El presidente de la Asociación Mexicana
de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Bernardo
González, advirtió ayer que solamente 30 por ciento de quienes se
jubilen dentro de dos años bajo el régimen de cuentas individuales habrá
acumulado las mil 250 semanas de cotización que se requieren para tener
derecho a una pensión.
En cifras concretas, lo anterior significa que 28 mil de los 40 mil
afiliados a ese sistema que cumplirán 65 años en 2021 no podrán disponer
de sus fondos de retiro, salvo por lo que se refiere a la subcuenta de
vivienda, cuyos fondos acumulados podrán ser retirados en una sola
exhibición. Peor aún: los 12 mil restantes recibirán una pensión
equivalente a 30 por ciento de su último salario.
Es inocultable, pues, que las Administradoras de Fondos para el
Retiro (Afore) constituyen un mecanismo de pensiones del todo ineficaz
que generará en el futuro próximo una crisis de personas de la tercera
edad carentes de ingresos más allá de las pensiones universales
establecidas por el gobierno federal, consistentes en mil 275 pesos
mensuales para mayores de 68 años (65, en el caso de las comunidades
indígenas).
Cierto es que el diseño de sistemas de pensiones plantea un enorme
desafío en todos los países en el contexto del envejecimiento de la
población y de los consiguientes cambios experimentados por la pirámide
demográfica, conforme se incrementa la proporción de adultos mayores en
la composición poblacional y aumenta la esperanza media de vida, aumenta
el porcentaje del ahorro (personal y nacional) que debe destinarse a
pensiones. Ello ha llevado a una búsqueda de fórmulas muy diversas en
distintas naciones.
En la nuestra, el modelo de empresas privadas encargadas de
administrar los fondos para el retiro fue impuesto en 1997, en pleno
auge del dogma neoliberal, y pese a las advertencias de múltiples voces
que señalaron, además de los riesgos que conllevaba el esquema, el abuso
y la arbitrariedad que significaba obligar a los asalariados a entregar
sus ahorros para el retiro a una de las Afore autorizadas.
A 22 años de distancia es inevitable reconocer que los críticos de
ese sistema tenían razón. Además de contar con una enorme base de
clientes cautivos, las Afore cobraron durante los primeros años de su
funcionamiento y hasta 2008, comisiones múltiples e incluso leoninas: el
afiliado debía pagarle a la entidad financiera un porcentaje del saldo
de la cuenta, otro de los depósitos y uno más del rendimiento obtenido,
en lo que constituía un verdadero despojo legalizado.
En suma, el modelo de pensiones que data del sexenio de Ernesto
Zedillo no ha servido ni servirá para la mayor parte de los asalariados a
los que supuestamente habría de beneficiar; en cambio, ha generado
astronómicos dividendos y elevadísimas percepciones para los accionistas
y directivos de las Afore.
El desafío de concebir un esquema de pensiones viable y benéfico para
sus afiliados sigue vigente, sin duda, y su dificultad inherente es la
imposibilidad de prever con certeza el comportamiento de los fondos
jubilatorios a décadas de distancia.
Pero es también claro que el modelo de las Afore debe ser
reconfigurado de manera radical para que realmente garantice
jubilaciones suficientes y no únicamente el negocio, o bien ser
sustituido por otro con sentido social y no privado.
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