El
sombrío panorama que pintó el presidente Enrique Peña Nieto en su
mensaje a la nación el jueves 5 en caso de no incrementar los precios de
las gasolinas –los dramáticos recortes a los principales programas
sociales y el aumento de impuestos– es parte de la realidad mexicana
desde hace al menos dos años. El gobierno federal no sólo ha recortado
los programas de apoyo a sectores vulnerables, sino otros rubros del
gasto social, mientras en la Sedesol y otras dependencias sólo crece una
partida: la de servicios personales, de donde cobran los titulares y
sus allegados.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos
dos años el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto abandonó a la
población más vulnerable del país, al privar de 9 mil 292 millones de
pesos a diferentes programas administrados por la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol).
Ese recorte presupuestal, equivalente
a 8.6% de las partidas de la Sedesol destinadas a los subsidios,
contradice el mensaje que Peña Nieto dirigió a la nación el pasado
jueves 5, tras varios días de protestas y saqueos por el gasolinazo en
varias entidades: argumentó que mantener los precios subsidiados de las
gasolinas hubiera obligado a que su administración recortara los
programas sociales.
Concretamente, Peña Nieto sostuvo que
“mantener un precio artificial de la gasolina” equivaldría a “suspender
tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de
mexicanos”. Sin embargo, no mencionó que para 2017 su administración
recortó 5 mil 454 millones de pesos del presupuesto de ese programa, es
decir, 9.1%.
El contexto es sumamente desfavorable a las duras
medidas. Analistas y agencias de notación financiera auguran un mal año
económico para México, con una tasa de inflación que puede superar 4%,
el crecimiento económico reducido a 1.3 % y el valor del peso en caída
frente al dólar.
Durante la primera semana del año, varias
organizaciones empresariales aseguraron que los sucesivos incrementos
del precio de las gasolinas jalarán al alza el transporte y los
alimentos básicos.
Prevén que la situación afecte principalmente a
los más vulnerables, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014, los 6 millones 300 mil hogares
más pobres del país gastan en promedio una quinta parte de su ingreso
en transporte y en cereales, principalmente maíz.
Además persiste
el temor por las políticas de Donald Trump cuando tome posesión como
presidente de Estados Unidos, el próximo viernes 20. Durante su campaña,
el republicano prometió deportar al menos a 3 millones de migrantes
indocumentados, aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas y
recaudar impuestos sobre las remesas. De nuevo los mexicanos más pobres
quedarán en la primera línea de la guerra económica y política.
El
gobierno mexicano no tiene cómo atenuar esos daños. El 12 de octubre
pasado, al comparecer en el Senado, el titular de la Sedesol, Luis
Enrique Miranda Nava, aseveró que en 2017 quedarían intactos “el
programa de adultos mayores, el programa de Prospera, el programa de
mujeres jóvenes o seguro de mujeres jóvenes y el programa de estancias
infantiles”. Añadió: “Tenemos una buena noticia: no vamos a disminuir
los gastos en desarrollo social”.
Aparte de que la Sedesol no
tiene ningún programa ni “seguro de mujeres jóvenes”, Miranda torció la
realidad: después de sendos recortes en 2015 y 2016, de 8.6% y 2.3%
respectivamente –y sin tomar en cuenta la inflación–, para este año la
secretaría a su cargo dispondrá de 97 mil 860 millones de pesos para
subsidios.
Sin embargo, la tijera no cortó parejo. La oficina de
Miranda ejercerá este año 44 millones 687 mil pesos para “Servicios
Personales”, 7 millones 211 mil pesos más que el monto asignado a su
predecesor, José Antonio Meade Kuribreña. Además Miranda dispondrá de 25
millones 295 mil pesos en la partida de “Otros” gastos.
El
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal
(COGAPF) incluye en la partida “Servicios Personales” las remuneraciones
al personal y los pagos de seguridad social, así como estímulos a los
servidores públicos.
