político en la embajada de Venezuela en México. Después de vivir cuatro años en la clandestinidad, es decir, de resistir en condiciones adversas la persecución política y el acoso de una justicia vengativa, que criminaliza la pobreza y la protesta social, decidió recuperar su libertad para seguir luchando en otras condiciones. Para seguir estudiando. Para seguir viviendo.La razón fundamental, expuesta en una carta pública, radica en que no cree en la justicia clasista que impera en México. Contra América, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el estado de México, ha girado dos órdenes de aprehensión por secuestro equiparado
, mismo cargo por el cual su padre, Ignacio del Valle, fue sentenciado a 112 años de prisión. El caso de su padre y el de otros 11 activistas del FPDT está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta semana deberá resolver sobre la última carta legal que tienen los sentenciados: el amparo definitivo.
Dice América en su carta: Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN como el PRI; tanto Calderón como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de
por medio (como ocurre también en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados los jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones o por intereses
.
Como ejemplos de la doble vara de la Suprema Corte, que ya una vez discutió el caso Atenco y de manera aberrante decidió que hubo violaciones de derechos, pero no encontró a ninguna autoridad responsable –dejando en prisión a 12 luchadores políticos como elemento de control y disciplinamiento social–, cita las exoneraciones del gobernador de Puebla, Mario Marín, protector de una red de grandes empresarios pederastas; del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien envió a sus sicarios a asesinar más de 20 simpatizantes de la APPO; la liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal, Chiapas, entre ellos dos asesinos confesos, y el caso de la guardería ABC, donde se sancionó la impunidad de los funcionarios responsables de la muerte de 49 niños.
Con esos antecedentes, América del Valle piensa que en el caso Atenco los ministros usarán alguna maniobra legal
para que algunos prisioneros políticos no salgan libres (entre ellos su padre), porque la orden que emana de las alturas del poder es que se ejerza un castigo ejemplar, descomunal, contra los símbolos de la lucha social
. En el fondo, dice América, tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse. Buscan atemorizarlo. Por eso mismo creo que hay una decisión de Estado
.
La de Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, fue una operación de Estado multisectorial, inscrita en los patrones represivos de la guerra sucia. Fue una acción de tipo contrainsurgente, que echó mano de la guerra sicológica, la propaganda negra y el control de población (o de masas), que logró fijar en el imaginario colectivo, a través del terrorismo mediático de la gran prensa electrónica, el estigma de que el FPDT era un grupo subversivo, delincuencial, antisocial. Como tal, la operación respondió a una orientación política e ideológica de clase, pero requirió de una planeación y coordinación anticipada de instancias políticas y administrativas, de Peña Nieto hacia abajo, con el aval del entonces presidente, Vicente Fox.
Con posterioridad a la operación punitiva, en un acto típico de abuso de poder, Peña Nieto y sus achichincles fabricaron pruebas, hicieron un uso desfigurado y perverso del derecho, y con base en una argumentación discursiva propia de un Estado policial, acusaron a varios detenidos del delito de secuestro equiparado
, aberración jurídica utilizada de manera discrecional, sistémica y reiterada por el Estado mexicano, en sus diferentes niveles, como dispositivo para criminalizar a actores políticos y sociales. La misma figura que pesa en varias órdenes de aprehensión contra América del Valle.
Cabe consignar que en el juicio viciado de origen contra Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez no quedó plenamente demostrado que en las conductas desplegadas por ellos se haya configurado el delito de secuestro. Lo único evidente es el hecho de la atipicidad de la conducta (la retención transitoria y sin fines de extorsión de un funcionario) respecto del delito que se les ha imputado. Tampoco se ha demostrado que en la conducta de los integrantes del FPDT haya existido un acuerdo previo, deliberado e ilegítimo, para secuestrar
a servidores públicos y con ello obligar a la autoridad a la realización de determinada conducta. De lo que deriva la falta de dolo y del elemento subjetivo específico que ese delito requiere para su configuración. Por tanto, es inexistente.
En ese contexto, cabe insistir que el delito de secuestro equiparado ha sido utilizado de manera facciosa para combatir a líderes políticos y sociales que exigen derechos al Estado, o para sancionar a personas que se han opuesto al abuso de autoridad. En virtud de todo lo anterior, consideramos que América del Valle cumple el estatus de ser perseguida política y acosada por el Estado mexicano a causa de sus ideas. Su único delito
ha sido defender la tierra de Atenco para trabajarla. Por eso, sumamos nuestra voz a la de quienes han solicitado al gobierno de Venezuela le conceda el asilo.
sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los presos de Atenco. Este miércoles la Corte no solamente decidirá sobre el destino de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra injustamente encarcelados desde hace cuatro años, sino también definirá el futuro político del país. La decisión de los ministros será incluso más trascendental que los resultados de las 14 elecciones estatales que se celebran el próximo 4 de julio.Con este fallo, la primera sala definirá por muchos años en el futuro la posición del Estado mexicano respecto de la crítica y la movilización social. Lo que está en juego es si se mantiene el enfoque autoritario que se parapeta en la razón de Estado
y la supuesta infalibilidad
de las instituciones públicas frente a demandas y acciones desmedidas
de la sociedad, o si, por el contrario, imperará una lógica democrática de tutelar los derechos de los desprotegidos frente a los abusos de gobernantes y poderes fácticos.
