Luis Hernández Navarro
Juan Alfonso Mejía
López marcha en caballo de hacienda hacia la gubernatura de Sinaloa.
Desde que fue nombrado secretario de Educación Pública en la entidad, su
labor como funcionario tiene el inconfundible tufo de precampaña
electoral. Pequeño detalle: antes de hacerse cargo de la enseñanza, fue
director nacional y presidente estatal de la organización empresarial
Mexicanos Primero.
Al igual que lo hace Claudio X. González, el doctor Mejía se define como
activista social. En octubre pasado, su sucesora al frente de la asociación, Jennifer O’Donoghue, encontró en la designación del nuevo secretario motivo de orgullo y de esperanza, ya que
implica un reconocimiento de la sociedad civil como semillero de activistas.
Desde hace años, Mexicanos Primero ha vociferado a viento y marea que
el Estado mexicano debe recuperar la rectoría de la educación,
amenazada, según ellos, por los maestros y sus sindicatos. Irónicamente,
hoy que uno de sus más importantes funcionarios ocupa una posición de
poder clave en el sistema educativo, lo justifica en nombre de la
sociedad civil.
El caso de Sinaloa dista de ser único. Grandes empresarios y sus
asociaciones controlan las secretarías de Educación de buen número de
estados. La titular de la dependencia en Nuevo León, María de los
Ángeles Errisúriz Alarcón, es el vínculo entre el gobernador Jaime
Rodíguez Calderón y el empresario ultraconservador Vicente Segú Marcos,
operador del conservadurismoa escala mundial y presidente de Incluyendo México (https://bit.ly/2nZuqbj). En 2007,
durante el sexenio de Felipe Calderón, Segu Marcos fue vocero para una coalición ultraconservadora que exigió al gobierno modificar los libros de texto de biología para el primer año de secundariay canalizó millonarios recursos a organizaciones antiaborto, antihomosexuales y de evangelización (https://bit.ly/2wziUG2).
El secretario de Educación de Querétaro, José Alfredo Botello Montes,
es un reconocido dirigente de la extrema derecha del Bajío, integrante
del Yunque. Y el de Durango, Rubén Calderón Luján, no canta mal las
rancheras: fue parte de Guardia Unificadora Iberoamericana (GUIA),
también ligada al Yunque.
A pesar del mandato constitucional que establece que la educación
pública debe ser laica, varios prohombres de asociaciones católicas
conservadoras son titulares de la enseñanza estatal. Juan Carlos Flores
Miramontes, secretario de Jalisco, fue director del Colegio Altamira, en
Zapopan, institución de formación religiosa, que cuenta con la
asistencia de la prelatura del Opus Dei, ‘‘para velar por el desarrollo
espiritual de las personas’’.
Los intereses privados son muy claros en las biografías de varios
secretarios. Higinio González Calderón, titular de Coahuila, es
presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación
Superior (Fimpes), organismo que agrupa a las instituciones privadas de
educación superior. Fue coordinador de asesores de la subsecretaría de
Desarrollo Político, cuando Esteban Moctezuma era secretario de
Gobernación.
Los secretarios de Educación estatales expresan los compromisos
políticos y económicos de los gobernadores en turno. Muchos han pasado,
indistintamente, por los más disímbolos puestos en la administración
pública: Sedesol, Trabajo, Agricultura, más lo que se acumule. Antes de
hacerse cargo de la enseñanza en Campeche, el policía Ricardo Miguel
Medina Farfán fue agente del Ministerio Público, subdirector de
Averiguaciones Previas y parte del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
La lista de los secretarios acusados de corrupción dista de ser
pequeña. Un par de botones de muestra. El del estado de México,
Alejandro Fernández Campillo, provocó daños a la estructura arqueológica
de Teotihuacán y fue suspendido de su puesto. En Huixquilucan fue
acusado de autorizar desarrollos inmobiliarios saltándose las normas
urbanas. Constructores oaxaqueños señalaron que canceló licitaciones
públicas con un valor de 480 millones, para entregarla a empresas
vinculadas a él. Al de Aguascalientes, Raúl Selva Pérezchica, la
organización Cimientos del Magisterio lo denunció por participar en el
desfalco de mil millones de pesos en el Instituto de Educación.
No están libres de pecado la mayoría de los titulares de los estados
gobernados por Morena. A lo mejor porque lo suyo es enseñar, en Veracruz
se designó para el puesto a Zenzayen Escobar García, un stripper cuyo nombre artístico era Tarzan Boy.
Los maestros de la CNTE niegan relación con él. Rosa Aidé Domínguez
Ochoa, la secretaria de Chiapas, posee como único mérito la de ser pieza
de la esposa del gobernador en la entidad. Muchos de sus principales
colaboradores son parte del grupo de Elba Esther Gordillo. Su
incapacidad es tal que está a punto de provocar un paro indefinido. Como
parte de la experiencia educativa del de Tabasco, Guillermo Narváez
Osorio, está haber sido director de la escuela de cuadros del PRI. Ha
sido también diputado, magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia, pero, sobre todo, cuenta con amigos poderosos.
Como los carteristas que huyen de sus fechorías gritando
¡al ladrón!, los empresarios, tecnócratas y políticos que acusan a la CNTE de controlar la educación lo hacen por una razón: ocultar que son ellos quienes usurpan la rectoría estatal de la enseñanza pública.
Twitter: @lhan55
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