier Duarte para lavarse la cara y
recuperar en la medida de lo posible la imagen positiva un presidente
devaluado e inoperante, dentro y fuera del país. ¿Habría pasado lo mismo
si Duarte y el PRI ganan las elecciones pasadas en Veracruz?
En
todo caso, la salida de Duarte del gobierno veracruzano no garantiza que
se logre hacerle pagar por los crímenes que cometió. Y no me refiero
sólo a las corruptelas y desfalcos en contra del erario público sino
sobre todo los crímenes de lesa humanidad -en particular de desaparición
forzada- que caracterizaron a su gobierno. La impunidad es y ha sido la
marca registrada del gobierno de Peña, por lo que resulta difícil
imaginar un proceso legal apegado a la ley. Parece mas probable el
montaje de un circo mediático (encarcelar a figuras menores, etc.) sin
consecuencias penales para un gobernante que se dedicó con empeño a
saquear el estado no sólo en beneficio propio sino del presidente y su
partido. No es casual que Duarte niegue rotundamente que los desvíos se
hayan utilizado para financiar campañas políticas, empezando con la de
Peña así como de candidatos a gobiernos estatales abanderados por el PRI
o sus aliados. Fue gracias a eso que se ganó el afecto y trato especial
del presidente y los halagos que le prodigó por años por su importante
pero ilegal labor política.
Pero además, la salida de Duarte
tampoco garantiza el fin del quebranto financiero del estado ni mucho
menos la dinámica corrupta del gobierno estatal. La corrupción no es un
defecto del sistema y las personas que lo dirigen. Es en realidad un
componente estructural del sistema político mexicano que le proporciona
estabilidad y márgenes de acción para refrendar lealtades y mantener la
continuidad en la dinámica gubernamental y el modelo económico. De la
mano viene la impunidad, que funciona como contraparte de la corrupción
para hacerla posible. La corrupción sin impunidad no es políticamente
rentable . Y luego está el tráfico de influencias, que mueve incluso
mayores cantidades de dinero que los desfalcos y desvíos, lubricando la
relación entre gobierno y empresas y aumentando el poder económico de
los gobiernos para mantenerse en el poder con campañas sucias, compra de
votos y una larga lista de mapacherías tan caras a nuestra clase
política.
Peor aún, la violencia social que vivimos, alentada por
la impunidad prohijada desde el poder difícilmente disminuirá ya que
forma parte de un sistema económico dirigido a lograr mayores riquezas
por medio del despojo y el saqueo de recursos naturales y humanos. El
terror resulta una pieza clave para controlar el descontento y la
protesta social provocada por el empobrecimiento generalizado y la
pérdida de derechos y libertades. Por todo lo anterior y con profundo
pesar no queda más remedio que aceptar que Javier Duarte se va... pero
la corrupción y la impunidad se quedan en Veracruz.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/
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