Plan B Lydia Cacho
Entrevisté a un ex agente de la CIA en México. Ya jubilado
trabajó algunos años como asesor en seguridad privada para grandes
corporaciones internacionales; montó oficinas de inteligencia para
blindarles de la delincuencia organizada. Me hizo varias confesiones que
publicaré en un libro, pero una de ellas viene al caso para este fin de
semana. El experto aseguró que el gran éxito del gobierno mexicano para
mantener a la sociedad sometida a las violencias cruzadas (delincuencia
común y organizada, violencia de Estado y policíaca, impunidad e
ineficacia penal), radica en el fervor guadalupano de la mayoría. Lo que
me pareció una broma terminó convirtiéndose en una explicación
razonable sobre los hábitos de la sociedad mexicana para enfrentar la
narcoguerra. Esa tediosa e interminable culpa cristiana, el miedo a la
autoridad patriarcal, el pavor a enfrentar las crisis y los conflictos
de formas no violentas y efectivas, son los ingredientes que unificados
permiten que la frase “tenemos el gobierno que merecemos” permanezca y se reproduzca en las nuevas generaciones.
Es sencillo rebatir esa filosofía derrotista de la
absurda y equivocada visión mexicana de los problemas que abaten a
nuestra sociedad, tales como la violencia mortal, el crecimiento de los
grupos de delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, los
altísimos niveles de impunidad y la persistente corrupción de las
agencias del estado (todo ello en un solo enjambre que avala el
fortalecimiento y la justificación del estado policíaco punitivo de la
sociedad crítica, que se resiste a la prevención, al diálogo, a la
persecución de los delitos más notables en sus líderes políticos).
Esta semana, en el estado de Coahuila, un grupo encabezado por la valiente ciudadana Silvia Ortiz,
encontró lo que se ha denominado un campo de extermino con fosas
clandestinas en las que, hasta el momento, se han encontrado 600 restos
humanos. Los datos oficiales reportan que en el estado han desaparecido 2
mil personas, los extraoficiales dicen que 3 mil. A partir de esta
noticia las autoridades locales se vieron forzadas a reconocer
públicamente que desde abril de este año, ya la policía había encontrado
más de 3,500 restos humanos de niñas, niños y adultos. Paralelamente en
Veracruz la fiscalía encontró los cuerpos inertes de tres jóvenes
estudiantes recientemente reportados como desaparecidos, una mujer y dos
hombres. Cuando las madres y padres fueron llamados a servicios
periciales, las autoridades cometieron un acto de crueldad insólito:
abrieron los puertas de las cámaras frías, allí sobre las mesas
metálicas estaban a la vista los jóvenes cuerpos, casi aniñados, sangre
escurriendo de las planchas y las ropas de las víctimas tiradas como
despojos. En un arranque de desesperación, madres y padres corrieron
hacia sus criaturas, el olor fétido de ácido sulfúrico, formol y
descomposición resultaba insoportable, pero nada les detendría de
intentar mirar y resguardar los cuerpos de sus hijos e hija que habían
desparecido luego e ir a un centro comercial.
Estas historias se repiten a diario en México, lo que sigue
sorprendiendo es que, al tocar estos dos temas en redes sociales, una
gran parte de usuarios sigue culpando a las víctimas, a sus padres, a la
sociedad. “Tenemos este gobierno impune porque la gente votó por
ellos”, insisten los comentaristas. Yo digo que no, que tenemos este
gobierno porque hay una política de estado que permite la guerra entre cárteles por el poder político,
porque los partidos han logrado incluir en sus huestes a lo peor de
México, que han sido infiltrados por las mafias, la delincuencia
organizada; que una sociedad que vive en democracia paga impuestos para
que profesionales y expertos lleven las riendas del país, que son ellos,
gobernadores, procuradores, jefes policíacos, jueces, alcaldes y
congresistas los verdaderos responsables de que haya campos de
exterminio en México. No debemos seguir insistiendo en que es culpa de
la sociedad, a la que no le corresponde la investigación y persecución
de crímenes de lesa humanidad o de delitos comunes, ya suficiente
hacemos millones en materia de prevención y educación. Culparnos es
desviar la atención de los verdaderos responsables de esta crisis. Hay
que sumarse a los colectivos que tienen evidencia de los responsables y
multiplicar el poder ciudadano hasta lograr su arresto, su renuncia, su
sentencia nacional e internacional.
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