BOGOTÁ (apro).- Es muy probable que los
autores de la llamada “verdad histórica” con la que la que la
Procuraduría General de la República (PGR) pretendió dar carpetazo a la
desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se
hubieran salido con la suya de no ser por la intervención de Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso.
Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y
peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que
desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.
Los expertos del GIEI, que fueron convocados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), descubrieron que hubo líneas
de investigación que los funcionarios de Enrique Peña Nieto se negaron a
seguir, como la del “quinto autobús” que transportaba heroína con
destino a Chicago, y la identidad del “señor de Huitzuco” mencionado por
testigos de los hechos.
También demostraron, con un peritaje de José Torero, uno de los
especialistas en incendios más reconocidos en el mundo, que era
científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el basurero de
Cocula en las condiciones que narraron –luego se supo que bajo tortura—
varios testigos a la PGR.
Torero concluyó que para cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula
–tesis central de la “verdad histórica”– se hubieran requerido, como
“mínimo”, 30 toneladas de leña, 13 toneladas de neumáticos 13 toneladas
de combustible y mantener el fuego vivo durante 60 horas, algo que según
los propios testigos torturados por la PGR no ocurrió en ese sitio.
El peritaje de Torero fue avalado por científicos mexicanos.
“Es imposible que (los normalistas) hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo el investigador del Instituto de Física de la UNAM Jorge Montemayor.
En su segundo informe, presentado en abril de 2016, el GIEI reveló
que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la
PGR, Tomás Zerón, encabezó el 28 de octubre de 2014 una “visita
pericial” al Río San Juan, aledaño al basurero de Cocula, que no fue
registrada en el expediente del caso.
Curiosamente, al día siguiente de esa “visita”, a la que fue llevado
Agustín García Reyes, el “Chereje”, uno de los presuntos implicados en
el ataque a los normalistas, apareció en ese tramo del río San Juan una
bolsa con los restos de quien sería identificado en la Universidad de
Innsbruck como Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.
En ese mismo informe, el GIEI denunció torturas a 17 de los
detenidos, lo que dejó en claro que la investigación de la PGR estaba
plagada no sólo de omisiones y obstrucciones, sino de ilegalidades y
hasta delitos de lesa humanidad, como la tortura.
El GIEI demostró, con evidencias, que la “verdad histórica” es una versión judicialmente insostenible.
Y esto es algo que no perdonan los funcionarios del gobierno anterior
ni la comparsa que se prestó para dar credibilidad a la verdad
histórica y para participar en una campaña de desprestigio contra el
GIEI, en especial contra las dos mujeres que lo integraban: las
exfiscales Ángela María Buitrago, de Colombia, y Claudia Paz, de
Guatemala.
Ambas abogadas fueron víctimas de una feroz campaña en la que abundaron las calumnias y las falsedades.
Buitrago, una doctora en derecho y profesora de la Universidad
Externado, pidió el año pasado medios mexicanos que publicaron ataques
en su contra que rectifiquen la “información falsa” que usaron para
intentar desacreditarla.
La exfiscal colombiana entregó a diarios, televisoras y estaciones
radiales que la atacaron una sentencia por calumnia que ganó en su país
en mayo de 2018 contra el bloguero ultraderechista Ricardo Puentes,
quien la acusó de prevaricato y de usar falsos testigos cuando ella era
fiscal, en 2010.
Esas acusaciones, que fueron usadas por medios mexicanos para
atacarla cuando el GIEI comenzó a develar las irregularidades de la PGR
en el caso Ayotzinapa, fueron consideradas “totalmente falsas” por un
juzgado en Colombia.
Buitrago, quien coadyuva en la nueva investigación del caso
Ayotzinapa que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR),
está convencida de que los autores de la “verdad histórica” deben ser
investigados.
Desde Murillo Karam hasta Zerón y los diferentes titulares y agentes
ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron las indagaciones del caso
Ayotzinapa el sexenio anterior.
“Tendrían que contar de dónde vinieron las órdenes para no seguir determinadas líneas y por qué hicieron diligencias irregulares en las que hubo torturas”, aseguró en una entrevista en julio pasado (Proceso 2226).
Y dijo que no tiene “ninguna duda” de que la noche del 26 y 27 de
septiembre de 2014 en el basurero de Cocula “no pasó lo que dice la
‘verdad histórica’ que pasó y que, en cambio, hay evidencias que apuntan
a que varios de los normalistas fueron llevados hacia Huitzuco y
Mezcala.
“No hay un solo elemento que me permita concluir que en Cocula fueron quemados los estudiantes”, aseguró la exfiscal.
Hoy que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la voluntad
política de esclarecer el caso Ayotzinapa y de retomar las
recomendaciones del GIEI algunos defensores de la “verdad histórica”
acuden de nuevo a la narrativa de las tergiversaciones y omisiones que
usaron durante el sexenio de Peña Nieto
No es de extrañar que así ocurra. Se trata de meter ruido, de antemano, frente a los hallazgos de la nueva investigación.
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