Álvaro Delgado
La Torre de Pemex.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MEXICO,
D.F. (apro).- Los poderes nacionales y extranjeros que ambicionan las
ganancias del petróleo han vuelto a reagruparse, pero también se ha
consolidado una mayoría social que repudia la privatización presentada
como la panacea para México.
Es cierto que Enrique Peña Nieto ha
avanzado en su proyecto de compartir la renta petrolera con
inversionistas nacionales y extranjeros –desapareciendo del Programa de
Acción del PRI esta prohibición histórica y sumando el apoyo
incondicional del PAN para reformar la Constitución–, pero también
enfrenta una amplia oposición.
Esta oposición no es sólo de las
fuerzas políticas de la izquierda partidaria, que tienen vasto poder de
movilización, sino de segmentos de la sociedad más numerosos. De hecho,
según refieren dos encuestas recientes, una amplia mayoría de los
mexicanos rechaza privatizar el petróleo que, conforme a la
Constitución, es propiedad de la nación.
La primera de ellas es
la que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
titulada “México, las Américas y el Mundo 2012-2013”, y que arroja que
dos terceras partes rechazan la privatización de los recursos
petroleros.
Esta institución, a la que no se le puede achacar un
sesgo a favor de la izquierda, consultó a finales del año pasado a 535
líderes empresariales, del gobierno, académicos, de organizaciones
sociales y medios de comunicación, así como a 2 mil 400 ciudadanos
comunes.
Apoyada por fundaciones como Konrad Adenauer y Friedrich
Ebert, ambas alemanas, así como la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, la investigación del CIDE reveló que seis de cada 10
mexicanos rechazan la participación privada en el sector petrolero.
Lo notable del estudio del CIDE no es sólo lo cuantitativo, que de suyo es insoslayable, sino las razones de ese rechazo:
“En
el México del siglo 21, el nacionalismo no se opone a la apertura al
mundo, salvo en el sector petrolero. Los mexicanos muestran fuertes y
crecientes sentimientos de orgullo, identificación y apego a su
nacionalidad, siendo la mexicana la comunidad política primaria de
identificación y pertenencia”.
Añade el estudio: “El alto nivel
de orgullo nacional no se contrapone a la apertura cultural y
económica, con la sola excepción del sector petrolero, de tal forma que
ha aumentado el apoyo a la difusión de ideas de otros países en México,
como la globalización, el libre comercio y la inversión extranjera”.
La
encuesta más reciente es la que elaboró el Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, entre el 6 y 7 de
julio, y establece que una mayoría superior a 70% estaría en contra de
la inversión privada en el sector petrolero.
El estudio refiere
también un dato que es muy revelador de la situación que vive Petróleos
Mexicanos (Pemex), el organismo que administra los recursos petroleros
del país: 88% de los ciudadanos consultados vía telefónica considera
que hay mucha o algo de corrupción en la paraestatal.
La
Presidencia de la República tiene también información en este sentido,
con base en sus propias encuestas, pese a lo cual Peña y el grupo de
intereses que lo llevó hasta el cargo que ostenta creen llegado el
momento para, en agosto, presentar un paquete de iniciativas de reforma
constitucional para materializar la privatización de los recursos
petroleros.
Peña y los suyos han decidido que el proyecto
privatizador se envíe al Senado como Cámara de origen, donde el PAN
está perfectamente unificado para ese fin y sumará sus votos a los del
PRI, lo que de manera análoga ocurriría también en la Cámara de
Diputados y la mayoría de los Congresos locales que consumen la reforma
constitucional.
El problema es que, como lo muestran las
encuestas citadas –y otras de las que disponen los grupos de poder–,
una reforma constitucional que pretende compartir la renta petrolera
con grupos privados del país y el extranjero concita un amplio repudio
social que anticipa un conflicto de dimensiones quizá no vistas hasta
ahora.
Si difícilmente el gobierno y el PAN –cada vez más
indistinguibles– aceptarán un debate más allá del Congreso, menos
accederán a que los mexicanos opinen sobre la conveniencia de abrir el
sector petrolero a la inversión privada en una consulta como la que ya
prevé la propia Constitución.
Un referéndum sería lo mínimo
procedente para que la sociedad, tan agraviada por decisiones
cupulares, se manifieste sobre lo que le pertenece.
Pero como eso no se prevé, a los mexicanos nos espera un verano muy caliente…
Twitter: @alvaro_delgado
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