NACIONAL
Violaciones y desapariciones de mujeres, al banquillo de la ONU
Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
En
unos meses el gobierno mexicano deberá responder las severas
acusaciones de un grupo de activistas que demanda al Estado por
permitir que a las mujeres se les viole sexualmente, se les desaparezca
y se les asesine.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó en
febrero pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe
en el que sustenta que en cuatro años (2009 a 2012) se agravó la
violencia de género en México.
Luz Estrada, coordinadora del OCNF, explicó a esta agencia que en el
documento se hace énfasis en el feminicidio, la violación sexual y las
desapariciones de jóvenes, tres temas que han sido soslayados por las
autoridades mexicanas.
La intención, acotó la activista, es que en el marco del próximo Examen
Periódico Universal (EPU) se exponga ante la comunidad internacional la
realidad que padecen miles de mujeres.
En octubre próximo, en Ginebra, Suiza, México deberá responder las
acusaciones del OCNF, que en primer término asegura que de enero de
2011 a junio de 2012 se registraron 3 mil 976 desapariciones de mujeres
en 15 estados del país.
En opinión de Estrada, las desapariciones de mujeres también deben
considerarse “desapariciones forzadas”, pese a que Naciones Unidas diga
que para que los casos se cataloguen con este término debe haber
complicidad o participación del Estado.
La explicación del OCNF es que aunque no se puede comprobar que las
autoridades estén involucradas en las desapariciones de mujeres, sí se
puede afirmar que son omisas al no hacer nada para protegerlas o
localizarlas.
Los datos recopilados por la agrupación indican que el 54 por ciento de
las desapariciones se concentran en Chihuahua y el Estado de México, y
que en 51 por ciento de los casos las mujeres tenían entre 11 y 20 años
de edad.
La activista mencionó que en México hay herramientas que no funcionan
para proteger la vida de las mexicanas, por ejemplo la Alerta Amber, un
sistema de búsqueda inmediata que en caso de jóvenes de 18 años o más
no se puede activar.
Por otro lado, dijo, los protocolos de búsqueda no siempre resultan
eficientes porque no garantizan la vinculación entre autoridades como
las secretarías de Seguridad Pública y las procuradurías de Justicia
estatales, en caso de ser necesario.
Un elemento más es que en muchos casos el personal judicial que toma la
denuncia o reporte de desaparición de una mujer alega que la víctima en
realidad está ausente, como si ella se fuera por propia voluntad o se
hubiera perdido porque no sabe dónde está su casa.
Estrada apuntó que es necesario que los operadores de justicia
consideren que muchas de estas desapariciones de mujeres jóvenes –que
no son ausencias o extravíos– pueden estar ligadas a la trata de
personas.
DEFICIENCIAS JUDICIALES
Otro tema que para el OCNF debe ser objeto de escrutinio internacional
son los asesinatos de mujeres por razones de género, ola de violencia
que de 2007 a junio de 2012 dejó 4 mil 112 víctimas en 13 estados del
país.
Estrada explicó que una forma de evitar que se pierda la vida de más
mujeres es la tipificación del feminicidio. No obstante, criticó que en
los estados donde el delito está tipificado las autoridades no
consignan los asesinatos de mujeres como feminicidio, sino como
homicidios, lo que resta importancia al tema y baja los registros de
incidencia de este crimen.
Otro problema, abundó la abogada, es que cada entidad tiene una
definición distinta del delito y en algunos casos es tan complicada que
es muy difícil acreditarlo.
Para Estrada el resultado de estas deficiencias es que cada día se
tiene noticia de una mujer asesinada a golpes, con armas punzocortantes
o asfixiadas, sin que haya investigaciones que den con los responsables
de tales crímenes.
Con todo esto, la activista dijo que aún se puede sumar un tema más de
violencia de género: las violaciones sexuales. En este delito,
consideró, además de la falta de acceso a la justicia tampoco se
garantiza la salud de las víctimas.
El OCNF documenta que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3 mil 834
violaciones sexuales atendidas en los servicios de salud de 16 estados.
Lo alarmante, detalla, es que ninguna institución reporta haber
ofrecido el servicio de interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con información proporcionada por las secretarías de Salud,
los datos no existen o se desconoce, y sólo el Estado de México dijo
haber avalado nueve interrupciones del embarazo de 2011 a 2012.
Estrada indicó que estos problemas que enfrentan las mujeres deben ser
ventilados a nivel internacional, y por ello la relevancia de
presentarlos ante el EPU a fin de tener recomendaciones que presionen
al Estado mexicano a proteger a las mujeres.
La defensora confió en que las recomendaciones sean similares a las que
emitió en julio de 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés), y que este año se haga un planteamiento específico
sobre la ineficacia de los mecanismos de protección para las mujeres.
En particular, precisó, respecto a la Alerta de Violencia de Género, un
mecanismo que debería servir para proteger a las mexicanas, pero que en
la realidad no sirve y es necesario reformarlo, aseguró.
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