Mientras los familiares de las 52 víctimas del trágico incendio aún piden justicia, el dueño de la casa de apuestas habría cobrado ya una póliza de 103 millones de pesos por el que sería uno de los ataques más sanguinarios del Z-40 en Monterrey
Rocha Cantú declaró que el 80 por ciento de los deudos de los empleados
fallecidos, la habían recibido la indemnización
Según cálculos que se desprenden del documento en poder de Reporte Índigo,
la cantidad ascendería a los 103 millones de pesos
Los
deudos de las 52 víctimas mortales del trágico casino Royale aún claman
justicia para resarcir los daños de uno de los ataques más sanguinarios
del narcotráfico, atribuido a Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”.
En cambio, Raúl Rocha Cantú, dueño de la casa de apuestas, ya se benefició de la póliza que aseguraba al inmueble y sus contenidos, que cobró el pasado 22 de julio.
Según cálculos que se desprenden del documento en poder de Reporte Índigo, la cantidad ascendería a los 103 millones de pesos.
El casinero regiomontano huyó del país con la excusa de temer por su vida tras el ataque del 25 de agosto de 2011, atribuido a una célula del Cártel de Los Zetas, la organización que dominó Monterrey y su área metropolitana hasta su debilitamiento con la reciente captura del “Z-40”.
El día del atentado abordó un avión y se trasladó a la ciudad de Miami, Florida, pero la Procuraduría de Nuevo León solicitó ayuda a la Interpol para localizarlo.
Mientras los familiares sufrían por la pérdida de sus seres queridos, él se refugiaba en una exclusiva zona de la ciudad costera estadounidense.
A casi un mes de cumplirse dos años del ataque, el beneficiario cobraría el dinero a AXA Seguros, a través de la compañía Impulsora de Entretenimiento y Destreza Génova S.A. de C.V., como consta en el contrato del Paquete de Seguro Empresarial que adquirió el casino.
La póliza número GSA075830000, de cobertura total y nacional, aseguraba el inmueble por 40 millones de pesos, su contenido por otros 50 millones, 6 millones más por remoción de escombros, otra cantidad igual por gastos extraordinarios y un millón adicional por cobertura automática.
La póliza cubría al negocio con el giro de “restaurante-casino”, y tenía una vigencia anual que abarcaba del 4 de noviembre de 2010 hasta el 4 de noviembre de 2011, dos meses más desde el atentado que cimbró al país.
La empresa asegurada está operada por gente cercana a Rocha Cantú y Carlos Alejandro Salinas Martínez, el propietario del predio donde funcionaba ilegalmente la casa de apuestas.
El operador es Fernando Canales Cantú, apoderado del arrendador del terreno, y de Jorge Vázquez Lugo, socio de Enrique Hernández Navarro, apoderado de Entertainment Enterprises of Mexico S.A. de C.V., la sociedad de Rocha Cantú que operaba el Royale.
El domicilio que aparece en el contrato es el número 3603 de la calle Los Portales, en la colonia La Puerta, en Monterrey, y carece de un Código Postal, pero los datos no coinciden con ninguna dirección real en el estado.
Los términos y condiciones de la póliza protegían al casino de una posible pérdida total por incendio, causado directamente en forma accidental, súbita e imprevista en un solo evento.
“Sobre todos los bienes muebles e inmuebles, propiedad del asegurado y/o de terceros que estén bajo su cargo, custodia o control y por los cuales sea legalmente responsable y se encuentren en las ubicaciones citadas”, se lee.
Seguro cubre a terceros, pero aún no lo han cobrado
Aunque la póliza incluye un apartado de indemnización por responsabilidad civil a terceros de hasta 5 millones de pesos, fuentes allegadas al caso aseguran que los familiares de las víctimas no han tenido este beneficio.
Sin embargo, en diciembre pasado Rocha Cantú declaró al Ministerio Público de Nuevo León que el 80 por ciento de los deudos de los empleados fallecidos la habían recibido.
Esto ha generado discrepancias entre las oficinas de la aseguradora en la Ciudad de México y Monterrey.
En enero de este año Juan Carlos de la Fuente, apoderado del Royale, cuestionó a la aseguradora y la exhortó a que cumpliera con la obligación de liquidar esa disposición a favor de los afectados.
Pese a las presiones, no se han dado resultados.
La relación Rocha-Peña Neder
El seguro de cobertura total no era exclusivo para el casino Royale, sino también para otros siete inmuebles ubicados en los estados de Baja California, Querétaro, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León.
En total se aseguraron estas propiedades hasta por 366 millones de pesos por daño físico, gastos extraordinarios, remoción de escombros, cobertura automática, extensión de cubierta y otros riesgos no especificados.
Entre las propiedades aseguradas están el casino Fantastic, reabierto después con el nombre de Malibú, localizado en el número 220 de la avenida Manuel Barragán, en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo, Nuevo León.
Precisamente esa casa de apuestas, fundada por Rocha Cantú al norte del área metropolitana de Monterrey, está vinculada con los negocios que hizo la mafia de la Secretaría de Gobernación (Segob) que traficaba con permisos falsos.
Reporte Indigo publicó que esta red, integrada por exfuncionarios cercanos a Felipe Calderón, estaba encabezada por el excoordinador de asesores de Gobernación, Juan Iván Peña Neder.
El exfuncionario está recluido en el Cereso de Morelia, acusado de violación tumultuaria y amenazas contra su exesposa Talía Vázquez Alatorre, quien denunció a la red criminal.
La abogada declaró ante las cámaras que en la mafia estaba involucrado Guillermo Santillán Ortega, extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobernación, y Roberto Correa Méndez, exdirector adjunto de Juegos y Sorteos de la Segob.
