Jenaro Villamil
CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- La “tormenta perfecta” se articuló en menos de dos
semanas: a los agravios acumulados por violaciones a derechos humanos,
matanzas y desapariciones forzadas como la de los estudiantes de
Ayotzinapa; por la oleada de corrupción documentada de gobernadores
priistas y de la alta burocracia federal (de Javier Duarte a la Casa
Blanca y la Mansión de Malinalco); por los conflictos sociales derivados
de la reforma educativa; por la derrota priista en siete entidades; por
el incremento de la violencia del crimen organizado y sus vínculos con
el Estado; por la rebelión de los generales después de la visita de
Donald Trump a México el 31 de agosto de 2016; por la ausencia de
crecimiento económico y beneficios de las “reformas estructurales”, se
vino a sumar el gasolinazo anunciado el 27 de diciembre por el
secretario de Hacienda, de la peor manera.
Negar que el abrupto
incremento de 14 a 22% en las gasolinas fuera una consecuencia de la
reforma energética o un “asunto fiscal” sólo vino a incendiar la
pradera. Negar sin explicar la verdad del desastre de las finanzas
públicas provocadas por el equipo de Luis Videgaray generó un mayor
descontento.
No sólo en las redes sociales sino en las calles de
la mayoría de las entidades del país. Cada negación de los voceros
gubernamentales se interpretó como una admisión del desastre y de la
mentira. Como en aquella ocasión que Enrique Peña Nieto afirmó que
ningún presidente se despierta pensando en “joder a México”, el efecto boomerang
de la comunicación política del peñismo tuvo un efecto adverso: la
mayoría de los mexicanos percibe que este gobierno lo que ha hecho es
joder al país y a sus habitantes.
Si Peña Nieto se propuso Mover a
México a favor de sus 11 reformas estructurales que prometían un
idílico renacer priista, el gasolinazo lo que logró fue efectivamente
sacar a los ciudadanos a las calles, a las gasolineras, a las casetas de
peaje, a las principales avenidas de la Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Toluca,
Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Acapulco, por mencionar las principales
ciudades movilizadas durante este fin de semana.
Sembrar rumores
de pánico, mensajes anónimos en WhatsApp sobre presuntos golpes
militares o promover saqueos a supermercados entre el 4 y el 6 de enero
tuvo un efecto circunstancial, pero no desmovilizador de la protesta.
Por
el contrario, sembrar el miedo alentó la protesta y la nacionalizó. Por
primera vez se observaron en las calles lo mismo a grupos de
campesinos, de clases medias y de estudiantes que a burócratas o
pequeños y medianos empresarios, transportistas, taxistas y
comerciantes.
Tan sólo el sábado 8 se realizaron marchas en 25
entidades contra el alza de gasolinas. El único evento violento se
registró en Rosarito, Baja California, donde un civil atropelló a siete
policías federales y a ciudadanos. En el resto del país las protestas
fueron intensas, pacíficas, sin el liderazgo de ningún partido.
El
ejemplo de los ciudadanos de Camargo, Chihuahua, cundió en varias
marchas del país: la primera frase del Himno Nacional “Mexicanos al
grito de guerra”, se transformó en un gesto de protesta, al grado de
volverse hashtag en Twitter como #MexicanosAlGritoDePaz. En todas las
ciudades, de Monterrey a Tapachula, la consigna más insistente fue:
“Fuera Peña, fuera Peña”.
El lunes 9, primer día de actividades
escolares, no frenó las protestas. En 14 entidades se registraron
marchas, incluida la segunda manifestación en la Ciudad de México que
llegó al Zócalo, junto con seis bloqueos viales y uno frente a las
oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) realizados en
esta jornada.
Este martes continuaron las protestas y bloqueos en
Mexicali, Baja California, y en La Paz, Baja California Sur, así como en
Morelia, en San Luis Potosí y en otras ciudades donde transportistas y
taxistas se han organizado.
Marchan en la CDMX contra el gasolinazo. Foto: Xinhua / David de la Paz
Las medidas fallidas
Frente
a esta protesta que se expande por todo el territorio, en la burbuja de
la alta burocracia se encerraron en cuatro paredes. Las tres medidas y
mensajes aplicados por Enrique Peña Nieto en estas dos semanas han
aumentado el descontento:
1. Su primer mensaje, del miércoles 4,
fue fallido y contraproducente. Mezcló la justificación del gasolinazo
con el retorno de Luis Videgaray, el artífice del desastre de las
finanzas públicas y de las grandes reformas estructurales, ahora como
secretario de Relaciones Exteriores que llegó humildemente “a aprender”.
Según la encuesta publicada este martes por el periódico Reforma, el
65% de los 500 encuestados está en contra del nombramiento de Videgaray.
2. Su segundo mensaje del viernes 6, con telempromter
y más cuidado en términos de imagen, resultó más negativo. Su pregunta
retórica: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, se convirtió en una frase
viralizada con la burla y la furia de los usuarios de redes sociales. Lo
mismo los memes que los reclamos hundieron la justificación de Peña
Nieto a la medida del gasolinazo.
El lunes 9, otra encuesta de
Reforma fue más explícita: el 96% consideró que es necesario “revertir
el aumento de las gasolinas”.
El 93% percibe que el gobierno de
Peña Nieto ha empeorado la economía nacional y el 82% considera peor su
economía personal en este sexenio.
3. El tercer mensaje, el mismo
lunes 9, vino acompañado del montaje de un viejo recurso priista de la
época de crisis del final del sexenio de Miguel de la Madrid. El
gobierno federal, ya sin el Pacto por México que impuso las reformas
estructurales en el Congreso, revivió un Pacto por Peña que pretendió
emular al Pacto de Solidaridad Económica con un fantasmal líder de la
CTM, un dirigente del Consejo Coordinador Empresarial sin liderazgo ni
representatividad real, y discursos plenos de lambisconería, sin ninguna
medida real para paliar o revertir el gasolinazo.
La
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), como no se
veía desde los tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo, se
deslindó y criticó públicamente el Pacto por “improvisado, incompleto e
insuficiente”.
Como bien me sugirió el senador Manuel Bartlett,
exsecretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, “cuando esto sucede
quiere decir que el presidente ya no tiene el poder y que ya los propios
grupos empresariales no quieren aparecer junto a él”.
Marchan en la CDMX contra el gasolinazo. Foto: Hugo Cruz
El invierno frente a Trump
La
extrema debilidad del gobierno peñista sólo es comparable ahora con la
evidente y hasta sobredimensionada amenaza del próximo gobierno de
Donald Trump en Estados Unidos que iniciará su gestión el 20 de enero,
pero ya comenzó a ejercer su influencia con la guerra de tuits en contra
de las empresas automotrices estadunidenses que decidan invertir en
México. La amenaza de imponer altos aranceles ya provocó que dos grandes
empresas cancelen inversiones en el país.
La devaluación del peso
que inició su pendiente en noviembre ha alcanzado su máximo nivel en
los primeros días de enero y amenaza con rebasar los 25 pesos por dólar.
Frente a esta situación no se ve ninguna medida eficaz que frene la
fuga de capitales disfrazada de devaluación.
Frente a este
panorama, el Pacto por Peña incluye un extraño decreto de repatriación
de capitales mediante el pago de un impuesto especial y bajo el
compromiso de que serán utilizados en la inversión de proyectos de
infraestructura. Según cálculos del Consejo Coordinador Empresarial,
esta repatriación podría ser del orden de los 10 mil millones de
dólares.
¿Repatriación o lavado de dinero fugado por la alta
corrupción en México? Un especialista financiero comentó de forma
confidencial: Este plan de repatriación es la prueba más clara de que no
existe certeza frente a la llegada de Trump y prefieren retornar ese
dinero que está en cuentas de Estados Unidos y les urge regresarlo al
país.
El invierno peñista tiene el sello también de una cleptocracia nerviosa.
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