By José Reyez
México
ha sido reprobado en materia de derechos y libertades democráticas por
sexto año consecutivo respecto a varios países de Latinoamérica,
advierte la fundación Konrad Adenauer, mientras que la organización
humanitaria Freedom House alerta que el país se encuentra en grave
riesgo de entrar en una fase de autoritarismo sin precedentes en su
historia moderna.
En su informe 2016 sobre el Índice de Desarrollo
Democrático de Latinoamérica (IDD-Lat), la fundación alemana demócrata
cristiana Konrad Adenauer señala que México enfrenta un grave retroceso
en materia de derechos, libertades y democracia de los ciudadanos.
“México
ocupa la misma décimo cuarta posición que en 2014 y 2015 en desarrollo
democrático. El descenso de su puntuación es producto de caídas en los
indicadores de adhesión política y tasa de secuestros, este último, uno
de los componentes de la variable condicionamiento de las libertades por
inseguridad”, señala el documento que compara cada año el avance
democrático de 18 países de Latinoamérica.
“Tanto en
participación de la mujer en el gobierno, como en tasa de homicidios,
los puntajes son superiores a los del 2015, con lo cual México se
integra al conjunto de países con bajo desarrollo democrático,
empeorando su categorización, pues en el 2015 presentaba desarrollo
democrático medio”, subraya la fundación alemana.
Añade que a esta
situación propia del país se suma la coyuntura internacional de un
complejo panorama de inestabilidad y conflicto que, aunque no impacta
plenamente en la región latinoamericana, genera un marco poco propicio
para generar políticas de largo plazo que ataquen de raíz los problemas
endógenos mencionados.
En cuanto a capacidad para generar
políticas que aseguren eficiencia económica, el informe establece que
México muestra la peor puntuación, del orden del 58 por ciento con
respecto al año anterior, y se aleja de los mejores puntajes de toda la
serie (2004, 2009 y 2014) al obtener el peor resultado desde el 2002 a
la fecha.
Ello es producto de una caída en los indicadores de la
brecha entre ingreso e inversión, ya que a pesar de que es uno de los
pocos países de la región que presenta un crecimiento en PIB per cápita y
muestra mejores resultados en la variable de inversión, no son
suficientes para contrarrestar los procesos negativos en las otras
variables de la economía.
Históricamente, dice, México formó parte
del grupo de países con desarrollo democrático medio y ha superado
siempre el promedio regional; sin embargo, por segunda vez consecutiva
se coloca por debajo del promedio regional y forma parte del conjunto de
países con bajo desarrollo democrático, junto con El Salvador,
República Dominicana y Paraguay.
El Índice de Desarrollo
Democrático Latinoamericano (IDD-Lat) evalúa el desarrollo democrático
sobre la base de cuatro dimensiones: la democracia de los ciudadanos,
que mide el clima de respeto de derechos y libertades en cada país; la
democracia de las instituciones, que evalúa el comportamiento de las
instituciones y del sistema político en relación con los principios
republicanos; la democracia social, que analiza la gestión de gobierno
en la generación de mejores condiciones para el desarrollo humano; y la
democracia económica, que determina la evolución de la gestión de la
economía en beneficio de la sociedad de los individuos.
“México
aún está en una zona de alarma, porque a pesar de revertir la tendencia
negativa que venía presentando en los últimos años, su crecimiento es
muy leve y su puntuación final lo coloca en la misma situación del 2015,
lejos de lo que había logrado en los tres primeros años de medición del
IDD-Lat, cuando presentaba expectativas de acceder al grupo de países
con alto desarrollo democrático”, estima el informe.
En la
dimensión económica muestra una fuerte caída, que trae como consecuencia
el peor valor desde el 2002 a la fecha, aunque se mantiene por encima
del promedio regional y forma parte del conjunto de países con
desarrollo democrático medio.
Entre sus conclusiones, el informe
de Konrad Adenauer explica que para que un país pueda alcanzar plenitud
democrática necesita, junto con los avances socioeconómicos, transitar
con libertad e igualdad los caminos establecidos por su sistema político
y respetar los derechos y garantías de todos los ciudadanos en el marco
de instituciones con plena vigencia, en base a la división de poderes
establecidos en su sistema republicano.
