Exigieron ante legisladores poner freno a las trasnacionales que saquean al país
Planean entregarla esta semana a la Cámara alta
La iniciativa establece que esta actividad
deja de ser preferente por encima de otrasy la obligatoriedad del consentimiento de las comunidades
En el contexto del Día Mundial de la Lucha contra la Megaminería
Tóxica, organizaciones sociales realizaron un mitin ante el Senado para
dar a conocer el proyecto denominado Nueva Ley Minera desde los
Movimientos SocialesFoto María Meléndrez Parada
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 23 de julio de 2013, p. 36
Movimientos
sociales y civiles de diversos estados del país que se han visto
afectados por las actividades de las empresas mineras presentaron ayer
un manifiesto donde se expresan en favor de una nueva ley para el
sector. En un mitin frente al Senado, anunciaron que esta semana
entregarán a esa cámara la iniciativa, y resaltaron que como prioridad
se establece que
la actividad minera deja de ser preferente por encima de otras.
En la movilización participaron más de una docena de oradores de
organizaciones que exigen poner freno a las trasnacionales que saquean
al país y afectan a las comunidades. Al desglosar los puntos centrales
de su proyecto, destacaron que “en la propuesta se establece la
participación vinculante de la población sobre toda decisión –que
permita la realización de actividades mineras–. Es decir, a los pueblos
originarios se les debe consultar su consentimiento vinculante previo,
libre, informado y culturalmente adecuado.
En el caso de las comunidades que no son pueblos originarios, para establecer una mina se debe iniciar un procedimiento de participación ciudadana en forma libre, previa e informada.
Expusieron que
llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico (de esta actividad), que nos conduce al precipicio y a la ruina del país. Regular la minería es recuperar la soberanía popular y nacional.
En ese contexto, subrayaron que en la propuesta de ley minera que entregarán al Senado esta semana
se establece un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales frente a las actividades mineras; se establece y se regula la licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación para los siguientes supuestos: concesiones para la explotación minera, concesiones para explotación y beneficio minero, las asignaciones para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano, las prórrogas a concesiones para explotación y beneficio minero (y) los permisos de operación para actividades de beneficio minero.
Añadieron que en su proyecto también
se separan las concesiones de exploración de las de explotación y beneficio minero; se establecen plazos diferentes de vigencia, duración y prórroga; se propone un procedimiento estrictamente regulado para el cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para el solicitante; se regula la transmisión de concesiones, y se elimina la división, reducción o unificación de las mismas.
En el manifiesto al que dieron lectura en el mitin, las
organizaciones subrayaron que se anulan las cláusulas de
confidencialidad
que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado; se obligará a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía, con el deber de entregarla directamente a las comunidades donde operan las minas; se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios, que serán aleatorios y deberán contar con la participación de las comunidades, y que pueden dar pie, en caso de incumplimiento, a sanciones o cancelación de la concesión.
Entre las organizaciones que participaron en el mitin se encuentran
el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, Pro San Luis
Ecológico y Colectivo Azul, de San Luis Potosí; los movimientos de
Pueblos de Morelos y de Pueblos y Ciudadanía Unida contra la Minera
Esperanza Silver, ambos de Morelos, así como Cilas, Fundar, Colectivo
Radar y Foro México Global.
En el mitin, vecinos de Morelos, de San Luis Potosí y de Baja
California denunciaron hostigamientos por parte de autoridades
municipales, así como de las empresas mineras, a las que acusaron
incluso de contratar sicarios y golpeadores.
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