El Salvador, 08 ene. 17. AmecoPress/DebateFeminista.- Aunque
existe un subregistro en la magnitud de la ocurrencia de abortos
inseguros, de acuerdo a datos de 2011, se estima que cada año se
realizan en el mundo 22 millones de procedimientos de este tipo, lo que
produce discapacidades a cinco millones de mujeres en edad reproductiva y
la muerte de alrededor de otras 47 000 (Ahman y Shah 2011).
Informes recientes (gire/adc 2012; Guillaume y Lerner 2007)
indican que en cinco países latinoamericanos el aborto se criminaliza
en forma total. Esto significa que no se permite llevarlo a cabo ni bajo
circunstancias extremas, como cuando está en peligro la salud o la vida
de la mujer, cuando existen malformaciones en el feto incompatibles con
la vida extrauterina o cuando el embarazo es consecuencia de una
violación.
Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile y El
Salvador prohíben el aborto de manera absoluta. En este último país, a
través de dos reformas —una realizada al Código Penal y otra a la
Constitución— se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998, con
lo cual se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y con 12 al
personal médico que realiza la intervención.1 Sin embargo, el Código
Penal vigente antes de esta fecha tipificaba el aborto como un delito,
pero regulaba situaciones excepcionales que no merecerían sanciones,
como la violación y el riesgo para la vida de la madre.
Estadísticas
de la Organización Panamericana de la Salud indican que en El Salvador
el aborto inseguro es una de las cinco principales causas de muerte de
mujeres entre los 15 y 44 años de edad (oms 2012).
El
padecer de Beatriz, una joven campesina salvadoreña que en marzo de
2013 solicitó la interrupción de su embarazo, generó un debate público
que trascendió el nivel nacional y reflejó una vez más la intolerancia
de ciertos sectores sociales que tratan de imponer su lógica y sus
valores morales al conjunto de la población.
Beatriz. Principales hechos ocurridos entre marzo y junio de 2013
Después
de dos semanas de padecer una complicada situación de salud que
incluía, entre otros síntomas, hipertensión, fiebre alta y dolor
articular, el 2 de marzo de 2013, Beatriz, de 22 años, quien padecía
lupus eritematoso discorde,2 fue ingresada en un hospital de San
Salvador. En alguna medida este cuadro obedecía a que, frente a la
sospecha de estar embarazada, había suspendido los medicamentos
prescritos para controlar la enfermedad crónica que le habían
diagnosticado años atrás.
A través de diversos estudios que le
realizaron en los siguientes días, se halló que tenía un embarazo de 13
semanas, que el lupus se había exacerbado afectando la función renal y
que el feto tenía anencefalia; esto es, carecía de bóveda craneana y de
cerebro. Esta patología es incompatible con la vida extrauterina.
El
22 de marzo, el jefe de la Unidad Jurídica del Hospital Público
Nacional Especializado de Maternidad envió un escrito a la Junta de
Protección de la Niñez y Adolescencia señalando que la paciente
presentaba un embarazo de alto riesgo por lo que era “de vital
importancia realizarle un procedimiento médico, ya que, de no hacerlo,
existía una alta probabilidad de muerte materna”. En consecuencia, se
solicitaba “el pronunciamiento de la autoridad o institución competente,
ya que de no proceder quirúrgicamente corría extremo peligro la vida de
la paciente” (Freedman 2013).3
Frente a la falta de respuesta de las autoridades, once días después
Beatriz, con el apoyo de un grupo de activistas de Derechos Humanos y de
la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico,
Ético y Eugenésico (acdatee), pidió a la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia (csj) que otorgara un respaldo legal al
personal del Hospital Nacional Especializado de Maternidad para que
pudiera practicarle un aborto terapéutico y presentó un recurso de
amparo a su favor, abogando por el cumplimiento del artículo 2° de la
Constitución de la República de El Salvador, el cual garantiza el
derecho a la vida, a la integridad física y moral de las personas.
Dos
días después, el 12 de abril, el Comité Médico del citado hospital
consideró y acordó la finalización de la gestación, señalando también
que este procedimiento contravenía la legislación vigente en el país. De
inmediato, la doctora María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud,
dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia apoyando
el recurso de amparo de Beatriz al informarle que era urgente adoptar
un “abordaje médico-legal”, porque “la condición de la paciente se
deterioraba con la progresión del embarazo”.
