Empresa contaminó comunidades y hostiga a sus habitantes
En
2011, mujeres y hombres de Unión Hidalgo que están en desacuerdo con
que la empresa siga desarrollando el parque eólico en territorio de
propiedad social, decidieron conformar el Comité de Resistencia contra
el proyecto eólico de “Piedra Larga”
Aunque históricamente han sido excluidas del derecho a la tierra, las
mujeres de las regiones más afectadas por la instalación de parques
eólicos en Oaxaca, defienden el territorio para dejar mejores
condiciones de vida a su comunidad y a las próximas generaciones.
Desde 2005, la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en Oaxaca, vive un
contexto de hostigamiento y violencia porque la empresa Desarrollos
Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la empresa española Renovalia
Energy, inició la instalación del parque eólico “Piedra Larga” Fase I y
Fase II.
Las mujeres que viven en esa comunidad son integrantes del pueblo
indígena zapoteca; la mayoría, adultas mayores cuyas hijas e hijos
migraron a ciudades más grandes para recibir la educación profesional
que no había en su comunidad.
Casi la totalidad de esas mujeres no son posesionarias del territorio de
uso social, del que han sido excluidas históricamente, como lo
demuestra un decreto presidencial de 1964, -al que Cimacnoticias tuvo
acceso-, que enumera a mil 141 personas posesionarias del territorio de
Unión Hidalgo pero de las que sólo ocho son mujeres, la gran mayoría
viudas.
En contraste, las mujeres de Unión Hidalgo trabajan el campo, apoyan al
ingreso familiar, educan a la familia, apoyan en la comunidad, y cuidan a
los animales y las plantas.
Algunas de ellas se han visto obligadas a formar parte del Comité de
Resistencia al proyecto eólico de “Piedra Larga”, el cual se consolidó
en Unión Hidalgo luego de que DEMEX, proveedora de energía para la
empresa Bimbo, orillara a la comunidad a rentarles sus tierras sin
información y mediante engaños.
Desde que llegó DEMEX, las y los comuneros han sido víctimas de constantes intimidaciones y violencia | Foto: Greta Rico
Actualmente, este Comité está a la espera de que el Tribunal Unitario
Agrario del Vigésimo Segundo Circuito, en Oaxaca, dicte sentencia a
favor de la anulación de los contratos que las y los comuneros firmaron
con la empresa.
HOSTIGAMIENTO Y DESPOJO
Una de las integrantes de ese Comité, Elizabeth de la Cruz, de 54 años
de edad, relató a Cimacnoticias que ella nunca estuvo de acuerdo con
vender su territorio pero que representantes de la empresa DEMEX
hostigaron a su familia afuera de la escuela, de su casa, y su negocio,
para que les rentaran un pedazo de la tierra comunal que estaba a su
nombre.
Los representantes de la empresa mintieron a la comunidad. Les dijeron
que el resto de las y los comuneros ya habían firmado, que tendrían
grandes ganancias económicas y que incluso podrían seguir usando sus
tierras, lo que a la postre no sucedió. Además no les dijeron que el
arrendamiento de las tierras sería por 30 años, con oportunidad de
renovarse automáticamente por otras tres décadas.
Finalmente, de 2006 a 2011 muchas familias de Unión Hidalgo, como la de
Elizabeth, se vieron obligadas por la presión de la empresa a firmar los
contratos de arrendamiento pero lo hicieron a título individual –como
lo pidió DEMEX- sin considerar que la tierra es de propiedad social, lo
que quiere decir que no corresponde a pequeños propietarios sino a toda
la comunidad, lo que hace que los contratos no sean válidos.
De acuerdo con Elizabeth, desde que llegó DEMEX, las y los comuneros han
sido víctimas de constantes intimidaciones y violencia; obstruyeron los
caminos hacia sus tierras de cultivo; contaminaron su territorio con el
aceite que sueltan los aerogeneradores; y el cemento que se enclavó en
las tierras disminuyó la productividad del campo y dañó la economía
local.
Los hechos violentos constan incluso en dos denuncias penales que se
presentaron en 2011 ante la Fiscalía de Investigaciones de Delitos de
Trascendencia Social, de Oaxaca, por agresión física contra dos mujeres
de la comunidad que se opusieron al parque.
Desde entonces, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (ProDESC) acompaña a las y los comuneros, con lo que se
consiguió que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca estuviera al tanto de
los ataques, que en ese mismo año otorgara medidas cautelares a favor de
varias personas del Comité de Resistencia, y que en 2014 ampliara estas
medidas para toda la comunidad.
