El SME siete años después

José Antonio Almazán González

Policías federales el 10 de octubre de 2009 cuando ocuparon la sede de Luz y Fuerza del Centro en Marina Nacional y Melchor Ocampo

La Jornada 

Alo largo de su centenaria historia el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acumuló triunfos y soportó demoledores golpes, como el asestado a la huelga general de 1916, pero nunca enfrentó un reto del tamaño del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), promulgado por Felipe Calderón en octubre de 2009, que lo puso al borde de la desaparición. Siete años después de una larga lucha los saldos están a la vista. Menos de 541 trabajadores, que representan apenas 1.2 por ciento de los 44 mil que agrupaba en 2009, 14 mil cooperativistas y aproximadamente 18 mil jubilados, son los resultados de la guerra emprendida por Calderón y concluida por Peña Nieto, para imponer la privatización en la prestación del servicio público de la energía eléctrica.

Conservó su registro sindical pero a un costo muy elevado, avalando en los hechos lo que combatió por décadas: la privatización eléctrica. Del histórico contrato colectivo de trabajo del SME prácticamente no quedó nada. Literalmente fue barrido. De un solo golpe fueron eliminadas conquistas obreras obtenidas en décadas de lucha. Sus 120 cláusulas fueron reducidas a 65 y en el nuevo contrato pactado con la Generadora Fénix desapareció el derecho a una jubilación digna, por la que el SME luchó desde su fundación en 1914, para ser sustituida por esquemas de aportaciones individuales tipo Afores. El reconocimiento del riesgo eléctrico, pionero en la medicina del trabajo, simplemente dejó de existir.

La bilateralidad entre las partes que abarcaba todo el complejo productivo y organizativo eléctrico fue reducido al remedo contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Un conjunto de prestaciones sociales y económicas (ahorro, despensa, transporte, energía elécrica, seguro sindical, vacaciones, etcétera) que todavía prevalecen en el contrato colectivo CFE-Suterm, como también en el de Pemex-Stprm fueron suprimidas en el nuevo contrato del SME o reducidos a los mínimos de la LFT y los nuevos salarios electricistas fueron disminuidos a los mínimos que ofrecen las empresas contratistas de CFE.

¿Hubo otras opciones? Sin duda. Pero en el último tramo de la lucha la dirección del SME optó por una negociación a la baja de un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos. Para extinguir este pasivo el gobierno propuso al SME entregar en comodato una parte de las plantas de generación. Específicamente las pequeñas y microhidroeléctricas con un valor contable de 3 mil 600 millones de pesos y la abandonada termoeléctrica de Lechería, pero excluyendo la llamada generación distribuida, con un valor contable de 6 mil 458 millones de pesos.

El comodato para el uso y explotación de las pequeñas hidroeléctricas de LFC se concretó mediante una concesión de 30 años y para tal efecto se creó la empresa eléctrica privada, la Generadora Fénix, en la cual el SME posee 49 por ciento y la empresa portuguesa Mota Engil 51 por ciento de su capital social. Sin embargo, sigue sin conocerse los términos de ese comodato, el monto del capital social y las bases constitutivas de esa empresa privada promotora de inversión de capital variable, pues todo el proceso de negociación sigue reservado conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por periodos que van de uno a 12 años. De la misma forma y como resultado de esa negociación a la baja, el SME recibió en propiedad una serie de predios, terrenos y naves industriales, pero sin maquinaria ni herramientas, con un valor contable de mil 279 millones de pesos, que fueron entregados a los trabajadores que no se habían liquidado, mediante una cooperativa del SME.

En resumen, la negociación a la baja consistió en aceptar la extinción del pasivo laboral, consistente en obligaciones del gobierno federal con respecto a los trabajadores del SME, a cambio de un comodato y propiedades que representan entre 6 y 9 por ciento del pasivo laboral de 80 mil millones de pesos. Como consecuencia de este proceso el SME es ahora un sindicato patrón y/o empresarial de 541 trabajadores, con una membresía mayoritaria de 14 mil cooperativistas, hecho que la actual LFT no contempla y un sindicato que aglutina a cerca de 18 mil jubilados, situación que la LFT no considera.

El futuro previsible a corto y mediano plazos para la mayoría de los miembros del SME es ahora un modelo laboral basado en trabajo precario, parcial y temporal. Sin embargo para el nuevo socio del SME, la firma portuguesa Mota Engil, que llegó a México asociada a las empresas contratistas forjadas al amparo de Peña Nieto, el panorama pinta diferente, pues su atención está enfocada en la construcción de dos plantas de ciclo combinado, aprovechando la ubicación estratégica y la infraestructura de terreno, líneas eléctricas, agua y gas de la derruida planta termoeléctrica de Lechería, para insertarse exitosamente en el mercado eléctrico mayorista en los próximos dos años.

Como colofón de este proceso la dirección del SME propuso y obtuvo la aprobación para refomar sus estatutos sindicales y ampliar el tiempo de duración en los cargos sindicales de dos a cinco años, argumentando que con ello se busca dar estabilidad al proceso. Hecho inédito en los 100 años del SME que sin duda afectará su democracia interna. Hace más de un mes, después de casi siete años, 14 mil 400 trabajadores del SME cobraron finalmente su liquidación, conforme al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto de 2010 y convertidos ahora en socios cooperativistas siguen esperando por su regreso al trabajo.