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| A la izquierda, un albergue para migrantes en Tijuana; a la derecha un campamento de refugiados y migrantes en la isla griega de Samos. Fotos: Eduardo Miranda y AP Petros Giannakouris |
Ambos países enfrentan actualmente crisis migratorias, agudizadas,
según organismos de derechos humanos como Oxfam o Amnistía
Internacional, por las políticas de contención de esos flujos de
indocumentados.
En el caso de México, la problemática se disparó con las caravanas
masivas que irrumpieron en octubre de 2018 como efecto de un crítico
crecimiento de la pobreza y la inseguridad en Centroamérica.
En el caso griego es consecuencia, principalmente, del
recrudecimiento de la guerra en Siria, pero también del inestable
acuerdo migratorio que tiene la Unión Europea (UE) con el gobierno
turco, que puede abrir y cerrar a conveniencia la llave de la corriente
de refugiados que brota desde sus costas.
Los dos países han tenido que retener a miles de migrantes. Los
Estados miembros de la UE, a la que pertenece Grecia, no se ponen de
acuerdo para distribuir a los refugiados o, como Hungría o la República
Checa, se niegan a recibirlos. Estados Unidos, violando las leyes
internacionales, obliga a quienes quieren solicitar asilo en su
territorio a esperar en México una respuesta, que puede durar meses o
años.
En ambos casos, la acumulación de inmigrantes indocumentados está desbordando la capacidad de las autoridades.
En los primeros ocho meses de 2019, 460 mil migrantes indocumentados
habían entrado a México; es decir un aumento de 232% respecto a todo
2018. Cien mil fueron regresados a sus países.
Poco más de 48 mil migrantes han solicitado refugio en el país y la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) estima que este año
cerrará con una marca histórica de 80 mil peticiones.
Grecia, cuya superficie territorial es 15 veces menor a la de México y
su población es equivalente a 8% de la mexicana (10 millones contra
130), ha sido el punto de entrada de 277 mil indocumentados entre 2016 y
junio pasado. Según la organización humanitaria International Rescue
Committee, Grecia acoge 50 mil refugiados que, “en su mayoría, se
quedarán en el país”.
El actual problema que enfrenta ese Estado europeo es que la mitad de
los 46 mil inmigrantes sin papeles que había entrado por mar a la UE
hasta agosto último, lo ha hecho por su territorio, principalmente a
través de sus islas en el Egeo.
Los centros de recepción en esas pequeñas islas están sobrepoblados
con 18 mil refugiados que están impedidos de ir a otro lado a causa del
acuerdo con Turquía para devolverlos. La Comisión Europea y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han expresado su
preocupación por ese cuello de botella migratorio y la necesidad de
construir lo antes posible nuevas instalaciones de acogida, así como
mejorar los programas de integración de los inmigrantes.
De hecho, el nuevo gobierno de Atenas anunció, a principios de
septiembre, que pondría en marcha medidas de emergencia para gestionar
“la enorme ola” de solicitantes de asilo provenientes de Turquía.
Ayuda común a Grecia
Aunque comparten las dificultades para administrar la llegada de
migrantes, a quienes deben garantizar protección, México y Grecia no
disponen de los mismos recursos financieros para hacerles frente.
Desde que estalló la llamada “crisis migratoria” en 2015, Grecia ha
sido apoyada por sus socios comunitarios con al menos dos mil 280
millones de dólares para enfrentarla.
La mitad de ese dinero proviene del Fondo de Asilo, Migración e
Integración, cuyo objetivo es promover la eficacia de la gestión de los
flujos migratorios y el fortalecimiento de la política común de asilo y
migración.
Otros 440 millones de dólares recibidos por Grecia vienen del Fondo
de Seguridad Interior, que está dividido en dos programas: Fronteras y
Visados, y Policía. Este fondo, que se propone alcanzar “un alto grado
de seguridad en la UE”, financia acciones de control de las fronteras
externas y el combate a la migración irregular, así como la aplicación
de la política común de visados o la cooperación judicial entre Estados
miembros y Frontex, la agencia fronteriza europea.
El Instrumento de Apoyo de Emergencia, que duró tres años y finalizó
en marzo último, entregó a Grecia 706 millones de dólares que están aún
sirviendo para realizar acciones humanitarias inmediatas. Algunos
proyectos son ejecutados por la agencia de la ONU para los refugiados
(ACNUR) y la OIM, pero también el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia. Hay un programa, por ejemplo, de protección temporal para los
migrantes más vulnerables, que tiene un fondo de casi 48 millones de
dólares; otro, para proveer de educación y alojamiento inmediato a niños
migrantes en Grecia, con una bolsa de casi 25 millones de dólares.
Los proyectos concretos son administrados por las autoridades griegas
en acuerdo con la Comisión Europea. Los programas son llevados a cabo
por el Ministerio de Migración, de Defensa, del Interior, de Salud y de
Infraestructura y Transporte, así como por la Guardia Costera, la
policía y el Servicio de Primera Recepción, que es el organismo
gubernamental que debe encargarse de cuidar a los inmigrantes
indocumentados que son arrestados al llegar, y asegurarse que sean
respetados sus derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de ese caudal de recursos y ayuda humanitaria,
las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian las
continuas violaciones a los derechos humanos y legales de los
inmigrantes y refugiados. También acusan las “deplorables” condiciones
de los campos de detención donde están confinados, en particular en los
llamados Centros de Recepción e Identificación, ubicados en las islas de
Lesbos, Semos, Chios, Kos y Leros.
En agosto último, un grupo de 13 organizaciones –como Refugee Rights
Europe o la Organización Mundial contra la Tortura– publicó un reporte
donde expone que encontraron “evidencia de violaciones generalizadas de
derechos humanos de gente desplazada y refugiados sobre Grecia y las
islas de Chios, Lesbos y Semos, que podrían equivaler a tratamiento
cruel y tortura”.
Esas ONG señalaron que, como resultado del acuerdo migratorio entre
la UE y Turquía, que entró en vigor en 2016, “miles de personas están
actualmente atrapadas en las islas, sin acceso a refugio, atención
médica o educación, incluyendo mujeres y niños”.
También acusan las “pobres condiciones de salubridad durante la
detención de los inmigrantes”, y “reportes alarmantes de maltrato de la
policía en centros de detención: los golpean, se paran sobre sus
espaldas o la cabeza y actúan con un comportamiento violento”.
En ese, como en muchos otros reportes, las ONG instan al gobierno
griego a terminar con su política de contención, y que permita la libre
circulación de los inmigrantes y apoyen un plan a largo plazo para la
recepción e integración de los mismos.
Penuria mexicana
Comparado con el presupuesto griego, el que destina el gobierno
mexicano a algunas de sus principales instituciones responsables de
manejar la cuestión luce desproporcionado al tamaño del problema.
Una insuficiencia de recursos afecta el cumplimiento de los
compromisos internacionales de México en materia de asilo y derechos
humanos de los inmigrantes. La semana pasada, por ejemplo, durante el
173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos denunciaron los malos tratos contra niños y adolescentes
migrantes, a los que las autoridades mexicanas siguen internando en
estaciones migratorias.
El presupuesto del Instituto Nacional de Migración apenas superó 58
millones de dólares este año y crecerá a 76 millones el entrante, si así
lo aprueban los diputados en octubre próximo; el de la Comar alcanzó un
millón de dólares para 2019 y tendrá un millón 400 mil dólares en 2020,
si también lo autoriza el Congreso.
El titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva, ha insistido en que ese
organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación requiere para
hacer su trabajo de cinco millones de dólares (100 millones de pesos).
Ramírez ha informado que el gobierno federal presupuestó 280 mil
dólares suplementarios (5.5 millones de pesos) para contratar personal
temporal para la Comar y la oficina de la ACNUR en México, y ha urgido
al gobierno mexicano a “diversificar las donaciones”.
El gobierno de Donald Trump ha aumentado su financiamiento, en forma
de donaciones, a las operaciones de las agencias internacionales de la
ONU en México. Esas donaciones no llegan a los montos europeos y no son
otorgadas a las autoridades mexicanas para que los ejerza, como lo hace
la UE con el gobierno griego.
Así, en 2018 Washington donó siete millones y medio de dólares a la
ACNUR, y un millón 200 mil al plan de retorno asistido de migrantes
indocumentados que ya aplicó la OIM en Europa en 2016.
En junio pasado, el subsecretario para América Latina de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, anunció
que el gobierno mexicano gestionaba con el Banco Interamericano de
Desarrollo un préstamo de 20 millones de dólares para la contención de
la migración en la frontera sur y la modernización de las instalaciones
migratorias o albergues en Tapachula, Tijuana y Ciudad Juárez, que
pretenden convertir en “campos de refugiados” al “estilo europeo”.
Frente a ese panorama contrasta una cifra: tres mil 600 millones de
dólares, cantidad que, a principios de septiembre, el Pentágono liberó
para construir un tramo de 280 kilómetros de muro fronterizo con México.
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