En este contexto, con
el apoyo de La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El
Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Terapéutico, Ético y Eugenésico, y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (cejil), se solicitó la intervención de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Antes de remitir el
caso a la Corte Interamericana, la cidh emitió medidas cautelares para
que el Estado salvadoreño siguiera las recomendaciones del Comité Médico
respecto a la interrupción del embarazo.
El 29 de mayo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos exigió a las autoridades del país que
iniciaran de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y
efectivas para que los médicos puedan evitar daños que podrían llegar a
ser irreparables en la vida, integridad personal y salud de la joven (véase 20 13).
Un día antes, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de
Justicia de El Salvador dictaminó lo contrario: “Los derechos de la
madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (por nacer) ni
viceversa”. Enfatizó, asimismo, que “existe un impedimento absoluto para
autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección
constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la
concepción, como manda el artículo 1° de la Constitución de la
República”. En ese momento, Beatriz ya había superado las 20 semanas de
embarazo.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia tardaron 48
días en emitir un fallo en contra del amparo. Al respecto, la Ministra
de Salud afirmó: “Hemos analizado el fallo del Constitucional y creemos
que nos da la capacidad de actuar sin contravenir la Constitución. La
corte reconoce que se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de
Beatriz y dictaminan que se pongan todos los cuidados y los medios
disponibles para ello. Eso significa que deja todo en manos de las
autoridades de salud y yo, como máxima autoridad de salud, evaluada la
actuación de los médicos, considero que si se presenta la necesidad de
interrumpir el embarazo eso no sería un aborto, sino un parto inducido.
De manera que ni la mujer ni los facultativos tendrían consecuencias
legales” (Sahuquillo 2013b).
Con
este respaldo legal, se le practicó a Beatriz una cesárea el 3 de
junio, cuando cursaba la semana 27 de gestación y después de
transcurridas 14 semanas desde el momento en que se diagnosticó que el
feto era anencefálico. Esta condición determinó que solo sobreviviera
cinco horas. Beatriz permaneció varios días en terapia intensiva y fue
dada de alta una semana después.
Tensiones entre las organizaciones sociales, los grupos pro vida y la jerarquía de la iglesia católica
Desde
la década de los 80, el número de organizaciones sociales que trabajan
en América Latina por los derechos humanos de las mujeres y sobre todo a
favor de su salud, se incrementó significativamente. Sin embargo, el
término organizaciones sociales es ambiguo en la medida en que lo usan
agrupaciones que defienden tanto ideologías conservadoras como
progresistas y, como sucede en el caso que estamos analizando, puntos de
vista opuestos.
Durante el lapso transcurrido entre marzo y junio
de 2013, se dio un prolongado debate entre organizaciones feministas y
en pro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y
aquellas identificadas con los principios de la Iglesia católica
defendidos principalmente por la Conferencia Episcopal de El Salvador.
Como se expuso en el punto anterior, la Colectiva Feminista para el
Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (acdatee), el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil), el Foro
Nacional de Salud y otros grupos impulsaron una lucha sistemática por la
defensa de los derechos de Beatriz, la respaldaron en su solicitud de
que se le practicase un aborto terapéutico, la asesoraron a lo largo del
proceso judicial y la apoyaron emocional y psicológicamente antes y
después de que se resolviera su embarazo con la práctica de una cesárea.
Un elemento decisivo del accionar de estas organizaciones fue su
importante contribución al despliegue de una movilización internacional
que logró que la situación de Beatriz tuviera amplísima cobertura no
solamente en periódicos y medios de comunicación latinoamericanos, sino
también europeos y estadounidenses.
Además de las recomendaciones
producidas por la cidh y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
diversas organizaciones internacionales se movilizaron a favor de
Beatriz. Amnistía Internacional (ai), recogió firmas respaldando su
deseo de interrumpir el embarazo. ai recibió 154 970 cartas y las
entregó a Mauricio Funes, Presidente de El Salvador y a los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia. Además, les hizo llegar un documento
del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo, que
expresaba su solidaridad e incluía las firmas de legisladores de países
latinoamericanos así como de Europa, Australia, Asia y África (véase ipas 2013).
A
las campañas de agrupaciones de mujeres y por los derechos civiles de
El Salvador se sumaron otras internacionales, como Católicas por el
Derecho a Decidir, ipas, Women’s Link Worldwide, el Center for
Reproductive Rights, así como el Grupo Dator y la plataforma Decidir nos
hace libres de España. Asimismo, a mediados de abril el representante
de la Organización de Naciones Unidas (onu) en El Salvador, Roberto
Valent, y el experto en Derecho a la Salud de esta misma organización,
Anand Grover, en nombre del Sistema de las Naciones Unidas, hicieron un
llamado a las autoridades competentes a que, según las normas
internacionales de derechos humanos, tomaran a la brevedad posible las
medidas necesarias para proteger el derecho a la vida de Beatriz.
Por
su parte, Juan Méndez, Rashida Manjoo y Kamala Chandrakirana, relatores
de la onu contra la tortura, la violencia y la discriminación contra
las mujeres, respectivamente, declararon que se estaba sometiendo a
Beatriz a vivir una situación cruel, inhumana y degradante, pues la
incertidumbre extendía su sufrimiento, ya que tenía pleno conocimiento
del estado de salud del feto y del riesgo de muerte que ella misma
enfrentaba. Destacaron además que “el derecho internacional en su estado
actual no prohíbe ni impone el aborto pero prohíbe en forma absoluta el
trato cruel, inhumano y degradante, por ello los Estados están
obligados a arbitrar medios jurídicos eficaces para evitar someter a las
mujeres a situaciones que impliquen ese tipo de trato” (Sahuquillo 2013a).
El
trabajo diplomático fue también clave para lograr una alta
movilización. El Partido Socialista Obrero Español (psoe) envió a El
Salvador al diputado Javier Barrero, quien se reunió con los Ministros
de Justicia, de Seguridad Pública y de Educación para solicitarles que
hicieran una excepción a la legislación vigente y practicaran un aborto
para salvar la vida de la joven. De forma paralela, Elena Valenciano,
del Comité Ejecutivo del psoe, hizo esta misma petición al embajador de
El Salvador en España.
En una posición diametralmente opuesta a
las anteriores, los partidos políticos conservadores, las organizaciones
contrarias al aborto y la Conferencia Episcopal de El Salvador se
mostraron radicalmente en contra de cualquier intervención que implicara
poner fin al embarazo de Beatriz, incluso para salvar su vida. Todo el
tiempo mantuvieron un duro discurso descalificador de quienes no
compartían este punto de vista y asistían y asesoraban a la joven
durante su proceso médico y legal. Emblemático de esta posición es un
comentario realizado en Radio Paz Tu familia en Cristo, cuando Beatriz
entraba a la semana 27 de gestación: “La verdad es que, a estas alturas,
ya ni es necesario el aborto. Total… si Beatriz se pone mal… que le
hagan una cesárea y ya. Con tantas mentiras que dijo la Ministra de
Salud, es casi seguro que el niño tenga cerebro. Así que dejen de
lamentarse abortistas, nada puede impedirle a uno la muerte cuando le
toca”.
La denominada Red Familia, que aglutinaría alrededor de 50
organizaciones, dio a conocer por diversas vías, un pronunciamiento
rechazando que se llevara a cabo el aborto que solicitaba la joven y
denunciando que estaba siendo utilizada para lograr que se legalizara
esta práctica en el país. Este último argumento coincide con el
utilizado por la Conferencia Episcopal. El arzobispo de San Salvador,
José Luis Escobar Alas, durante varias de sus homilías afirmó que el
caso de Beatriz era en realidad “una estratagema para legalizar el
aborto” y que “se hizo creer que ella estaba muriéndose”. Insistió en
que “se ha manipulado a la madre, a su familia y a la sociedad misma con
una intención torcida”.
El arzobispo criticó a las instituciones
internacionales que apoyaron la interrupción del embarazo de Beatriz y
solicitó, “como hizo la onu recientemente en dos ocasiones, a El
Salvador que revise su veto total al aborto para evitar casos
similares”. Subrayó que “la sociedad salvadoreña ha crecido
democráticamente”, calificó a los organismos internacionales
comoprepotentes y advirtió “que no será fácil imponer una ley que
permita el aborto en un país cristiano como El Salvador” (Sahuquillo 2013c).
Esta
campaña se siguió desarrollando semanas después de que le fue
practicada la cesárea a Beatriz. La radio Nederland Latinoamérica
informó el 8 de julio de 2013 que la Conferencia Episcopal elaboró un
comunicado de siete puntos contra el aborto basado en el caso, el cual
fue leído en las iglesias del país y difundido ampliamente en la prensa
local.
Una mirada a cómo operó la medicina hegemónica
En
marzo de este año, Beatriz acudió a una institución hospitalaria porque
había identificado el inicio de algún proceso patológico después de
monitorear e interpretar sus síntomas (estoy embarazada) y tomar
decisiones basadas en este autodiagnóstico (suspender la medicación para
no causar problemas al producto de su gestación). Como hace la mayoría
de la gente, esta mujer, que ya tenía un hijo de año y medio, buscó
darle un sentido a lo que sucedía en su cuerpo, tratando de mantener un
vínculo entre esa situación y lo que ocurría en el resto de su vida.
Llama la atención que el dictamen de la cidh (2013)
evidencia que los diversos diagnósticos sobre el estado de salud de
Beatriz y el producto de su gestación, a pesar de provenir de instancias
ideológicamente dispares, coincidieron del todo en que sufría lupus
eritematoso discorde agravado por nefritis lúpica y en que el feto era
anencefálico por lo cual tenía un pronóstico de sobrevida fatal a corto y
mediano plazo ya que esta anomalía no es compatible con la vida
extrauterina.
Esta falta de discrepancia en el establecimiento del
diagnóstico refleja al menos dos cosas. En primer lugar, que el padecer
de Beatriz, vinculado a sus temores y afectos, a su relación con su
hijo de año y medio, y a otras esferas de su vida cotidiana, fue
reconfigurado desde la biomedicina como una alteración biológica o
funcional. Es decir, las descripciones que ella hacía de sus malestares
fueron convertidos en signos y síntomas de mecanismos etiopatogénicos
aislados de su existencia singular. En otras palabras, se desubjetivó el
cuerpo para captar en su esencia lo biológico (Galende 2004).
Asimismo,
lo anterior refleja que el proceso de profesionalización exige a
quienes van a ejercer la medicina que homogeneicen su acervo de
conocimientos y prácticas, y que construyan de manera progresiva un
saber y un lenguaje claramente diferenciado del de los grupos no
médicos. Exige además que el personal de salud regule sus intervenciones
individuales acatando normas administrativas y legales, rituales
institucionales e ideologías técnicas que buscan establecer una misma
forma de proceder. Sin embargo, como refleja también el análisis de
otros casos (Cardaci y Sánchez Bringas 2007), el de Beatriz muestra que esta tendencia homogeneizantenunca se logra del todo.
A
pesar de haber llegado a un diagnóstico muy semejante, los cursos
terapéuticos propuestos por el Comité Médico del Hospital de Maternidad;
por la doctora María Isabel Rodríguez, como cabeza del Ministerio de
Salud; por la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador, y
por el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y
Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud fueron opuestos
a los recomendados por el Instituto de Medicina Legal y la Asociación
de Bioética que asesoraron a la Corte Suprema de Justicia en la
elaboración de su dictamen.4
El manejo de la situación de Beatriz
ilustra con claridad cómo la construcción de los itinerarios
terapéuticos a seguir (concluir o continuar el embarazo) fue un hecho
técnico, pero también social. Asimismo, permite ver que detrás de la
racionalidad biomédica operaron criterios sociales e ideológicos
disfrazados de decisiones técnico-científicas.
Esta lógica guió el
proceso de consulta que realizó la Suprema Corte de Justicia de El
Salvador para elaborar la resolución difundida el 28 de mayo. Un
ejemplo: desde la mirada biomédica, existe consenso respecto a que el
monitoreo y resolución de un embarazo es un procedimiento del que deben
hacerse cargo las y los especialistas en ginecología y obstetricia. Por
consiguiente, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador
era la entidad naturalque debía ser convocada por la Suprema Corte de
Justicia para emitir un dictamen sobre el caso de Beatriz. No obstante,
criterios políticos y morales, no científicos, llevaron a que esta
organización no fuera invitada en ningún momento; su posición en contra
de la penalizaciónabsoluta del aborto en el país y en otros países
centroamericanos era ampliamente conocida (Agencia efe 2007).
Reflexiones finales
A
lo largo de casi tres meses, el movimiento feminista salvadoreño y
numerosos grupos en defensa de los derechos y la salud de las mujeres
ejercieron presión y lograron pronunciamientos a favor de Beatriz,
además de una importante presencia del debate en torno a su situación en
medios de comunicación nacionales e internacionales. Uno de los
pronunciamientos más relevantes fue el que hizo la Corte Interamericana
de Derechos Humanos el 29 de mayo (cidh 2013). La resolución de este
órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (oea) tiene
enorme importancia, porque esta es la primera vez que se pronuncia
sobre un caso de aborto, sentando así un precedente clave para nuestra
región.
Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana
por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico
(acdatee), destacó “la importancia de la solidaridad internacional, que
estaba como dormida. Es conmovedora por la cantidad de reacciones y
acciones hacia Beatriz y hacia las mujeres salvadoreñas”. Consideró,
asimismo, que “las jornadas vividas nos dejan la tremenda convicción de
que tenemos que luchar y unir más fuerzas para cambiar de alguna manera
la legislación, abrir espacios a una figura que no nos importa si le
llaman aborto o no; lo que nos interesa es que el Estado pueda resolver
este tipo de problemas de las mujeres”. Y agregó: “Creemos que es
fundamental el debate. Ahora la cancha se pasa a la Asamblea
Legislativa. No podemos seguir con estas condiciones” . En el mismo
sentido, Angélica Rivas de ipas Centroamérica señaló: “Mientras no
cambie esta legislación que prohíbe cualquier tipo de aborto, nos
arriesgamos a que casos como el suyo se vuelvan a repetir. Beatriz ha
tenido la fuerza de desafiar al sistema, su caso se ha hecho público,
pero muchas otras no saben que pueden dar ese paso o no tienen el apoyo
necesario”.
Del conjunto de fuerzas sociales que orientaron sus
objetivos en forma convergente al logro del respeto a la vida, la salud y
los derechos de Beatriz, no se puede obviar el papel que jugó el
Ministerio de Salud a través de su máxima autoridad: la doctora María
Isabel Rodríguez. La energía inagotable que desplegó en la defensa
pública de la joven frente a los medios de comunicación salvadoreños e
internacionales, su empatía y compromiso con Beatriz y su valiente
actitud para evitar consecuencias legales al personal de salud
involucrado en el procedimiento de terminación del embarazo son gestos
inusuales en quienes ostentan el más alto cargo en salud.
Desde
una visión macro, su proceder muestra la naturaleza contradictoria y
compleja del Estado. Asimismo, socava la argumentación de quienes
dogmáticamente evitan cualquier diálogo con autoridades del sector
salud, pues lo visualizan como un conjunto de instituciones guiadas por
posturas monolíticas y conservadoras. Vistas las cosas más de cerca, los
gestos, inusuales en otros funcionarios, no lo son en la vida de María
Isabel Rodríguez. A ella le tocóabrir brecha, caminar en senderos por
los cuales solo habían transitado hombres. Fue la primera decana de la
Facultad de Medicina y primera rectora de la Universidad de El Salvador,
primera mujer que la ops nombró como representante en un país
latinoamericano y, desde junio de 2009, es la primera Ministra de Salud
que ha tenido su país.
Aunque sin lugar a dudas el ser mujer y
pionera en ocupar espacios destinados antes a los hombres debe haber
incidido en su sistemática defensa de Beatriz, es simplista inferir que
la explicación de sus acciones se agota allí. La mayor parte de los
sucesos de su apasionante vida se basan sobre todo en la coherencia y
solidez con que ha sostenido sus convicciones políticas a favor de los
sectores más carenciados de la población.
(Se adjunta bibiliografia)
Foto: Debate Feminista.
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