Entre el año pasado y el entrante, la única
partida que creció en el gasto general de la Sedesol fue precisamente la
de servicios personales, que para 2017 tiene 2 mil 913 millones de
pesos, o sea 83 millones más que en 2016.
De acuerdo con un
análisis de los presupuestos de egresos de la federación de los últimos
tres años, realizado por Proceso, todos los subsidios a los programas
sociales de la Sedesol sufrieron recortes este año, con excepción de los
destinados a las tiendas Diconsa, al programa de abastecimiento de
leche Liconsa y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que
nominalmente conservaron sus presupuestos idénticos a los de 2016.
En
contraparte, en dos años la Sedesol perdió mil millones de pesos para
sus gastos de operación, por lo que sólo dispondrá de 2 mil 887 millones
de pesos: 15% menos que en 2016.
En su mencionada comparecencia,
Miranda omitió que para 2017 perdieron 143 millones de pesos los
subsidios asignados a la coordinación nacional de Prospera, programa con
6 millones 43 mil afiliados, según el padrón disponible en la página de
la secretaría.
A su vez, este año el programa de Pensión para
Adultos Mayores operará con 38 mil 981 millones de pesos, pues se le
retiraron 386 millones. Este monto bastaría para entregar 580 pesos cada
mes a 55 mil 459 ancianos durante un año.
De igual forma, el
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
perdió 41 millones 331 mil pesos en 2017, ya que el gobierno federal le
asignó sólo 3 mil 864 millones de pesos.
Según el COGAPF, a
diferencia de los servicios personales, los subsidios están destinados a
la ciudadanía “para el desarrollo de actividades prioritarias de
interés general”.
Gasto social atrofiado
El
pasado 6 de mayo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y al Congreso el documento Consideraciones para el
presupuesto 2017, en el que enlistó los 83 programas y acciones operados
por 18 dependencias federales, los cuales considera “prioritarios” en
materia de derechos sociales.
El consejo urgió a la SHCP a valorar
dos objetivos “primordiales” al diseñar el gasto social para 2017:
reducir la pobreza, especialmente la extrema, e incrementar el “acceso
efectivo a los derechos sociales”.
El 8 de septiembre, un día
después de que fue nombrado titular de la SHCP, Meade Kuribreña entregó
el proyecto de paquete económico 2017 al Congreso para su discusión y
posterior votación. El artífice del proyecto fue Luis Videgaray Caso, su
predecesor en Hacienda y a quien Peña Nieto designó secretario de
Relaciones Exteriores el pasado miércoles 4.
De acuerdo con un
documento que publicó el Coneval ese mismo 8 de septiembre, el proyecto
de presupuesto de Videgaray pretendía eliminar 10.48% del gasto social
(98 mil 541 millones de pesos), mientras que el total del gasto federal
únicamente disminuía en 4.41%.
En otras palabras: el plan de
“austeridad” del actual canciller resultaba 2.4 veces más severo para la
política social que para el gasto federal en su totalidad.
Los
diputados corrigieron parcialmente ese proyecto: reasignaron 67 mil 707
millones de pesos al desarrollo social, campo, justicia, combate a la
corrupción, infraestructura y federalismo. Aun así, el gasto social
salió perjudicado.
De los 34 países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que menos
invierte en gasto social público: le destina apenas 7.4% del PIB, cuando
el promedio en la OCDE es de 20.7%. México también tiene el índice más
alto de desigualdad de los miembros de la OCDE, sólo después de Chile.
Recortes contradictorios
Según
el Coneval, 55.3 millones de mexicanos vivían en pobreza en 2014, de
los cuales 11.4 millones sufrían pobreza extrema. Otras 39.5 millones de
personas se encontraban en la delgada línea de “vulnerabilidad” por
carencias sociales o por su escaso ingreso, es decir, en riesgo de caer
en pobreza.
En cuanto al Programa de Empleo Temporal, que el año
pasado benefició a 38 mil 205 personas, sufrió un drástico golpe: de los
mil 412 millones de pesos que ejerció el año pasado, bajó a 706
millones en 2017; apenas la mitad. El Coneval considera que este
programa es prioritario.
En un boletín emitido el pasado jueves 5,
la Sedesol alabó los logros del Programa 3 por 1 para Migrantes,
mediante el cual los tres órdenes de gobierno apoyan proyectos diseñados
y fabricados por migrantes mexicanos en Estados Unidos. En 2017 este
programa dispondrá de 464 millones de pesos mientras que el año pasado
operó con 592 millones, es decir, tendrá que conformarse con 127
millones menos.
También de un año para el otro se le retiraron 950
millones de pesos de subsidios a programas como el de Fomento a la
Economía Social; de Jornaleros Agrícolas y de Coinversión Social. Los
subsidios para Programas a Jóvenes fueron reducidos a la mitad (35
millones) y el de comedores comunitarios sufrió un tijeretazo de 90
millones.
El recorte también le pegó a las delegaciones de la
Sedesol, que en 2017 entregarán 2 mil 745 millones de pesos en
subsidios, es decir 663 millones de pesos menos que en 2016. También se
repitió la correlación de gasto de otras dependencias federales: los
gastos de servicios personales crecieron en 26 delegaciones, mientras
que sus gastos de operación bajaron 10%.
Específicamente la
delegación de la Sedesol en Chiapas –la entidad con mayor población en
pobreza extrema– operará este año con 107 millones de pesos para
subsidios, 25 millones menos que en 2016. En tanto, la delegación en el
Estado de México perdió 79 millones de pesos de subsidios, a pesar de
que esa entidad cuenta oficialmente con 8 millones 269 mil pobres.
Otra
dependencia federal afectada por el recorte al gasto social es la
Secretaría de Salud (SS), que opera el Seguro Popular y el Seguro Médico
Siglo XXI, y la cual este año perdió 7 mil 58 millones de pesos para
subsidios, en tanto que el recorte total en la SS fue de 7.9% (10 mil
399 millones).
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) fue otra víctima de la mutilación presupuestal
–esa que pudo ocurrir si no se “liberaban” los precios de las
gasolinas–, pese a que siete de cada 10 hablantes de lenguas indígenas
sufren de pobreza y tres de pobreza extrema, según el Coneval.
Entre
2016 y 2017, la SHCP eliminó 6 mil 100 millones de pesos a los
subsidios de la CDI, equivalentes a 60%. El Programa de Apoyo a la
Infraestructura Indígena funcionará con 2 mil 204 millones de pesos, una
tercera parte del subsidio de 2016, y el presupuesto del Programa de
Mejoramiento a la Producción y la Productividad Indígena fue reducido a
la mitad.
No obstante, en la partida de servicios personales la CDI obtuvo un incremento de 6 millones 107 mil pesos.
El
gobierno federal también redujo el presupuesto de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular es
Rosario Robles Berlanga, al retirarle 9 mil 394 millones de pesos a los
subsidios y 42% de su presupuesto.
El Programa de Infraestructura,
a través del cual la Sedatu mejora los espacios urbanos en zonas
humildes, perdió 5 mil 299 millones de pesos de subsidios, mientras el
Programa de Acceso a Financiamiento para Soluciones Habitacionales, cuyo
objetivo es ayudar a las familias en la compra de casas, sufrió un
recorte de 3 mil millones de pesos, y el de Apoyo a la Vivienda –para
que familias de escasos recursos construyan, amplíen o mejoren sus
casas– fue despojado de 500 millones de pesos.
No obstante, la
partida de servicios personales de la Sedatu creció en 90 millones de
pesos, cuatro de los cuales fueron directamente a la oficina de la
secretaria Robles Berlanga, es decir, sólo ella con su secretario
particular y sus asesores dispondrán este año de 41 millones 884 mil
pesos.
Este reportaje se programó originalmente en la edición 2097 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario