Los talibanes indígenas y el despojo capitalista

Francisco López Bárcenas

La Jornada 

El 19 de diciembre de 2000, La Jornada informaba a sus lectores que ese año la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos se había dirigido a los gobiernos de América Latina para informarles que, de acuerdo con la información de que disponía, durante los próximos 15 años el mayor desafío de los estados americanos serían los movimientos indígenas de resistencia, los cuales, según su afirmación, serían potenciados por redes trasnacionales de activistas por los derechos humanos. En la fecha del informe había terminado la guerra fría entre las potencias económicas, el bloque de países socialistas se había desintegrado y las guerrillas latinoamericanas que buscaron transformaciones políticas en sus países se habían desintegrado. El capitalismo estaba pujante y en planes de expansión para apoderarse de los bienes comunes, localizados en su mayoría en territorios indígenas, por eso la advertencia de la agencia de inteligencia estadunidense.

El discurso de la CIA ha servido de base para que empresas que encuentran resistencia de las personas o comunidades afectadas con sus planes expansionistas se refieran a ellas como un peligro para el desarrollo. En México la descalificación de los opositores ha venido tanto de las instituciones gubernamentales como de los representantes de esas compañías, pero en los meses recientes quienes han arreciado la campaña son personas ligadas a las firmas interesadas en la generación de energía eléctrica en sus modalidades hidráulica, eólica y solar. En julio pasado la prensa dio cuenta de las quejas de Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro), por los amparos que diversas comunidades, ubicadas donde se instalaron o pretendían instalar los parques eólicos, tramitaron por violación a la normatividad ambiental y de consulta a los pueblos indígenas; Adrián Escofet, ex presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, fue más allá al afirmar que quienes se amparaban no eran las comunidades afectadas, sino personas ajenas a ellas.

Pero la reacción peligrosa ha sido la que en días pasados emitió Héctor Garza, socio del despacho Rich Muller y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), quien se refirió a la oposición social a los proyectos de generación de energía eléctrica como amenaza que busca frenarlos. Ya recibimos amenazas formales de las ONG de que lo van a hacer. Son talibanes del medio ambiente y talibanes del derecho indígena, que están entorpeciendo los proyectos del país, indicó, según publicó el 3 de octubre el diario El Financiero. En la misma nota se señala como tales al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), a las cuales podrían sumarse todas las demás que, como ellas, buscan en la legislación ambiental, agraria y los derechos indígenas la defensa de sus derechos.

La declaración es peligrosa porque, en el ambiente de violencia que permea en el país, exhibe a las organizaciones defensoras de los derechos humanos como asociaciones violentas cuyo fin principal es detener el avance de los megaproyectos, cuando en realidad su oposición es a que lo hagan violentando los derechos de los pueblos y comunidades que habitan donde se instalan o piensan instalar, la mayoría de ellos indígenas, con lo cual ponen en peligro su seguridad. Además de esto, como los mismos empresarios reconocen, la oposición se lleva a cabo usando los instrumentos que las leyes determinan para hacerlo. ¿Dónde, entonces, están los talibanes? Sería bueno que desde el gobierno y las instituciones defensoras de los derechos humanos se tomaran medidas para que esto no siga ocurriendo. No vaya a suceder que el discurso se revierta y los acusadores terminen en el banquillo de los acusados, pues no falta quien piense que son ellos quienes dinamitan las instituciones y los derechos humanos al señalar como obstáculos los requisitos que las leyes definen para que puedan funcionar en el país.