México
D.F. 23 jul. 13. AmecoPress.- El mayor signo de la desigualdad que
viven las mujeres mexicanas es, sin duda, cómo experimentan y sufren la
violencia en todos los aspectos. Esa que nos acosa nacionalmente y
también afecta a toda la población. No obstante, por enésima vez, el
Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia,
constituido por representantes del gobierno federal, las presidentas de
los institutos estatales de la mujer y presidido por el Instituto
Nacional de las Mujeres, dijo no a los organismos civiles que piden
acuciosamente el establecimiento de la alerta de género para el Estado
de México.
Ello,
a pesar de los argumentos y las cifras. En el Estado de México en seis
años mil 500 mujeres han sido asesinadas, 60 por ciento fueron halladas
en la vía pública y 40 por ciento dentro de sus hogares; el caso volvió
a analizarse por un mandato de los tribunales, ya que el Observatorio
Ciudadano de la Violencia Contra las Mujeres que preside Rodolfo
Domínguez, se amparó contra la negativa desde 2010.
El contra
argumento que hizo votar a 33 personas en contra de la Alerta, que es
obligada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia,
frente a la aceptación de sólo tres presidentas o secretarias de la
mujer, Tabasco, Oaxaca y Baja California, es que de 563 mujeres
asesinadas, sólo 115 podrían identificarse como feminicidio. El tipo
penal por el que han trabajado decenas de mujeres en los últimos
tiempos.
Es evidente
que el tema de la Alerta se encuentra en un callejón sin salida.
Legaloide. La estructura de la Alerta, se dijo en esa reunión, está mal
hecha. Los requisitos para la Alerta, en un exceso de reglamentación
que ha atacado a las dirigentes y a las diputadas, ahora se ha
convertido en la mejor manera de negar una acción integral en
determinado territorio donde las cifras son alarmantes, pero no aplica
el mecanismo.
Pienso que
este exceso de reglamentación en el que invierten tiempo y vida muchas
“expertas” y militantes si ha servido para hacer evidente que el asunto
no puede resolverse en una sociedad desigual, injusta, de graves
problemas democráticos y donde el tema de la justicia es preponderante
de impunidad, a todo lo largo y ancho de este país.
Me llama la
atención esta negativa, pero más me inquieta que no hay una estrategia
para entrarle al problema de una manera más inteligente. Es claro que
nos acosa la violencia contra las mujeres, tanto que la abogada
Patricia Olamendi, aseguró que la violencia en el Estado de México
contra las mujeres se encuentra fuera de control y ha alcanzado
“niveles alarmantes”.
Ella,
integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre los temas de discriminación hacia las mujeres y
Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como
Belem Do Para, política en activo, sabe lo que dice.
Y argumentó:
“…las cifras del INEGI no mienten: 55 por ciento de las mexiquenses
sufre violencia y éstas son las más altas en el país. Aunque el
gobierno del Estado de México emprendió desde 2010 —bajo presión
política— diversas reformas y acciones para atender las denuncias de
violencia generalizada contra su población femenina, como la creación
de la ley estatal para erradicar la violencia contra la mujer y una
Fiscalía de Feminicidios, la realidad es que estos avances no bajan a
la población”.
Habló en
Toluca, el 18 de julio, mismo día que se negó establecer la Alerta de
Género, con sobrada responsabilidad y experiencia: “ las mujeres no son
atendidas en los ministerios públicos, además de que en la realidad ni
jueces ni autoridades ministeriales ejercen su facultad de brindarles
las medidas precautorias que recién se aprobaron en ley, pero que no
operan en la práctica.
” Lo que dijo
Olamendi me parece suficientemente claro. Es preciso que sean sus
propias palabras las que aclaren lo que sucede. Agregó: “La buena
noticia para el Estado de México es que ya cuenta con un excelente
marco legal para las mujeres, la mala noticia es que no se aplica; la
buena noticia es que ya hay una subprocuraduría para la atención de
delitos contra la mujer, la mala noticia es que si vas al ministerio
público no te atienden”, luego llamó directamente al gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila, para que acepte la alerta de género.
Ello se decía
mientras la negativa era reiterada. Olamendi, que como digo sabe lo que
dice, señaló que lo de la Alerta: “está más politizada que la propia
solicitud que se hace desde 2010 por organizaciones de derechos
humanos”.
