Asa Cristina Laurell*
La Jornada
En un artículo anterior
argumenté que el monto del financiamiento que corresponde a las
instituciones de salud está fijado por ley tanto para el Seguro Popular
como para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Issste). Por tanto, es ilegal recortarlo, pues el secretario de
Hacienda no tiene facultades metaconstitucionales. Contrastan las
declaraciones triunfalistas sobre los incrementos de la cobertura con el
presupuesto recortado y con las continuas protestas de los trabajadores
de salud y el descontento de los usuarios.
El análisis de los principales presupuestos del sector –el del IMSS,
el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) y el del
Seguro Popular (SP), incluido en el presupuesto de la Secretaría de
Salud (Ssa)– revela algunas astucias para no violar directamente el
marco legal. El IMSS tiene un decremento de su presupuesto respecto de
2016 si se ajusta por la inflación. Esto contrasta con las declaraciones
de su director, diestro en relaciones públicas, sobre el incremento día
con día del número de trabajadores afiliados. Es de suponer que el
presupuesto está subestimado, o sea, que el IMSS
prestaal gobierno federal para que pueda cuadrar sus cuentas como se ha hecho en varias ocasiones. Su presupuesto no tiene un objetivo de afiliación para 2017 lo que impide hacer el cálculo del monto que debiera recibir.
Fassa es un fondo federal que se estableció con la descentralización
de los servicios de salud a los estados y cubre principalmente el pago
de las plazas federales de los servicios estatales de salud, pero no las
generadas con dinero del SP. Los datos comparativos del Fassa
demuestran algunos reacomodos con importancia para el recorte de los
recursos del SP. Corrigiendo por la inflación esperada Fassa se
incrementa en 3.3 por ciento respecto de 2016. Este incremento se
distribuye entre
servicios de salud a la comunidady
protección social en salud. El primer rubro corresponde a las acciones de salud pública que los servicios estatales deben desarrollar para toda la población. Cayó en casi 20 por ciento entre 2015 y 2016 y aún con el incremento para 2017 está muy por debajo de su nivel de 2015.
El rubro
Protección social en saludes en el que se acomoda una parte de las aportaciones a los estados del SP. Es así la manera de descontar a los estados parte de los recursos que la federación debería transferir por medio del presupuesto de la Ssa. Esta maniobra se llama
alineación de recursosy se traduce en que prácticamente se anula la llamada
Aportación solidaria federalque en la ley es la aportación federal más alta al SP. En consecuencia se puede legalmente disminuir la transferencia de la Ssa a los estados. Pero no es todo.
El SP tiene un guardadito en su Fideicomiso de Protección
Social en Salud, particularmente en el Fondo de Gastos Catastróficos
(FGC). Por ley, 11 por ciento de los recursos del SP deben depositarse
en este fideicomiso, de los cuales 8 por ciento corresponde al FGC. Sin
embargo, desde 2004 se han depositado entre 18 y 25 por ciento de los
recursos del SP en el fideicomiso. Lo grave es que estos recursos no se
han usado para este tipo de padecimientos o para construir
infraestructura, sino que se han quedado guardados. Los datos muestran
que el monto autorizado para el tratamiento de enfermedades de gasto
catastrófico está muy por debajo de los montos depositados en el
fideicomiso y los montos pagados son todavía más bajos. Como resultado
el fideicomiso tenía, según la Cuenta Pública de 2015, una
disponibilidad de 61 mil 592 millones de pesos. Con razón no parece
particularmente preocupado el Comisionado del SP cuando habla de los
recortes. Se da además el lujo de hacer espots tramposos sobre cirugías
de corazón abierto respaldadas por el SP cuando ni siquiera se cubre el
tratamiento de infartos de corazón en los mayores de 60 años.
Los usuarios y los trabajadores de salud sí están preocupados. Los
primeros, porque no acceden a los servicios que requieren y los
trabajadores porque sus condiciones de trabajo empeoran, les faltan
medicamentos e insumos y muchos no tienen plazas regulares.
La falta de recursos en las instituciones públicas y los largos
tiempos de espera para las intervenciones necesarias están dando un
impulso a los seguros privados de salud. Ya los tienen los funcionarios
de alto nivel del Ejecutivo, del poder judicial así como senadores y
diputados lo que sangra los recursos fiscales. Los grandes sindicatos
negocian seguros privados que las empresas al igual que los individuos
pueden descontar en el pago de impuestos que es otro subsidio fiscal a
los privados.
* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
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