(11 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego que este martes, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo, desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas, externaron que el país está “ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
En este sentido, reiteraron que la
reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los
que se “allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y
del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución”.
Explicaron
que, actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad
expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo
73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma
establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades
civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que se
anunció, este martes.
En tanto, “la adopción de una
Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los
tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y
garantizar”.
En ese sentido, cabe recordar que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su
informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia
la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando
funestas consecuencias para los derechos humanos.
Este
martes, aseguran los especialistas, los tres partidos mayoritarios y
Enrique Peña Nieto coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de
esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos
en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas
porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una
afectación a la seguridad interior.
“Bajo esta
lógica, es latente el peligro que se apruebe una regulación que no sólo
no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que
incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de
seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y
rendición de cuentas.
Esto es especialmente
preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto
de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que
la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad
institucional castrense’”.
Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la
discusión, “es igualmente grave el formato con el que comenzaron las
discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los
partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas”, denuncian.
Además,
se asegura que, “la inclusión de especialistas fue parcial y
condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de
la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial”.
“Con
el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y
poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que,
por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad
y pluralidad.
En ese sentido, exigimos que las
próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan
todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado
los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los
derechos humanos”, aseveraron.
Puntualizaron que, a
nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país
es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la
militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en
el Senado, evidente.
“Empero, es también claro que
las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que
hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta
el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben
adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que
hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal;
máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado
que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que
hoy realizan”, agregan.
A su vez, las organizaciones
refieren que, “frente a la posibilidad que se imponga una Ley de
Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el
debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar
la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido que debe
priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de
retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan,
que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de
las instancias civiles de seguridad”.
El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos
humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá
mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el
paradigma de seguridad que ha imperado en la última década, señalan las
organizaciones sociales.
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