Razia,
de 25 años, es una de los 2.500 sobrevivientes del derrumbe de una
fábrica de ropa de Bangladesh. Crédito: Naimul Haq/IPS.
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Organizaciones laboralistas advierten muchas debilidades en el acuerdo
anunciado por 17 fabricantes y comercios minoristas, entre ellas las
firmas estadounidenses Walmart y Gap, destinado a fortalecer las
condiciones de empleo y los derechos de trabajadoras y trabajadores
textiles de Bangladesh.
“La llamada
Alianza Global para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh se
creó sin consultar a los involucrados ni a sus representantes. Se trata
de otro esquema ‘voluntario’ sin mecanismos significativos para su
aplicación”, dijo Richard Trumka, presidente de la poderosa central
sindical estadounidense AFL-CIO, en una declaración enviada a IPS.
“Las
compañías que integran la alianza y que no cumplan con el compromiso no
estarán sujetas a consecuencias negativas, salvo la expulsión del
esquema. Mientras, seguirán pagando las trabajadoras”, explicó el líder
de la AFL-CIO (siglas en inglés de Federación Estadounidense del
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales).
De hecho, las
compañías que decidan retirarse de la alianza solo estarán sujetas a
una penalización que implica el pago de su parte de los costos
administrativos, según una respuesta conjunta ofrecida por una decena
de organizaciones defensoras de los derechos laborales (entre las que
no está AFL-CIO), a la que tuvo acceso IPS.
Para las grandes
compañías, esa suma representa unos cinco millones de dólares, una
pequeña cantidad respecto de los ingresos de Walmart, por ejemplo, que
ascienden a más de 400.000 millones de dólares al año.
“Para una
compañía cuyos ingresos ascienden a miles de millones de dólares, ese
tipo de penas representan un costo mínimo por el simple hecho de hacer
negocios, pero no es un elemento de disuasión serio”, reza el
comunicado de las organizaciones, entre las que se destacan International Labor Rights Forum y el Consorcio de los Derechos del Trabajador.
“Eso
confirma un pronóstico de hace tiempo de defensores de derechos
laborables: que Walmart, Gap y otras compañías similares no quieren
hacer promesas que luego tengan que cumplir”, remarca el comunicado.
“Lo
que quieren es hacer promesas ahora que el asunto concentra la atención
de los medios y del público, pero que luego puedan incumplir cuando les
convenga y a un costo simbólico”, añade.
La creación de la nueva
alianza sigue a un proceso de cinco semanas de negociaciones entre las
compañías, que ocurrió dos meses y medio después de que el derrumbe de
una fábrica en Daca dejara a más de 1.100 personas muertas, el peor
desastre en la historia de la industria textil de Bangladesh.
Miedo a la responsabilidad
El
acuerdo, que tiene un plazo de cinco años, se concreta después de que
casi 70 compañías, principalmente de Europa, aceptaran apoyar un nuevo
pacto de seguridad en la construcción y de incendios, y que contó con
la aprobación de organizaciones de defensa de los derechos laborales.
Casi
todos los grandes consorcios empresariales estadounidenses y
canadienses se negaron a suscribir ese acuerdo con el argumento de que
quedaban sujetas a demasiada responsabilidad legal.
“La principal
razón por la cual no pudimos firmar el acuerdo es que Europa tiene un
ambiente legal diferente al que tenemos en Estados Unidos y Canadá”,
explicó Jay Jorgensen, vicepresidente de Walmart y responsable de
cumplimiento normativo, durante el anuncio de la nueva alianza el
miércoles 10.
“El acuerdo cuenta con algunas disposiciones que,
según el sistema legal canadiense y estadounidense, podría someternos a
litigios y responsabilidades legales ilimitadas”, añadió.
“Estas
compañías pusieron unos 146 millones de dólares para arreglar la
situación en Bangladesh. No queremos que ni un solo de esos dólares
termine en manos de abogados; queremos que cada centavo se destine a
las fábricas”, puntualizó.
La alianza incluye a minoristas como Target, Macy’s, Nordstrom, Kohl’s, Sears, L.L. Bean y J.C. Penney.
El
acuerdo de la nueva alianza prevé que se cree para octubre un conjunto
de estándares de seguridad comunes para todas las plantas que fabrican
productos para sus miembros. Después de un año, las instalaciones
deberán someterse a un proceso de verificación externo a cargo de
auditores elegidos por las propias empresas.
La alianza también
dijo que su nuevo enfoque otorgará un papel clave al empoderamiento de
los trabajadores y se comprometió a instaurar, entre otras cosas,
nuevos comités que los representen
También
se creará en noviembre una línea de teléfono para quejas de
trabajadoras y trabajadores de las fábricas de la alianza. Pero el
acuerdo de las compañías europeas va más allá y permite que estos
inicien un proceso administrativo.
La alianza se comprometió a
destinar 42 millones de dólares a un fondo de seguridad para los
trabajadores y a aportar más de 100 millones de dólares para mejorar la
infraestructura de las fábricas.
Esos aportes se mantendrán durante los próximos cinco años, aunque los críticos alertaron que es un aspecto voluntario del plan.
Objetivo comunes
Al
principio parecía que al rechazar el acuerdo europeo, las compañías
norteamericanas, sencillamente, continuarían con sus propios planes.
En
las últimas cinco semanas, los exsenadores estadounidenses George
Mitchell y Olympia Snowe encabezaron las negociaciones promovidas por
el Centro de Política Bipartidista, con sede en Washington.
“Antes
de iniciar este proceso, los miembros de la alianza decidieron que no
se unirían al acuerdo europeo, así que esto no fue ni es un tema de la
alianza versus el acuerdo”, precisó Mitchell el miércoles.
Pero
acotó: “Mi deseo, y hablo a título personal, es que un día no muy
lejano, los miembros de la alianza y las empresas del acuerdo europeo
se esfuercen por converger lo más posible. El criterio debería ser
simple: cuál es la mejor forma de ampliar la seguridad laboral”,
puntualizó.
Acercar los dos enfoques parece ser uno de los objetivos más importantes a mediano plazo, al menos para algunos actores.
Snowe
señaló que el nuevo pacto estaba “pensado para funcionar en
colaboración con el acuerdo europeo”, incluida la creación de una junta
asesora mixta que, “con suerte, pueda acercar los objetivos”.
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