Al cierre del cuarto
año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública de México
alcanzó un máximo histórico de 9.38 billones de pesos, monto equivalente
a 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta situación pone de
manifiesto la crisis estructural que padece la economía mexicana,
agudizada a raíz del estallido de la crisis global en septiembre de
2008.
Desde mediados de 2014, las finanzas públicas fueron afectadas
por la caída del precio del petróleo y el nivel de producción de
Petróleos Mexicanos, ambos factores disminuyeron la participación del
sector petróleo en el gasto público de 40 a 13% entre 2008 y 2016, con
lo cual, se puso en riesgo el financiamiento de la inversión pública, el
presupuesto de los estados y los programas sociales2.
Frente a la debacle, el gobierno mexicano decidió apostar por el
endeudamiento público, principalmente a través de la emisión de deuda
interna (67% de la deuda pública), que se contrata con acreedores
nacionales y se liquida en pesos mexicanos, lo cual disminuyó la
vulnerabilidad externa ante una restricción del financiamiento externo
denominado en dólares3.
Sin embargo, la emisión de deuda pública no sirvió para impulsar el
crecimiento económico sustentado en una mayor inversión pública, sino
que las entidades estatales con un mayor nivel de endeudamiento público
estuvieron caracterizadas por tener gobiernos con altos índices de
corrupción (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz)4.
La falta de supervisión del gobierno mexicano sobre la deuda pública
permitió el endeudamiento excesivo de las entidades estatales, sin
comprobar la canalización de los fondos recaudados para el
financiamiento de proyectos de infraestructura, que evitaran su uso
inadecuado auspiciado por la corrupción de los gobernadores estatales.
Uno de los casos más dramáticas es Veracruz, entidad que fue
recientemente declarada en emergencia financiera debido a la incapacidad
de la administración estatal de cumplir con el pago de salarios,
prestaciones sociales y servicios de sus funcionarios públicos; esto
pone en evidencia las graves consecuencias derivadas de la adquisición
de un elevado nivel endeudamiento público bajo un contexto político
plagado de corrupción5.
Por otra parte, para el gobierno mexicano será cada vez más difícil
encontrar condiciones accesibles de financiamiento a través de costos
reducidos en los mercados nacionales debido a la normalización de la
política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, situación
que ha provocado cinco incrementos de la tasa de interés de referencia
por un total de doscientos cincuenta puntos base por parte del Banco de
México durante 2016.
De esta manera, el aumento sistemático de
la tasa de interés de referencia del Banco de México que se situó en un
nivel de 5.75% en diciembre de 2016, elevará aún más el costo del
financiamiento del gobierno mexicano en los mercados financieros; la
situación será cada vez peor toda vez que se esperan tres aumentos más
de la tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal para
el año 2017.
Las condiciones adversas de financiamiento para el gobierno mexicano ya se ha hecho sentir en la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente a 2017 por una cantidad de 240,000 millones de pesos,
que afectó seriamente la disponibilidad de recursos de varias
dependencias estatales (Petróleos Mexicanos, Secretaría de Educación
Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de
Salud)6.
La perspectiva de la economía mexicana es desfavorable ya que se prevén
mayores ajustes en el sector público que todavía tuvo un déficit
primario de 217,570 millones de pesos (1.3% del PIB) en 2015, que se
espera convertir en un superávit primario de 73,800 millones de pesos
(0.4% del PIB) con el fin de fortalecer la confianza de las finanzas
públicas en los mercados financieros en 20177.
La restricción de financiamiento público por parte de las autoridades
estatales se realiza en un contexto crítico para la economía mexicana
luego del triunfo electoral del candidato republicano a la presidencia
de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate se comprometió a construir
un muro fronterizo que sostiene, será financiado por el gobierno
mexicano, además de llevar a cabo una renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) durante los primeros meses de su
mandato.
La negociación para reformular los términos del TLCAN
corre el riesgo de desencadenar aún más incertidumbre sobre el futuro de
la relación comercial entre Estados Unidos y México. El panorama es muy
amenazante ante la posibilidad de reducir la inversión privada de
origen estadounidense hacia la economía mexicana, situación que no haría
sino apuntalar las tendencias recesivas sobre México ante la ausencia
de un estímulo fiscal.
El desarrollo de las negociaciones sobre
el TLCAN podría resultar grave para la economía mexicana, puesto que la
proyección de crecimiento del PIB se encuentra actualmente en 1.9% para
el próximo año, mientras que un caso adverso de las negociaciones
podría suscitar una caída de 2.7 % del PIB en 20178, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Por añadidura, si Donald Trump hace realidad algunas de sus amenazas en
contra de México (congelamiento de las remesas, aplicación de un
arancel de 35% sobre las exportaciones mexicanas, salida de Estados
Unidos del TLCAN), provocará una salida abrupta de capitales, situación
que reducirá considerablemente el margen de maniobra del gobierno para
apoyar la actividad económica por medio del endeudamiento.
La
perspectiva negativa de las calificadoras de crédito internacionales
(Fitch, Standard & Poors, Moody’s) sobre la economía mexicana a
partir del triunfo electoral de Donald Trump, apunta a la disminución de
la nota asignada a los títulos de deuda pública por las calificadoras
de crédito, lo cual se traducirá en mayores ajustes en el sector público
a fin de conseguir un saldo positivo en las finanzas públicas en 2017.
En conclusión, el porvenir de la economía mexicana se vislumbra
bastante negativo tras el triunfo electoral de Donald Trump, que
indudablemente causará estragos para las finanzas públicas de México,
pero solamente mostró la vulnerabilidad de la economía nacional derivada
de la desarticulación del sistema productivo, la corrupción y nuestra
extrema dependencia de la economía de Estados Unidos.
Notas:
2 El Economista. Ingresos petroleros tocan mínimos, solventan sólo 13% del gasto público . Fecha de publicación: 19/06/2016.
3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Análisis y Evolución de la Deuda Pública . Fecha de publicación: 21/06/2016.
4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas . Fecha de publicación: 01/04/2016.
5 El Financiero. Veracruz declara emergencia financiera . Fecha de publicación: 12/12/2016.
6 El Financiero. Hacienda propone otro recorte por 70 mmdp en 2017 . Fecha de publicación: 09/09/2016.
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fortalecer economías y apoyar inversión, prioridad internacional en 2017 . Fecha de publicación: 02/12/2016.
8 El Economista. Cepal recorta expectativas de crecimiento para México a 1.9% . Fecha de publicación: 14/12/2016.
Ulises Noyola Rodríguez. Colaborador en la División de Estudios de Posgrado de Economía en la UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario