Educación: Consejo de Profesionalización Docente

Ricardo Raphael

La reforma educativa propone, de un lado, instaurar un sistema nacional de evaluación cuyo responsable principal es el INEE. Del otro proyecta la creación de un sistema nacional de profesionalización docente. ¿Cuál es el organismo encargado de conducir esta segunda tarea?

Las iniciativas de ley presentadas por el presidente Peña Nieto ante el Congreso, relativas a la educación, responden mal a esta interrogante. De un lado colocan al INEE (órgano de naturaleza evaluadora) como rector, a nivel nacional, de tramos importantes relativos a la profesionalización docente. Del otro, le entregan prácticamente toda la operación del sistema profesionalizante a los gobiernos locales.

Tengo para mí que este diseño funcionaría mal. Por una parte, el INEE no está diseñado para desempeñarse como órgano rector de profesionalización docente. Por la otra, es un error que cada estado gestione su propio sistema de carrera magisterial porque va a agravarse la fragmentación y la heterogeneidad con que se imparte la educación en nuestro país.

En la reforma Constitucional se previó un sistema nacional de profesionalización magisterial. No sería por tanto adecuado que México terminara contando con 32 sistemas distintos. Sobre todo porque hoy prevalecen diferencias regionales muy grandes en la calidad educativa. (La distancias que hoy subsisten, por ejemplo, entre Nuevo León y Guerrero son inadmisibles).

Si cada estado gestiona, de manera independiente, su respectivo sistema de profesionalización, estas diferencias no se van a corregir. Por ello es fundamental garantizar un conjunto de procedimientos relativos a la carrera magisterial gestionados a nivel nacional. Entre esos procedimientos se encuentra la evaluación del desempeño docente, pero también aquellos relativos al ingreso, los estímulos, la capacitación, el avance en la carrera, la salida o el retiro de los profesores.

¿Quién podría hacerse cargo de esta tarea de escala nacional? Si no es conveniente que lo haga el INEE, entonces habría de pensarse en otra instancia cuya jurisdicción sea igualmente nacional. Se precisa de un organismo capaz de normar con eficacia la carrera docente en México para asegurar que, a través de ella, se mejore de forma constante la profesionalización general del magisterio.

No es necesario que esta institución sea grande, ni tampoco que consuma recursos enormes. Bastaría con un consejo integrado por autoridades federales y estatales que sea capaz de celebrar tareas de rectoría sobre los principales tramos que impactan la profesionalización. Un órgano que también fuera responsable de otorgar un piso homogéneo para la carrera de los maestros y por tanto que asumiera responsabilidad a la hora de reducir las asimetrías regionales.

Este organismo tendría que otorgar certificación regular a los docentes, desde que comienzan su carrera hasta que la terminan. A manera de ejemplo, si la carrera de los docentes fuera similar a la de los funcionarios del servicio exterior, este organismo sería el encargado de certificar el rango de los profesores. Así como la secretaría de Relaciones Exteriores entrega nombramientos de segundo o primer secretario, de embajador, etcétera, este organismo habría de hacer lo propio para certificar como profesor de nivel “A,” “B,” “C” a quienes participen dentro de la carrera docente.

Luego, las entidades federativas serían las responsables de gestionar las plazas asignadas a sus distintos planteles escolares. Si, por ejemplo, se liberara una plaza en la escuela Doroteo Arango del municipio de Xochistepec, Oaxaca, la autoridad de ese estado habría de concursarla entre los aspirantes que ya cuentan con una certificación otorgada por el organismo nacional antes referido.

De esta manera, a nivel nacional se aseguraría un buen grado de homogeneidad en la profesión docente, mientras que a nivel local se operaría la gestión de las plazas de los maestros, al igual que en el ejemplo lo hacen las embajadas o los consulados con los miembros del servicio exterior.

Así se resolvería la naturaleza dual del sistema de profesionalización previsto por la Constitución, a la vez que cada instancia asumiría con precisión sus respectivas responsabilidades. Sin embargo, para que esto ocurriera, sería indispensable dar paso a la creación de un Consejo Nacional para la Profesionalización Docente y entregarle a esta instancia la rectoría última del sistema de carrera magisterial.

Analista político