De acuerdo con Elizabeth -quien durante mucho tiempo desatendió su
pequeño negocio familiar por participar en las acciones contra la
empresa- esta lucha que nadie pidió ha tenido aprendizajes, entre ellos,
que la llegada de empresas o megaproyectos a su territorio no significa
ningún beneficio, sino al contrario, despojo y abusos.
De
acuerdo con Elizabeth, esta lucha que nadie pidió ha tenido
aprendizajes, entre ellos, que la llegada de empresas o megaproyectos a
su territorio no significa ningún beneficio, sino al contrario, despojo y
abusos | Foto: Greta Rico
LA RESISTENCIA
En 2011, mujeres y hombres de Unión Hidalgo que están en desacuerdo con
que la empresa siga desarrollando el parque eólico en territorio de
propiedad social, decidieron conformar el Comité de Resistencia contra
el proyecto eólico de “Piedra Larga”.
Una de sus integrantes, Guadalupe Ramírez, de origen zapoteco, de 65
años de edad, relató en entrevista: “no creo que mis compañeras o
compañeros supieran exactamente qué beneficios les iba a traer el
contrato o qué perjuicios. Nosotros firmamos porque esos mismos de las
empresas nos visitaban y nuestra gente, nuestra comunidad son personas
muy confiadas, muy llevaderas, son personas sanas”.
Al darse cuenta de que la empresa omitió informar sobre el tiempo de
arrendamiento, el régimen agrario de la tierra y los impactos negativos
que traería la construcción de un parque eólico, las y los comuneros
organizados decidieron reunirse con representantes de DEMEX para pedir
la anulación de sus contratos pero la empresa se negó; luego decidieron
acudir al gobierno de Oaxaca, lo que implicó dinero para trasladarse en
camiones hasta la capital estatal, a 6 horas de distancia de Unión
Hidalgo.
“Muchas mujeres me dicen ‘yo quisiera seguir en esto pero no puedo’,
mujeres que tienen hijos, y ahí es donde se aprovecha el gobierno y las
empresas trasnacionales, viendo la necesidad de las compañeras”, agregó
Guadalupe.
De acuerdo con el relato de la comunera, el gobernador de Oaxaca se negó
a recibir a la comunidad y ningún funcionario dio respuesta a sus
peticiones. “Regresamos peor todavía porque ya nos habíamos dado cuenta
que las empresas y el gobierno eran uno solo”, observó.
DEMEX continuó la construcción del parque eólico afectando incluso el
territorio de algunas mujeres que se oponían al proyecto, dijo
Guadalupe; mientras, las y los comuneros continuaron participando en
asambleas, en manifestaciones y en la visita a otras comunidades para
informar y buscar apoyo.
“Sí nos sentíamos muy débiles pero ahí se vio la fuerza de la mujer
porque estuvieron con nosotras en el momento preciso, en los caminos, en
los terrenos y -otra cosa- teníamos invitados, teníamos que buscar la
forma de darle de comer a toda la gente que nos ayudó y ahí sentíamos la
fuerza y el apoyo”, señaló Guadalupe.
Esta mujer, madre ya de hijos adultos, también recordó: “nunca me
imaginé que yo fuera a manifestarme en un camino. La mujer es muy
importante en estos casos porque cuando hay una manifestación estamos
acostumbrados a ver a los hombres, pero cuando una mujer entra hay más
seriedad, hay más fuerza, hay más gente.
“Las mujeres (de Unión Hidalgo) están despertando, están diciendo ‘eso
me pertenece, no puedo dejarlo ir’. Te pones a pensar que tú también
colaboraste con la familia para la adquisición del terreno porque nada
es regalado, eso es lo que te hace despertar y decirle a la gente que no
es cierto que somos el sexo débil”, observó.
Guadalupe agregó: “la visión de una mujer no es igual que la de un
hombre, la mujer se aboca más a ver que la familia y la comunidad esté
bien, más que el hombre”.
En junio de 2013, las y los comuneros de Unión Hidalgo, acompañados de
ProDESC, interpusieron una demanda agraria en contra de DEMEX ante el
Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, en la
que solicitaron que se declarare la nulidad de los contratos que
celebraron con la empresa.
De acuerdo con ProDESC, la empresa violó el derecho a la libre
determinación de la comunidad indígena; a la tierra, territorio y bienes
naturales; a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado,
culturalmente adecuado y de buena fe; a un medio ambiente sano; a la no
discriminación y a la igualdad de protección de la ley.
Guadalupe está convencida de que la comunidad tiene la razón en este
juicio. “No puede firmar un contrato donde el régimen de la tierra es
comunal como si la tierra fuera de propiedad privada, eso es imposible.