De tal suerte que “la
evaluación 2016 muestra la necesidad de profundizar los esfuerzos, con
distintos grados y matices, en el desarrollo de los aspectos de la
democracia que refieren a los derechos y libertades de los ciudadanos,
la calidad de las instituciones y la consolidación del sistema de
representación política”.
Asimismo, sugiere que el análisis de
cada indicador y cada dimensión, en comparación de esos valores con la
propia historia del país y con la situación en países de similares
complejidades y contextos, resulta importante para la elaboración de
políticas de Estado que apunten a eliminar de raíz los graves problemas
políticos, sociales y económicos de los países de la región.
América Latina, la más desigual del mundo
En
el rubro de la dimensión de democracia social, el informe IDD-Lat 2016
de la Fundación Konrad Adenauer destaca que en Latinoamérica la pobreza
crónica continúa extendida y representa el 91 por ciento y el 50 por
ciento de la pobreza extrema y moderada, respectivamente.
Sostiene
que desde hace tres años la región de América Latina y el Caribe ha
estado afectada por una desaceleración económica, cuyos efectos
acumulados se pueden describir como una crisis en cámara lenta. El pleno impacto de esta desaceleración en los mercados laborales se ha sentido en los años 2015 y 2016.
“Desigualdad,
exclusión y pobreza persisten como los mayores de desafíos para la
democracia y conspiran contra el desarrollo económico y social de
América Latina y el Caribe”, enfatiza.
Dice que el impacto
destructivo de la extrema desigualdad sobre el crecimiento sostenible y
la cohesión social es evidente en la región. Aunque se ha logrado una
reducción de la extrema pobreza durante la última década, continúan
altos los niveles de desigualdad del ingreso y de distribución de la
riqueza, que han obstaculizado el crecimiento sostenible y la inclusión
social.
En América Latina y el Caribe la desigualdad impide
retornar a una trayectoria de crecimiento inclusivo, ante un entorno
exterior desalentador. Aunque la desigualdad del ingreso se ha reducido
durante los últimos años, América Latina sigue siendo la región más
desigual del mundo. En 2014, el 10 por ciento más rico de la población
de América Latina había amasado el 71 por ciento de la riqueza de la
región.
Entre 2002 y 2015 las fortunas de los multimillonarios de
América Latina crecieron en promedio un 21 por ciento anual; es decir,
un aumento seis veces superior al del PIB de la región. Gran parte de
esta riqueza se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales, lo que
significa que una gran parte de los beneficios del crecimiento de
América Latina está siendo acaparada por un pequeño número de personas
muy ricas, a costa de los pobres y de la clase media, sin generar efecto
virtuoso alguno sobre las economías y las sociedades locales.
Finalmente,
da cuenta de que en términos de la evolución respecto del año anterior,
los países que presentan el mayor deterioro en desarrollo económico son
Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Colombia, acompañados por
Argentina, México, Panamá, Bolivia, Honduras y Uruguay. Es una señal de
alarma el descenso de Brasil y México, tratándose de los megapaíses que
deberían ser las locomotoras de la región.
Riesgo de autoritarismo: Freedom House
Para
Freedom House, México es un país parcialmente libre, merced a la
prevalencia de corrupción, impunidad, agravios a derechos humanos y a
las libertades democráticas de prensa, de asociación, de expresión, y la
presencia de tortura, desapariciones y violencia en el territorio
nacional.
“Estamos en peligro de retroceder aún más hacia una
militarización total de la seguridad pública, que es de competencia de
las autoridades civiles, con la reforma constitucional para regular la
actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado”,
alerta la directora de Freedom House México, Mariclaire Acosta Urquidi.
La
activista defensora de derechos humanos argumenta que “una cosa es
reglamentar la actuación de las fuerzas armadas en seguridad pública y
otra crear un pacto de impunidad, en caso de que se reglamente para
suspender garantías individuales. Estaríamos frente a un negro y nocivo
panorama para el país”.
Además, Mariclair Acosta enfatiza que de
aprobarse la reforma en materia de seguridad pública, la población
estará inmersa en un gran peligro, ya que “ni va a combatirse la
inseguridad y tampoco tendremos libertades ni derechos, es muy grave”.
Expresa
que es necesario “separar la seguridad pública de la seguridad nacional
y fortalecer al ejército, pero hay que crear un plan realista para que
el ejército y las fuerzas armadas puedan regresar a sus cuarteles; ya
llevan muchos años y la seguridad no mejora. Lo que se requiere es tomar
en serio la responsabilidad de brindar seguridad pública a la
población, lo cual recae en los civiles, no en los militares”.
Para
que México sea realmente un país libre, dice, se requiere que todos los
derechos y libertades democráticas sean asequibles a la población, que
formen parte de la vida cotidiana de los habitantes del país.
Freedom
House considera que la guerra contra las drogas decretada por el
panista Felipe Calderón ha tenido un impacto muy negativo para el
desarrollo de la democracia y de los derechos ciudadanos en el país, ya
que ha propiciado mucha violencia e impunidad, dice la también
investigadora del CIDE.
En México se requiere construir
instituciones de procuración de justicia fuertes, ya que la tasa de
impunidad es altísima, la de homicidios es de 85 por ciento y de delitos
graves del 93 por ciento. Es decir, “no se han construido instituciones
capaces de resolver la inseguridad y la delincuencia a pesar de las
reformas al sistema de justicia penal”, dice Acosta Urquidi.
México, parcialmente libre
En
su informe 2016, Freedom House califica a México como un país
parcialmente libre, al señalar que es el sexto año consecutivo que
obtiene esta clasificación debido a diversos hechos que convierten al
país en un terreno frágil que ponen en riesgo las libertades de la
población.
Durante 2014, agrega, la narrativa del gobierno de
Enrique Peña Nieto, caracterizada por un discurso de buena gobernanza y
protección de los derechos humanos, fue cuestionada por el destape de
escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que se
extendieron a 2015.
Señala que casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato; así como la fuga de El Chapo
Guzmán, pusieron en entredicho el discurso oficial. De igual forma lo
hicieron distintos reportes de relatores de organismos como el GIEI, la
CIDH, la ACNUDH y distintas ONGs.
Refiere que según la
organización Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de
175 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014. Y que a pesar
de estar vigente desde abril de 2015 una nueva ley de transparencia,
continúa la negativa del gobierno mexicano para dar acceso a archivos
relacionados con los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del
Estado.
Además, el crimen organizado se mantiene infiltrado al
interior de gobiernos locales para asegurar que no serán castigados,
mientras que el 95 por ciento de la emisión de televisión abierta
continúa en manos de dos televisoras, pese a la creación de dos nuevos
canales.
Asimismo, activistas y miembros de organizaciones civiles
enfrentan casos violentos de ataques, amenazas y en algunos casos
asesinato. En marzo de 2015, el relator Especial para la Tortura de la
ONU presentó el informe de México, en el que afirmó que la tortura es
una práctica generalizada de las fuerzas policiacas.
El gobierno
ha sido presionado nacional e internacionalmente para atender el caso de
las desapariciones, las cuales se estiman en 24 mil. Aunque las mujeres
tienen mayor presencia en la vida política y social, la violencia de
género ocurre con frecuencia. México es un país de origen, tránsito y
destino para el tráfico de personas, incluidos menores y mujeres, muchos
de los cuales son víctimas de explotación laboral y sexual.
Impunidad
y violencia acicatean la libertad de expresión en México. Periodistas y
medios de comunicación, en menor medida, sufren una escalada de ataques
que en la última década se han incrementado progresivamente, al punto
que desde hace varios años el país se ubica en los primeros lugares en
el mundo por asesinatos, desapariciones y agresiones a periodistas.
Para
impedir que el país siga en esta pendiente de agravios a derechos
humanos y libertades democráticas, se requiere fortalecer las
instituciones como procuradurías de justicia, cuerpos policiacos y
construir instituciones fuertes, competentes, así como recursos para
combatir al delito, despenalizar el uso de drogas y atacar la
corrupción, plantea Mariclaire Acosta.
“Lo que pasa es que no hay
voluntad política para hacerlo. Hay que tomar decisiones importantes
para la vida institucional. Esto no es una fatalidad histórica, es una
decisión política, en la que los partidos políticos tendrían que hacer
su papel y dejar de hacer sólo sus cálculos electorales y realmente
representar los intereses de quienes votaron por ellos”, concluye.
Contralínea 521 / del 08 al 14 de Enero 2017
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