CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las protestas contra el gasolinazo confirman que México es hoy una nación invertebrada. De un lado, un gobierno ortodoxo que desestima la irritación social y, peor aún, que la exacerba queriendo sacar ventaja política. Del otro, una sociedad desarticulada que a pesar de las afectaciones, su protesta se atomiza en distintos intereses.
Desde la perspectiva de los economistas gobernantes, la liberalización del precio de los combustibles es algo más que los mexicanos pueden aguantar. Apuestan a que las protestas no pasarán de eso y se anularán con la operación de las empresas estadunidenses.
En su radicalismo, eliminan los subsidios para elevar los precios bajo la apuesta de que la competencia bajará el costo al consumidor. La misma cantaleta desde fines de los ochenta.
Ya parece que las petroleras estadunidenses van a renunciar a sacar la mayor ganancia posible de México, tal y como lo han hecho los bancos y todos los beneficiados con esa ortodoxia.
El costo social no es la única insensibilidad gubernamental. También lo es respecto a la utilización política. Primero, con la instrumentalización de las protestas y luego con el reparto de culpas a los opositores.
Si se confirma que las autoridades contrataron a expertos en ciberataques, como la llamada secta 100tifik, el fracaso fue evidente, pues la propia autoridad quedó exhibida ante el vandalismo. Además, la movilización continuó.
Malogrado ese propósito, intentó entonces manipular respecto a los “responsables” de la situación. En mensaje nacional, el presidente Enrique Peña acusó a sus antecesores del PAN de haber mantenido artificialmente el precio de la gasolina. Con independencia de que así fuera, la torpeza fue evidente: quienes participaron en eso son los mismos que ahora son sus colaboradores, empezando por su secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Después, orientó las culpas hacia la izquierda, entre ellos el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Para eso se valió de una filtración en la que se usó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente del gran ausente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La Comisión avaló “un documento interno” elaborado por la División Científica de la Policía Federal. A cargo de Patricia Trujillo Mariel, designada apenas en octubre pasado, esa División no ha sido igual de diligente en la persecución de los delincuentes, ya no de los que están en las calles, sino de quienes se han apoderado del aparato público.
Con su consentimiento o no, el titular de la CNS, Renato Sales Heredia, tuvo que poner la cara, o por lo menos el sello de su oficina.

De esa vergonzosa repartición de culpas participan también los partidos políticos, culpándose unos a otros.
Las movilizaciones, sin embargo, no han articulado hasta ahora una protesta del tamaño de la irritación social. Desde hace años, la sociedad atomizó sus demandas con agendas específicas: de derechos humanos, género, ambientalistas, lésbico gay, seguridad, etc.

Lo mismo pasa con los empresarios, como lo mostró la ausencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, promovido esta semana por Peña Nieto.
Separada de los dirigentes de la cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la patronal, como las otras expresiones sociales, tiene su propia agenda.