Eso nadie lo cree. Esa es la razón más fuerte que tenemos para decir que
los contratos están mal hechos”, explicó.
Sin embargo, dijo Guadalupe, para la comunidad no fue necesario conocer
sobre leyes para saber que la empresa estaba abusando: “vemos esas
máquinas que están perjudicando la naturaleza, los árboles que tienen
años de estar ahí que nos sirven para el ganado, para muchísimos cosas.
Sube el pasaje. La verdura que llega los jueves es más cara y cuando les
preguntamos por qué, nos dicen que porque la gasolina ya subió”.
“Ahorita yo estoy esperando que el resultado del Tribunal Agrario nos
favorezca y no es que nos hagan un favor sino que tenemos toda la razón y
si algo sale mal es porque las empresas te lo dicen y lo gritan
‘nosotros ya le dimos dinero al gobierno, por lo tanto ya estamos
respaldados por ellos’”.
De
acuerdo con ProDESC, la empresa violó el derecho a la libre
determinación de la comunidad indígena; a la tierra, territorio y bienes
naturales; a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado,
culturalmente adecuado y de buena fe | Foto: Greta Rico
DOS PROYECTOS DE NACIÓN ENFRENTADOS
Norma Iris Cacho Niño, coordinadora del área de Procesos Organizativos
de ProDESC, explicó en entrevista que en las regiones donde hay parques
eólicos hay una deuda histórica con las mujeres, ya que desde la
fundación de los ejidos en México los procesos de asignación de tierras
eran muy masculinos y se creía que los hombres eran los únicos
proveedores de un núcleo familiar.
La también educadora popular feminista relató que las mujeres
históricamente se quedaban en los solares y no en las parcelas para
sembrar, lo que implica que ellas preservaran el pedazo de tierra
privado (de la familia) donde se siembra, se cosecha y se cuidan los
animales de traspatio.
Actualmente, las empresas trasnacionales, dijo, buscan comprar o rentar
la tierra y cuando eso ocurre las negociaciones son entre los varones
que son dueños de las empresas y de la tierra; mientras, las mujeres,
como grupo social, quedan relegadas de esa negociación porque ellas no
tienen certificados agrarios.
Sin embargo, detalló Cacho, la tenencia de la tierra para las mujeres es
elemental para que ejerzan ciudadanía comunitaria y étnica, que es el
poder de decidir, votar y opinar sobre lo que tienen que ver con el
territorio.
La también etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
explicó que las mujeres ven el territorio como un espacio material,
simbólico, mucho más que un espacio de tierra. “Lo ven como un
territorio de reproducción comunitaria y de la vida”, detalló.
Entonces, lo que está en conflicto en comunidades como Unión Hidalgo
“son dos proyectos de nación enfrentados: por un lado, el neoliberal,
capitalista y patriarcal y, por otro lado, el proyecto de desarrollo de
nación de los pueblos indígenas campesinos que quieren construir otras
formas de regulación comunitaria, con una reproducción cultural. Las
mujeres, en este caso, no están defendiendo la propiedad del territorio
privado sino la tenencia de la tierra de uso social”, señaló.
La también responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos Laborales, dijo que en todas las batallas y las
resistencias, como la de Unión Hidalgo, las mujeres “colocan el cuerpo”
de forma distinta a la que hacen los hombres, ya que son potencialmente
vulnerables a sufrir una agresión de tipo sexual o deslegitimadora de su
acción política, cosa que no sucede con los hombres.
“Eso genera una situación de miedo y limita la ciudadanía comunitaria de
las mujeres”, explicó Cacho, quien ha acompañado diversos procesos de
organización comunitaria y política con mujeres indígenas,
afrodescendientes, trabajadoras del hogar y pueblos indígenas en los
estados de Chiapas y Oaxaca.
Para Cacho, favorecer la participación de las mujeres en estos espacios
potencia otras formas de ejercer el poder que no sea masculinizada y
patriarcal porque las mujeres tienen formas distintas de regular la
conflictividad.
Agregó: “el hecho de que el Tribunal Agrario dicte una sentencia
favorable para la comunidad hará que el proceso de defensa en el que
participan las mujeres de Unión Hidalgo pueda permanecer y
sistematizarse; es decir, que otras mujeres pueden aprender sobre ¿qué
significa enfrentarse a una trasnacional? ¿qué significa pelearle la
tierra? no sólo por el sentido productivo sino por el sentido cultural
que implica para toda la comunidad, concluyó.
Foto: Greta Rico, Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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