Entre los
argumentos de las señoras que deben velar por la ley, por la paz, por
el cese de la violencia contra las mujeres, están más al lado de la
burocracia. Señalaron que “no hay violencia sistemática como lo define
la Corte Internacional: genocidio y crímenes de lesa humanidad”; y
además, “ya existe una Fiscalía Especializada” y encima las
estadísticas, es decir, los hechos de homicidio “sucedieron antes de
que se tipificara el feminicidio”.
El enredo
puede ser peor. Ello obliga a marcar la retirada de ese engorro que es
infernal, arrastrar el lápiz por hacer y hacer leyes. Sobre la igualdad
y la mejor vida de las mujeres conté seis; de planes y programas ni
hablar, millones de pesos invertidos para cambiar el lenguaje y, sin
embargo, lo que hasta ahora no se ha logrado es cambiar la mentalidad
de ministerios públicos y jueces. Hace falta cambiar la estrategia; se
necesita una verdadera y nacional protesta, organizar a las mujeres
para hacer efectivas leyes que ya existen, que se multiplican en todo
el país, que pocas personas conocen y pocas exigen; hacen falta
imaginación, entrega y menos alaraca. En muy pocas palabras Patricia
Olamendi ha puesto el dedo en la llaga.
Ojalá que se
tomarán en serio los hechos y que nos cimbraran de tal manera que se
elijan estrategias y no nuevas leyes. Veamos: en el Estado de México
hay un subregistro de los casos de violencia contra las mujeres de 91
por ciento, pues según la más reciente Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), solo nueve
casos de cada 100 se denuncian.
Los resultados
indican que 55 por ciento de las mexiquenses ha sufrido violencia, 46
por ciento trabaja y 43.7 por ciento no. La violencia alcanza todos los
ámbitos y se recrudece en las comunidades indígenas, de acuerdo a la
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e
Informática (INEGI).
Las cifras de
la ENDIREH 2011, explicadas por Jaime Arturo Vergara, representante de
INEGI en el Estado de México son contundentes: el tipo de violencia más
frecuente en esa entidad es la emocional, con un 82.4 por ciento; le
sigue la económica, con 53.5 por ciento; la física, con 16.5 por
ciento, y la sexual se encuentra en el último sitio, con 6.8 por ciento.
Lo más grave,
los “hechos” más frecuentes de violencia física que sufren las
mexiquenses son en primer lugar los “golpes con manos y objetos”, en 17
por ciento; empujones y jalones de cabello, en segundo lugar con una
incidencia de 16 por ciento; arrojarles objetos, 8.8 por ciento, y
patearlas, seis por ciento.
En violencia
sexual, 13.6 por ciento de las mujeres reportó ser forzada u obligada a
mantener relaciones sexuales; mientras que 3.9 por ciento reportó ser
forzada a realizar “cosas que no quieren” durante el acto sexual.
En pleno siglo
XXI, el 24.8 por ciento de las encuestadas dijo que su pareja les
prohíbe trabajar o estudiar; 21.4 por ciento reportó “tacañería” de sus
parejas para solventar algunos gastos, a pesar de tener los recursos;
13.2 por ciento dijo que su pareja no aporta el gasto; en tanto que
16.1 por ciento acusó a su pareja de gastárselo en otras cosas,
mientras que 3.4 por ciento han sido despojadas de objetos o bienes.
Las mujeres
que reportaron “violencia extrema”, en los 12 meses previos al
levantamiento de la encuesta, fueron el 14.5 por ciento, mientras que
12.8 por ciento reportó “violencia extrema” a lo largo de toda su
relación. En el caso de las mujeres indígenas, 64.1 por ciento dijo
vivir con violencia, mientras que un 38.1 por ciento de todas las
mujeres encuestadas reportó haber vivido “violencia extrema” alguna
vez.
Y esto eslo
más sorprendente, dirían en la comentocracia televisiva, vea usted lo
increíble. Sí para quien apenas se asoma a la desigualdad social
mexicana.
Ahora es
cuando, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) llama a la
ciudadanía a presentar propuestas que permitan elaborar el Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018. El Programa, al que se llama a ponerle
propuestas, servirá para trazar los objetivos, las estrategias y las
metas necesarias para que todas las personas de nuestro país gocen de
igualdad para desarrollarse en un marco de respeto a los derechos
humanos y libres de discriminación y violencia. Tan, tan… veremos.
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