NACIONAL
Argumentos contradictorios: activistas; se alista demanda
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Pese a los reiterados llamados de grupos civiles nacionales e internacionales y a un mandato judicial, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) negó por segunda ocasión la procedencia de una indagación por violencia feminicida en el Estado de México, paso previo para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
Con 33 votos en contra, tres a favor y la ausencia de las representantes del DF, Morelos y Tabasco, los institutos estatales de las Mujeres y las dependencias federales que integran el Sistema determinaron que en el Edomex “no hay indicios suficientes” para considerar que haya asesinatos de mujeres por razón de género, y por tanto no se debe activar la AVG, cuyo fin es conjuntar esfuerzos de todos los niveles de gobierno contra la violencia de género.
Con más de dos meses de retraso –lo que implica un desacato al plazo de 10 días ordenado por la autoridad judicial–, el SNPASEVM finalmente acató la sentencia del Décimo Sexto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, que anuló su negativa a la AVG en el Edomex y ordenó una nueva votación que argumentara de manera “fundada y motivada” la procedencia o no de la investigación.
El defensor de Derechos Humanos (DH) Rodolfo Domínguez informó que los argumentos “fundados y motivados” del Sistema fueron que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción Derechos Humanos (CMDPDH) –organizaciones solicitantes de la AVG– no cumplieron totalmente los requisitos legales para hacer su petición.
Y es que –según el Sistema– en la solicitud no se puede afirmar que existiera violencia feminicida en el Edomex durante 2010, ya que los datos presentados no corresponden a casos de feminicidio, pues son crímenes cometidos antes de que este delito fuera tipificado, por lo que sólo corresponden a homicidios dolosos de mujeres.
Además –argumentó el Sistema– las organizaciones no demostraron la existencia de violencia generalizada en la entidad, pues son asesinatos que se cometieron en sólo 10 de los 125 municipios del estado.
La solicitud de AVG fue presentada por las agrupaciones luego de documentar que de 2005 a 2010 en el Edomex fueron asesinadas 922 mujeres, y de que muchos de los crímenes no se resolvían.
Otro argumento del SNPASEVM fue que los delitos no fueron cometidos por una “violencia sistemática” como lo define la Corte Penal Internacional, tribunal cuya misión es juzgar a las personas acusadas de genocidio y delitos de lesa humanidad.
Asimismo el Sistema recordó que de 2010 a la fecha se han creado y modificado varias leyes para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, avances que derivaron en la creación de dependencias e instancias que protegen a las mujeres víctimas de violencia, entre las que se encuentra la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México.
CONTRADICCIONES
A decir de Rodolfo Domínguez, los argumentos están lejos de ser fundados y por el contrario resultan contradictorios, pues por una parte afirmaban que en 2010 no existía violencia feminicida, pero a raíz de la solicitud de AVG comenzaron las acciones de gobierno para combatir el flagelo.
“Dices que no hay feminicidio, pero empiezas a invertir recursos económicos y materiales para combatirlo; es contradictorio pues no puedes combatir algo que afirmas que no existe”, puntualizó el abogado.
También lamentó que una vez más el Sistema ignora a las mujeres ante una violencia que lejos de disminuir va en incremento.
Según datos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, entre marzo de 2011 y diciembre de 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres, pero sólo 115 fueron investigados como feminicidio, aunque de los restantes el 48 por ciento presentaba características de ese crimen.
En los cuatro días previos a la sesión, fueron asesinadas cinco mujeres en el municipio de Chalco, todas ellas encontradas con signos de violencia y en un lugar público.
VAN POR SANCIONES
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, lamentó que el Sistema nuevamente no motivó su voto, pues no se basó en una evaluación real de la problemática y sólo lo fundamentó en lo que ha informado el gobierno mexiquense sobre los supuestos avances que ha tenido.
Recordó que desde el pasado 21 de junio el Sistema se encuentra en desacato judicial al no cumplir con el plazo que se le había otorgado para cumplir con la sentencia, e informó que ya se presentó una vista al juez para hacerle ver el incumplimiento de la sentencia.
Este recurso podría derivar en sanciones que irían desde multas o la destitución de los superiores jerárquicos del Sistema, de acuerdo con los artículos 192 y 193 de la Nueva Ley de Amparo.
Estrada señaló que también se debe esperar a que el juez sea notificado de la resolución del Sistema, y a que valore si se dio cumplimiento cabal o no a la sentencia.
En su caso, el juez deberá determinar cuál sería el procedimiento necesario para condenar el eventual incumplimiento.
La activista adelantó que a partir de la resolución del juez las organizaciones demandantes evaluarían la posibilidad de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante la ya prevista negativa del Sistema, las organizaciones emitieron un llamado urgente al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para que estuviera al pendiente de la resolución de hoy y del incumplimiento de la recomendación que emitió en 2012 sobre la no aplicación de la AVG.
Estrada informó que ya fueron notificadas por el Comité de la CEDAW de que fue recibido su llamado y que está evaluando el caso para pedir información al respecto al Estado mexicano.
Finalmente, advirtió que además del llamado se presentará una queja ante el Comité sobre el incumplimiento del Estado mexicano en su obligación de proteger la vida de las mujeres. “Es lamentable que siempre tengamos que acudir a instancias internacionales para que el gobierno se decida a actuar”, consideró.
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