¿A quién protege la justicia mexicana? ¿A los ricos y poderosos o a quienes sufren la injusticia de la pobreza y la marginación cotidianas? ¿El Poder Judicial es lo suficientemente maduro e independiente como para entrar de lleno en la modernidad o se siente todavía inseguro como para necesitar utilizar las prácticas de la complicidad y simulación del pasado? Éstas serán las preguntas centrales que pasado mañana resolverán los ministros Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.
Habría que celebrar que en los hechos yace muerta la tesis decimonónica del ministro porfirista Ignacio L. Vallarta en favor de que los jueces se encierran en una torre de marfil para evitar la desnaturalización
de la justicia por la política
. Desde la reforma judicial de 1994 que introdujo las figuras de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, la Corte se ha erigido en un verdadero tribunal constitucional que constantemente tiene que resolver casos con alta carga política. La reciente disposición de la Corte de ejercer su facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales en casos como la guardería ABC, la represión policiaca en Atenco y las acciones del gobernador Ulises Ruiz también revela que la mayoría de los ministros se niegan a esconder la cabeza frente a los asuntos políticos. La decisión de atraer los casos de los presos de Acteal, de las indígenas Teresa y Alberta, y de los presos de Atenco también son muestra de un sano rencuentro de la Corte con los temas medulares de hoy.
Sin embargo, los ministros navegan sin brújula en los nuevos mares de una justicia al servicio de la sociedad y de los principios constitucionales. Ahora que tienen agarrado el toro por los cuernos no saben qué hacer con él. Su indecisión y su displicencia con las formas de interpretación y de actuación del pasado no les permite terminar de ganar la corrida de la modernidad. Ante la debilidad de las herramientas que han desarrollado para enfrentar la nueva coyuntura de la justicia mexicana, los ministros se exponen a hundirse en alta mar. La insatisfactoria y socialmente condenable conclusión de la investigación del caso ABC es apenas el ejemplo más reciente de los tumbos sumamente peligrosos de la Corte hoy en día.
Este miércoles, los ministros de la primera sala tendrán una oportunidad de oro para retomar el rumbo. Pero se engañan si creen que será suficiente liberar únicamente los 10 presos que fueron detenidos arbitrariamente por los policías de Enrique Peña Nieto por el solo hecho de encontrarse cerca del conflicto en Atenco los pasados 3 y 4 de mayo de 2006. Ello sería la típica salida fácil
de la justicia autoritaria en la que la Corte buscaría quedar bien simultáneamente con Dios y el diablo
. En este caso podría cacarear su gran compromiso social
al liberar un gran número de presos políticos, y simultáneamente cerrarle el ojo a Peña Nieto y sus huestes al mantener tras las rejas (por 112 y 67 años, respectivamente) a los principales dirigentes del movimiento, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez. Asimismo, sin duda seguirían en pie las nuevas órdenes de aprensión contra estas mismas figuras y otros dirigentes, como la valiente joven América del Valle.
Lo que hace falta no es una decisión salomónica
de esta naturaleza, sino una clara muestra pública de la Corte de que en los tiempos actuales de construcción democrática simplemente no se vale la utilización de la ley para reprimir la crítica y la protesta social. La figura de secuestro equiparado
, plasmada en el artículo 259 del Código Penal del estado de México, viola garantías constitucionales básicas y no tiene otro fin que controlar y amedrentar a los ciudadanos que participan en movimientos sociales. Asimismo, la decisión de la Procuraduría de Justicia del Estado de México de perseguir este delito en los casos de los dirigentes, así como la aparente fabricación y manipulación de las pruebas que se detecta en los expedientes, responde a evidentes motivos políticos. El ex ministro Genaro Góngora ya ha señalado que la actuación de las autoridades mexiquenses evidencia una clara sed de venganza
política contra los pobladores de Atenco.
Llama la atención, por ejemplo, que mientras en el caso de Diego Fernández de Cevallos la procuración de justicia del país haya decidido cerrar el caso en aras de proteger la vida del político panista, en el caso actual el Estado ha hecho todo lo posible para encarcelar a dos dirigentes sociales que no hicieron más que utilizar las únicas estrategias disponibles para hacer escuchar su voz haciendo uso de su libertad de expresión y de los derechos de petición y de reunión consagrados en la Constitución. También es obligada la comparación con el también sospechoso e inverosímil caso Paulette que, en contraste con el caso actual, terminó con una negativa a ejercer la acción penal.
El riesgo de un retorno al autoritarismo en los próximos años no solamente se encuentra en la arena electoral, sino también en el seno de nuestras instituciones judiciales. Si no expulsamos el demonio hoy que todavía existe una pequeña ventana de oportunidad, todos podríamos terminar en el infierno. Como sabemos, el camino hacia ese lugar está sembrado no solamente de buenas intenciones, sino también de medias tintas en momentos de definición histórica, como el actual.
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