CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de las acciones simultáneas de protesta por el incremento al precio de los hidrocarburos, defensores de derechos humanos alertan sobre la infiltración de grupos ajenos a las demandas populares, encaminados a “justificar” que el gobierno de Enrique Peña Nieto recurra a la represión y a la suspensión de garantías.
En ello coinciden, en entrevistas por separado, Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), y Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) del Estado de México.
Ambos defensores expresan su preocupación porque ante el reclamo legítimo de la ciudadanía se busque operar de facto una legislación en materia de seguridad pública que está en discusión, como la Ley de Seguridad Interior, o las detenidas por acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2016, como la que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México (llamada “ley Eruviel”) y la federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Tras registrarse los primeros disturbios en el Estado de México, las organizaciones de derechos humanos que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, entre ellas la Red TDT, prendieron las luces de alerta el miércoles 4, por la forma en que las protestas ciudadanas fueron opacadas por saqueos y mensajes de pánico en redes sociales.
Un día después, la CNDH pidió a autoridades federales, estatales y municipales, garantías para ejercer el derecho a la protesta, al tiempo que reprobó el vandalismo y los saqueos.
El secretario ejecutivo de la Red TDT –con 80 organizaciones civiles afiliadas en 21 estados– recuerda que la infiltración de los movimientos sociales ha sido una táctica registrada desde el primer día en que Enrique Peña Nieto tomó posesión, durante las marchas de diciembre de 2012, por lo que no es aventurado suponer que lo mismo ocurra en estos momentos con las protestas por los gasolinazos.
“Hemos visto cómo la gente infiltrada, que hace daño al interior del movimiento de resistencia y de inconformidad, sirve para ir abonando a un ambiente de represión. Que haya una mano dura a la que recurre este Estado que no tiene soluciones”.
Para Ríos Martínez, las expresiones de rapiña en el país “están siendo efectivamente realizadas por ciertos grupos de intereses extraños, ligados al gobierno, y estas situaciones pueden abonar a leyes que sean contrarias a los derechos humanos.
“En este contexto, cada vez más se está justificando echar mano de las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando se está hablando de dotar de un marco jurídico para el Ejército y de legislar la suspensión de garantías. Son temas que parecerían desligados o ajenos al aumento del precio de las gasolinas, pero vemos una posible implicación y nos preocupa mucho”.
Al señalar que la reacción de inconformidad en el país es natural ante “un despojo generalizado, como es el aumento al precio de las gasolinas”, Ríos Martínez dice que éste sería el primero de una serie de despojos y de violaciones a derechos humanos que traerá la reforma energética, contra la que la Red TDT promovió amparos entre septiembre y octubre de 2014, sobreseídos por jueces federales.
“Lo que vemos ahora es una afectación inmediata a los bolsillos de los mexicanos, que va a traer mayor precariedad y pobreza, además de que ya estamos viendo la pérdida de la soberanía en los combustibles, pero en los próximos años veremos violaciones graves cometidas por las grandes trasnacionales del petróleo, que despojarán a los campesinos se sus tierras, amparados en las leyes de ocupación temporal, así como la contaminación y otros abusos que traerán mayores protestas”.
Ante esos escenarios, advierte, se busca alentar la represión, el “uso de la fuerza”, con una fórmula conocida: “Estas situaciones que parece que se salen de control, buscan luego una justificación del uso de la fuerza y se va provocando que el Estado sea favorecido al final de estas protestas, porque es quien nos ha ‘salvado’ de la situación de conflicto”.
Complicidad policiaca
Antonio Lara Duque, quien a través de su organización ha monitoreado las manifestaciones de inconformidad en el Estado de México, asegura tener testimonios de la intervención directa de cuerpos policiacos estatales y municipales, tanto en saqueos como en la propagación de mensajes orientados a crear miedo entre la población.
“Este estado de caos y psicosis que existe en el Estado de México está siendo inducido por los cuerpos policiacos de la entidad y de al menos 20 municipios del Valle de México que hemos identificado, sin soslayar que podamos encontrar otro tipo de ligas y responsabilidades”, sostiene Lara.
Expone que personas que atestiguaron el saqueo de la tienda Chedraui de Nicolás Romero, el lunes 2, advirtieron de la presencia de agentes municipales y estatales, quienes “no sólo no intervinieron, sino que varias de las televisiones y de los aparatos electrodomésticos que fueron robados, fueron depositados en la parte de atrás de las camionetas de las policías municipal y estatal por las personas que los sustrajeron de la tienda, quienes luego regresaban por más productos. Si no fue la orden de un mando, al menos los policías presentes no sólo fueron omisos, sino que participaron de forma indirecta en los hechos.”
Agrega que en municipios conurbados del Valle de México, policías locales han “generado un ambiente de miedo”.
Según Lara, vecinos dijeron al CDHZL que los agentes recorrían colonias populares que participaban en protestas, para advertir que “no salieran de sus casas o que desalojaran calles y comercios, porque grupos armados y personas con capuchas iban a causar desmanes y a saquear”.
Sin embargo, “las direcciones de Seguridad Pública y de Comunicación Social de los municipios y en sus redes sociales desmentían los hechos vandálicos”, apunta.
Advierte que en “esta estrategia de provocación e infiltración” y ante la falta de control de las movilizaciones sociales, la intención de “aplicar de facto la ‘ley Eruviel’, que legitima el uso excesivo de la fuerza, protege a los cuerpos policiacos ante posibles violaciones a los derechos humanos, y sobre todo protege a los altos mandos, incluidos presidentes municipales y al gobernador”.
Para Lara Duque, el riesgo es mayor si se considera que la situación podría enconarse aún más, debido a que “hay un descontento popular totalmente legítimo, en el que están participando principalmente transportistas, tradicionalmente controlados por los gobiernos locales, y las mujeres, que protestan ante un incremento totalmente agresivo contra la población, y hasta ahora la lógica gubernamental no ha podido entender el descontento”.