La denunciante también señaló al abogado Julio Esponda, quien habría recibido sobornos para la operación de casinos, y al senador Roberto Gil Zuarth, exsecretario privado de Calderón, quien presuntamente obtuvo 800 mil dólares por su intervención en la apertura del Royale en Querétaro.
El legislador del PAN calificó como una calumnia esta acusación y desconoció a Vázquez Alatorre.
En cambio, Raúl Rocha Cantú, dueño de la casa de apuestas, ya se benefició de la póliza que aseguraba al inmueble y sus contenidos, que cobró el pasado 22 de julio.
Según cálculos que se desprenden del documento en poder de Reporte Índigo, la cantidad ascendería a los 103 millones de pesos.
El casinero regiomontano huyó del país con la excusa de temer por su vida tras el ataque del 25 de agosto de 2011, atribuido a una célula del Cártel de Los Zetas, la organización que dominó Monterrey y su área metropolitana hasta su debilitamiento con la reciente captura del “Z-40”.
El día del atentado abordó un avión y se trasladó a la ciudad de Miami, Florida, pero la Procuraduría de Nuevo León solicitó ayuda a la Interpol para localizarlo.
Mientras los familiares sufrían por la pérdida de sus seres queridos, él se refugiaba en una exclusiva zona de la ciudad costera estadounidense.
A casi un mes de cumplirse dos años del ataque, el beneficiario cobraría el dinero a AXA Seguros, a través de la compañía Impulsora de Entretenimiento y Destreza Génova S.A. de C.V., como consta en el contrato del Paquete de Seguro Empresarial que adquirió el casino.
La póliza número GSA075830000, de cobertura total y nacional, aseguraba el inmueble por 40 millones de pesos, su contenido por otros 50 millones, 6 millones más por remoción de escombros, otra cantidad igual por gastos extraordinarios y un millón adicional por cobertura automática.
La póliza cubría al negocio con el giro de “restaurante-casino”, y tenía una vigencia anual que abarcaba del 4 de noviembre de 2010 hasta el 4 de noviembre de 2011, dos meses más desde el atentado que cimbró al país.
La empresa asegurada está operada por gente cercana a Rocha Cantú y Carlos Alejandro Salinas Martínez, el propietario del predio donde funcionaba ilegalmente la casa de apuestas.
El operador es Fernando Canales Cantú, apoderado del arrendador del terreno, y de Jorge Vázquez Lugo, socio de Enrique Hernández Navarro, apoderado de Entertainment Enterprises of Mexico S.A. de C.V., la sociedad de Rocha Cantú que operaba el Royale.
El domicilio que aparece en el contrato es el número 3603 de la calle Los Portales, en la colonia La Puerta, en Monterrey, y carece de un Código Postal, pero los datos no coinciden con ninguna dirección real en el estado.
Los términos y condiciones de la póliza protegían al casino de una posible pérdida total por incendio, causado directamente en forma accidental, súbita e imprevista en un solo evento.
“Sobre todos los bienes muebles e inmuebles, propiedad del asegurado y/o de terceros que estén bajo su cargo, custodia o control y por los cuales sea legalmente responsable y se encuentren en las ubicaciones citadas”, se lee.
Seguro cubre a terceros, pero aún no lo han cobrado
Aunque la póliza incluye un apartado de indemnización por responsabilidad civil a terceros de hasta 5 millones de pesos, fuentes allegadas al caso aseguran que los familiares de las víctimas no han tenido este beneficio.
Sin embargo, en diciembre pasado Rocha Cantú declaró al Ministerio Público de Nuevo León que el 80 por ciento de los deudos de los empleados fallecidos la habían recibido.
Esto ha generado discrepancias entre las oficinas de la aseguradora en la Ciudad de México y Monterrey.
En enero de este año Juan Carlos de la Fuente, apoderado del Royale, cuestionó a la aseguradora y la exhortó a que cumpliera con la obligación de liquidar esa disposición a favor de los afectados.
Pese a las presiones, no se han dado resultados.
La relación Rocha-Peña Neder
El seguro de cobertura total no era exclusivo para el casino Royale, sino también para otros siete inmuebles ubicados en los estados de Baja California, Querétaro, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León.
En total se aseguraron estas propiedades hasta por 366 millones de pesos por daño físico, gastos extraordinarios, remoción de escombros, cobertura automática, extensión de cubierta y otros riesgos no especificados.
Entre las propiedades aseguradas están el casino Fantastic, reabierto después con el nombre de Malibú, localizado en el número 220 de la avenida Manuel Barragán, en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo, Nuevo León.
Precisamente esa casa de apuestas, fundada por Rocha Cantú al norte del área metropolitana de Monterrey, está vinculada con los negocios que hizo la mafia de la Secretaría de Gobernación (Segob) que traficaba con permisos falsos.
Reporte Indigo publicó que esta red, integrada por exfuncionarios cercanos a Felipe Calderón, estaba encabezada por el excoordinador de asesores de Gobernación, Juan Iván Peña Neder.
El exfuncionario está recluido en el Cereso de Morelia, acusado de violación tumultuaria y amenazas contra su exesposa Talía Vázquez Alatorre, quien denunció a la red criminal.
La abogada declaró ante las cámaras que en la mafia estaba involucrado Guillermo Santillán Ortega, extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobernación, y Roberto Correa Méndez, exdirector adjunto de Juegos y Sorteos de la Segob.
La denunciante también señaló al abogado Julio Esponda, quien habría recibido sobornos para la operación de casinos, y al senador Roberto Gil Zuarth, exsecretario privado de Calderón, quien presuntamente obtuvo 800 mil dólares por su intervención en la apertura del Royale en Querétaro.
El legislador del PAN calificó como una calumnia esta acusación y desconoció a Vázquez Alatorre.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario