Marchan en la CDMX contra el gasolinazo. Foto: Xinhua / David de la Paz
Lo que está empezando a suceder es la venta del kilogramo de
tortillas a 15 pesos y una cascada de aumentos en alimentos que es
imposible controlar por parte del gobierno, el cual afirma sin embargo
que la subida de precios tendría que ser de 1% en correspondencia con el
gasolinazo. Nadie aumenta precios sólo en ese porcentaje, pero, además,
la causa es el acumulado del encarecimiento de los energéticos y,
principalmente, del proceso devaluatorio que ya lleva 70% desde el
inicio de la presente administración.
No tendría el menor sentido hablar de quitar el subsidio (nunca
demostrado con cuentas concretas) a las gasolinas para subsidiar
directamente el transporte de personas y mercancías. El incremento del
precio del combustible no puede dejar de repercutir en el esquema
general de costos porque ya se hizo súbito y es mayor. El gobierno
afirma que más de la mitad de la gasolina es consumida por el 10% de la
población, pero no es así con el diésel. Casi todo lo que se produce
requiere ser llevado a otro lugar.
Se ha criticado al gobierno de Enrique Peña por no haber anunciado y
explicado el gasolinazo con anticipación. Ese no fue su problema. Al
contrario, tal conducta le permitió sorprender. Lo que le resulta
contraproducente al gobierno es que sus argumentos son falsos. Cuando el
crudo en el mundo pasó de 100 a 40 dólares por barril, la gasolina y el
diésel en México no bajaron de precio. El combustible mexicano no se ha
vendido por debajo de su costo de producción ni de su precio de
adquisición mayorista en el extranjero, por tanto, el llamado subsidio
es lo que deja de cobrar el gobierno de IEPS debido al carácter
importado de la mayor parte de las gasolinas.
El problema de fondo es la negativa, durante 30 años, de invertir en
nuevas y modernas refinerías prefiriendo pagar impuestos en Estados
Unidos antes que en México. Es un problema del modelo neoliberal que
busca replegar al Estado y promover el llamado libre comercio, pero en
los hechos se ha arrugado al país y se ha agotado el mercado interno.
Además no existe seguridad energética, que entre tanto Obama restableció
en Estados Unidos.
Lo que el gobierno de Peña está haciendo es aumentar ingresos
públicos por la vía de ciertos precios, lo cual es una canallada
política en cualquier parte del mundo. El dinero adicional procedente de
las gasolinas será usado para dar cobertura al buscado superávit
primario, es decir, cubrir con suficiencia relativa el costo financiero
de la deuda, que se ha tornado excesiva pero por decisión del mismo
gobierno, quien la elevó demasiado, no obstante el bajo crecimiento de
la economía, que ha sido a su vez el mayor fracaso de la presente
administración.
Para el presente año todo será peor: el PIB no llegará ni al 1% de
aumento. El país se encuentra ya virtualmente en recesión. Todos lo
sabemos excepto el gobierno, que no quiere saberlo.
Peña-Meade-Videgaray buscan ahora estabilizar la deuda haciendo otra
vez la peor cosa en el peor momento. El gobierno anticipa la búsqueda de
dinero donde no lo hay, es decir, en el consumo interno de la mayoría,
los bienes-salario, que terminarán también aumentando de precio. La
repercusión directa del encarecimiento de las gasolinas tendrá de seguro
un costo mayor a los 200 mil millones de los que habla Peña en
referencia al inexistente subsidio efectivo del combustible, pero ése lo
pagarán principalmente quienes menos tienen, los consumidores de la
mayor parte de los alimentos que se producen en el país y los usuarios
del transporte público de automotores.
Es infamante decir que sin el gasolinazo habría que cerrar escuelas
públicas (Nuño) o dejar de cubrir las pensiones y jubilaciones
(Arriola). ¿Puede un gobierno cualquiera hacer eso? ¿De qué hablan los
gobernantes mexicanos? Quien hace canalladas suele explicarlas con
bajeza.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario