CELAG
En
México inicia un 2017 que muchos desean que acabe ya. Con las doce
campanadas de año nuevo –o tal vez, viejo- entraba en vigor el mayor
aumento, en el precio de los combustibles en casi dos décadas.
El
nuevo ‘gasolinazo’ que fuera previamente anunciado un par de días
después de Navidad, ha generado una oleada de indignación popular que en
la primera semana de protestas, movilizaciones, toma de estaciones de
servicio, paro de transportes y saqueos, dejó un saldo de al menos seis
muertos, 15 heridos y más de 1.500 detenidos.
Numerosos
economistas coinciden en que se trata de un duro golpe al bolsillo de
los mexicanos. Y es que el efecto multiplicador de la gasolina se
replicará en un aumento de la inflación previsto en 3% y que
inevitablemente encarecerá el costo de vida de todos, utilicen vehículos
o no.
¿Cuáles son los nuevos precios por litro de los carburantes?
- La gasolina Magna pasó de 13,98 a 15,99 pesos (US$0,77), lo que representa una subida del 14,2%.
- La Premium pasó de 14,81 a 17,79 pesos (US$0,85). Ésta es el tipo de gasolina que sufre un mayor incremento, alcanzando el 20,1%.
- Por último, el Diesel incrementó su precio pasando de 14,45 a 17,05 pesos (US$0,82), lo que representa un incremento del 16,5%.
Si
echamos la cuenta atrás, nos encontramos con que no es la primera vez
que el gobierno de México aumenta el precio de la gasolina.
Sólo
durante el tercer trimestre de 2016 hubo tres incrementos consecutivos
que junto a los otros, aplicados desde que Enrique Peña Nieto llegó al
poder en diciembre de 2012, representan un alza acumulada del 48%.
Siempre puede ser peor
“Pasaremos
de un entorno en donde teníamos una sola gasolina, un solo precio y un
solo proveedor, a un esquema donde tengamos más libertad, más
posibilidades de escoger y donde los precios vayan reaccionando en
función de cómo se vayan ajustando los costos, insisto, como cualquier
otro precio de la economía”, José Antonio Meade, Secretario de Hacienda
de México.
El nuevo esquema de venta de gasolina no fue
pensado de la noche a la mañana. En realidad, éste se enmarca en un plan
de liberalización de los precios con el que el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto pretende que para enero de 2018, los combustibles se
comercialicen a precio de mercado a lo largo y ancho del país. Esto se
traduce en que los precios finales de los carburantes reflejarán al
menos cinco variables: el precio internacional del petróleo, los gastos
de transporte y almacenamiento, así como el coste por refinación, el
margen comercial de cada compañía, los impuestos (IVA, IEPS) y el tipo
de cambio entre el peso y el dólar estadounidense.
De esto se
desprenden dos consecuencias inmediatas. Como no habrá un precio único
fijado por el gobierno, los números cambiarán diariamente. Tampoco habrá
estaciones de gasolina exclusivamente de la industria nacional, por lo
que nuevas compañías privadas extranjeras también estarán en condiciones
de suministrar el hidrocarburo. No olvidemos que estamos hablando de un
país en donde la venta de gasolina genera ganancias superiores a los
US$65.000 millones anuales.
La falsa ilusión de la Reforma Energética
El
4 de enero de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto aseguraba que
gracias a la Reforma Energética no habría más gasolinazos. Hoy sabemos
que aquel anuncio no es más que una promesa rota de la cual se puede
desmenuzar un trasfondo incluso más oscuro.
En términos generales,
la política energética impulsada durante décadas por los distintos
gobiernos de México han asentando las bases del viejo modelo de
privatización, ese que pasa por la transferencia de las riquezas al
extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional. El manejo de
la industria petrolera, que por años ha estado en el centro del debate,
es el ejemplo más nítido y una de las principales razones de esta
realidad.
La reforma energética promulgada en 2014 cambió las
reglas del juego y abrió un negocio multimillonario. La legislación sacó
adelante cambios a la constitución en sus artículos 25, 27 y 28 a fin
de autorizar la participación de empresas privadas, mexicanas y
extranjeras, en las actividades de exploración y explotación del 17% de
los campos petroleros y la cesión de derechos al 79% de los bloques
donde existen reservas en territorio mexicano. De acuerdo con datos de
la Comisión Reguladora de Energía, los recursos prospectivos de
hidrocarburos del país, noveno productor mundial de petróleo, son
mayores a 100.000 millones de barriles. La cifra incluye los yacimientos
probados y posibles de crudo en aguas someras, tierra y en mar
profundo, y también contempla los mantos de gas natural y shale, que se extrae por el sistema de fractura hidráulica o fracking.
El
otro pedazo de la torta corresponde al negocio de la energía eléctrica.
Con la Reforma Energética el capital privado también tendría licencia
para abastecer a grandes consumidores como industrias y comercios que
representan más del 50% de las ventas totales de la Comisión Federal de
Electricidad y que en 2013 representaron ingresos a México por US$13.000
millones.
Como vemos, el país se perfila como un proveedor
estratégico de crudo y otras formas de energía a otras naciones, pero a
costa de la soberanía nacional.
Privatización encubierta
El
declive productivo de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, ha sido
utilizado como el gran propulsor de la Reforma Energética.
La
principal compañía y única estatal petrolera del país tiene problemas de
solvencia. Hasta 2015, tuvo pérdidas de hasta US$40.000 millones y
deudas por casi US$100.000 millones. Por su parte, la escasa reinversión
de ganancias en la industria nacional ha hecho desaprovechar la
oportunidad de utilizar el recurso fósil como palanca para el desarrollo
económico de México.
De esta crisis se explica que, bajo la
excusa de sanear las cuentas, potenciar la productividad industrial de
Pemex y aumentar la competitividad del sector, el gobierno de Enrique
Peña Nieto oculte sus planes cada vez menos encubiertos de privatizar la
industria petrolera.
Desde mediados de 2015, la estatal petrolera
dio inicio a la etapa de licitaciones a partir de las cuales compañías
estadounidenses y británicas en el negocio de los hidrocarburos,
compiten entre sí para cosechar los beneficios derivados de contratos de
producción compartida para la exploración y extracción de
hidrocarburos. Según estimaciones del ejecutivo, el proceso de apertura
al capital privado se traduciría en una lluvia de inversiones
extranjeras que finalmente apuntalarían el desarrollo económico del
país. Una estrategia que hasta la fecha no ha reportado ningún éxito en
tanto el flujo de inversiones ha estado por debajo de lo anticipado por
el gobierno.
Hay que tener en cuenta que Pemex proporciona el
gobierno federal un tercio de sus ingresos anuales, en tanto que la
renta petrolera representa el 6.8% del PIB del país. En otras palabras,
la privatización de la estatal se traducirá en menos recursos para
cubrir necesidades de inversión pública y, según la lógica del gobierno
actual, obligarán a intensificar los ataques contra programas sociales,
algo especialmente delicado en el clima de descontento popular
generalizado con la gestión de EPN.
No hay que olvidar que todo
este contexto se inscribe dentro de un escenario de profunda fractura
social. Según aatos del Consejo Nacional para la Evaluación de la
Política de Desarrollo Social Mexicano (CONEVAL), de los 127 millones de
habitantes de México, más de 55 millones vivían en la pobreza en 2014.
Además, según un estudio de ese mismo año hecho por el Banco Mundial, un
tercio de la población de ese país sobrevivía ganando menos de cinco
dólares diarios.
Los costes de esta operación, sin embargo, no se
reservan a lo socio- económico; la pérdida de soberanía también ha
puesto su tarifa política. Sin duda, un triunfo para los intereses
petroleros extranjeros y sus aliados en México, que han tratado de
desmantelar lo que quedaba de la industria y del país.
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