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| Autoridades siguen sin dar con paradero de los 43 estudiantes desaparecidos hace dos años |
“Si usted tuviera
un hijo desaparecido, ¿se quedaría sentado o saldría a buscarlo por
años?”, es la pregunta que el 22 de setiembre reiteró en rueda de prensa
Mario González, padre de César González, estudiante de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa desaparecido junto con otros 42 compañeros el
26 de setiembre del 2014 en Iguala, en el estado suroccidental de
Guerrero.
A dos años del crimen, en que miembros de las
policías locales de Iguala y Cocula asesinaron a seis personas, hirieron
a decenas y secuestraron a 43 estudiantes normalistas para luego
entregarlos a un grupo de narcotraficantes, el gobierno y la
Procuraduría General de la República (PGR), encargada de la
investigación, no han podido dar con el paradero de los jóvenes.
En 26 y 27 de setiembre, en más de 100 ciudades del mundo se realizaron
actos de protesta, marchas y actividades demandando verdad y justicia
para los 43 estudiantes y sus familias, las que han encabezado un
movimiento social incansable y en el último año han realizado caravanas
en Europa, EEUU y Sudamérica.
“Reiteramos que la verdad y la
justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables,
a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo”, sentenciaron el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional
Indígena (CNI) en un comunicado previo a las movilizaciones.
En
unos 30 países se proyectó el documental “Mirar morir. El Ejército en
la noche de Iguala”, dirigido por el cineasta mexicano Coizta Grecko con
guión de Témoris Grecko, quienes destacan el papel de las Fuerzas
Armadas en varios momentos clave del ataque contra los normalistas.
“¿Dónde están? ¿Qué les pasó? El no saber es el castigo más cruel.
Recuerde que toda vida humana es sagrada; no sólo la de sus amigos”,
dijo el fundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, en un
concierto que dio el 28 de setiembre en la capital mexicana,
dirigiéndose al presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
“Verdad histórica”
Según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (RNPED), entre el 2007 y diciembre del 2015 la cifra
acumulada de desaparecidos a nivel nacional alcanza a 27,887, de ese
total 48% corresponde al mandato de Peña Nieto.
La versión
oficial del caso Iguala-Ayotzinapa, formulada en enero del 2015 por el
entonces procurador general Jesús Murillo Karam, quien incluso la elevó
al rango de “verdad histórica”, afirma que integrantes del cártel del
narcotráfico Guerreros Unidos se habrían encargado de incinerar a los 43
estudiantes en el basurero de Cocula, después de que los policías
municipales, coludidos con los delincuentes, se los habían entregado. En
la tarde del 27 de setiembre, los criminales habrían guardado los
restos de los normalistas en bolsas de plástico y las habrían tirado al
cercano Río San Juan. La PGR no ha establecido responsabilidad de los
integrantes de la Policía Federal y del Ejército que estuvieron
presentes en el lugar de los hechos.
Sin embargo, las
investigaciones realizadas en el 2015 y 2016 por los peritos del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), por grupos de periodistas
independientes y por los miembros del Grupo Interdisciplinar de Expertos
Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH), han cuestionado substancialmente el informe de
la PGR y han contribuido a abrir nuevas hipótesis y a evitar que el caso
fuera cerrado antes del tiempo.
Según el informe final del
GIEI de abril pasado, en la “noche de Iguala” se realizó un verdadero
operativo de persecución en contra de los estudiantes durante varias
horas, en el que actuaron no sólo las policías locales, sino también la
federal, la estatal, la ministerial y las Fuerzas Armadas en “perfecta
coordinación” e informadas “en tiempo real” de los ataques.
“Los indicios van a salir poco a poco pero lo que se sabía desde el
inicio es que la documentación por contexto nos permite afirmar que el
Ejército tuvo el papel de contención para que se realizaran el operativo
y las violaciones”, explica a Noticias Aliadas Francisco Cerezo, defensor de derechos humanos del Comité Cerezo México.
“La documentación de contexto es cuando no tenemos los elementos
directos, como un testigo que lo haya visto, pero por la forma del
operativo podemos reconocer patrones de comportamiento en violación a
derechos humanos”, precisa Cerezo.
Numerosos testimonios de
presuntos delincuentes detenidos en el 2014 por los hechos de Iguala, de
los cuales 130 aún quedan encarcelados sin sentencia, fueron obtenidos
mediante tortura e invalidaron los resultados de la investigación.
Conspiración del silencio
Distintos estudios han demostrado que es imposible calcinar 43 cuerpos
según las modalidades descritas por los detenidos y contenidas en el
expediente oficial. El GIEI señaló que la PGR dejó a lado una línea de
investigación importante sobre uno de los autobuses que habían tomado
los estudiantes y que, sin que ellos supieran, pudo haber estado cargado
de heroína y haber desatado la cacería de policías corruptos y
narcotraficantes contra los normalistas.
Finalmente, de las
actas del expediente oficial resulta que el celular del normalista Julio
César Mondragón —uno de los seis asesinados en Iguala— le fue robado y
hasta abril del 2015 fue utilizado para hacer llamadas. Es lo que
descubrió Francisco Cruz, autor del libro La guerra que nos ocultan sobre el caso de los 43 junto con los periodistas Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado.
Según Cruz, los rastros de ese teléfono llevan a las oficinas del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y al Campo Militar
Nº 1, en Ciudad de México. Existe una “conspiración del silencio” para
proteger a las Fuerzas Armadas, asegura.
Crecen, entonces, las
presiones hacia la PGR y el Ejecutivo. El pasado 21 de setiembre, Jan
Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México, insistió que el caso no se
cierre.
“No puede quedar impune, el caso no está esclarecido, no hay garantía de que todos puedan ser castigados”, manifestó.
Tras la negativa del gobierno a renovar el mandato del GIEI en abril,
la CIDH anunció la implementación de otro mecanismo de seguimiento a las
recomendaciones de los expertos a las autoridades mexicanas. Desde el 9
de setiembre, vigila la aplicación de las medidas necesarias para
determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes
identificados como desaparecidos.
“Es positivo porque pese a que el
Estado mexicano incluso corrió al GIEI, se mantiene la vigilancia por
parte de una instancia internacional para que trate de cumplir las
recomendaciones”, precisó Cerezo.
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