Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Nos alcanzó una realidad muy cruda al inicio de 2017. En primer lugar
se siguen incrementando los casos de feminicidio en todo el país, y es
inexplicable como siguen sucediendo aún en los municipios donde se ha
declarado la Alerta de Género.
Qué pasa, qué están haciendo los gobiernos estatales y municipales para
aplicar las recomendaciones que los comités de expertas han hecho para
cada estado. Yo me pregunto, hay presupuestos o se siguen dando
presupuestos raquíticos y cursitos que no representan respuestas reales
que permitan incidir en la reducción de la violencia feminicida.
Por otro lado, se han abierto y están funcionando 30 Centros de Justicia
para las Mujeres, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (Conavim), los califica como: “Una de las
políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde
el 2010 … la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para
las Mujeres, y yo me pregunto el éxito cómo lo miden, si hay
indicadores cuantitativos y también cualitativos para medirlo o
simplemente por el número de atenciones que brindan, sin importar el
resultado que se logre.
Y me pregunto lo anterior porque en la página web de la Conavim no se
menciona nada relacionado con la evaluación cuantitativa y cualitativa
de los resultados de los Centros de Justicia para las Mujeres, lo único
que dice es:
“La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), trabaja
en el diseño de programas y políticas públicas de carácter integral que
tienen como fin último garantizar y proteger los Derechos Humanos de las
mujeres.
Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la
Conavim desde 2010, ha sido la creación y fortalecimiento de los Centros
de Justicia para las Mujeres (CJM), los cuales buscan dar respuesta a
las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra
las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales
formuladas al Estado mexicano en la materia.
En estos Centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio
de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como
proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada y
encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de
violencia. Pero por los resultados que vemos todos los días, el número
de casos de feminicidio, el número de mujeres y niñas desaparecidas
parece que es una política pública que no está dando resultados.
Otro gran problema que tenemos que enfrentar las mujeres es el
gasolinazo, que ha traído aumentos en la canasta básica, incluso hasta
15.00 pesos el kilo de tortillas, el aumento del gas, y nos espera el de
la electricidad, el aumento al transporte; lo que coloca a las mujeres
en mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza, porque las alzas
perjudican a toda la población, pero sobre todo a las mujeres.
A todo lo anterior debemos agregar los saqueos organizados que ha
provocado que la delincuencia se desate y actúe por todas las ciudades
impunemente, robando, asaltando en motocicletas y con pistolas como nos
pasó el jueves pasado en la puerta de nuestra oficina. Son grupos
organizados y pagados para justificar la represión a las legítimas
protestas pacíficas que se vienen dando en 25 entidades del país.
Y, finalmente, no podemos dejar de comentar lo que está sucediendo en la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde a pesar de que se
hicieron y votaron dictámenes por Comisión, por cada capítulo de la
Constitución, desde el 3 de enero de 2017, se han empezado a discutir
esos dictámenes, artículo por artículo, y por cada artículo, inciso, o
fracción, se presentan hasta 30 reservas, como si no se hubieran votado
previamente en las comisiones, es más, en muchos casos se aprueban en lo
general, pero se reservan infinidad de las disposiciones incluidas,
tanto así que se han regresado a Comisiones varias fracciones de
artículos e incisos, que tendrán que volver a consensar.
El lunes 9 de enero, el Pleno de la Asamblea inició la discusión del
Artículo 15 del Dictamen de la Comisión Carta de Derechos, que es
justamente el artículo donde el proyecto inicial incluía el derecho al
“trabajo sexual”, para el Jefe de Gobierno y su Comisión Redactora, y
que en el dictamen quedó superado y ya no aparece, sin embargo, no nos
extrañaría que se presenten varias reservas con el propósito de regresar
al texto la prostitución disque voluntaria y autónoma, por eso debemos
estar pendientes de qué diputadas o diputados presentan reservas en este
artículo y quiénes y cómo votan.
En lo personal el proyecto original no me convencía en nada, ya que
realmente impulsaba la precarización del trabajo, reconociendo tanto el
ambulantaje, los trabajadores de la cultura, el arte o deporte, las
mujeres en condición de explotación sexual como trabajo no asalariado,
en una suerte de renunciar a luchar por trabajos dignos, que ofrezcan
prestaciones, permanencia de posibilidades de ascenso, un ingreso
suficiente, lo que resultaría nocivo para muchos negocios establecidos,
creo que en el fondo lo que buscan es censarlos para cobrarles impuesto.
Por lo menos se despejará esta incógnita, y nos daremos cuenta que
diputadas y diputados tienen o una falsa interpretación de las mujeres
en explotación sexual, sus causas y consecuencias o bien que existen
intereses en el negocio para explotar a mujeres y niñas. Debemos estar
pendientes.
Ante este panorama, estoy convencida que sólo nos queda un camino, la
organización y la lucha constante. No nos debemos de cansar, ni dar por
vencidas, exigir rendición de cuentas y recuperar los espacios públicos
para poder caminar seguras, y también estar seguras en nuestros
hogares. El futuro debe ser nuestro.
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas
en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés)
CIMACFoto:César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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