CONTEXTO
Situación se agrava para las mujeres
Imagen retomada del sitio cmdpdh.org
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- En
México existe un vacío de Estado que impide el acceso a la justicia, lo
que indica que se deben tomar acciones inmediatas para construir la
institucionalidad del sistema judicial y erradicar la corrupción del
sistema penitenciario.En un artículo publicado en mayo pasado en un diario estadounidense, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, afirma que la violencia extrema en México se debe a los vacíos de poder y “errores” de los gobiernos corruptos.
Por ello asegura que los niveles de violencia no se pueden bajar si no existen instituciones fuertes, jueces que produzcan sentencias ejecutadas, un sistema penitenciario sin corrupción, y policías que no cometan errores básicos en la escena del crimen.
De lo contrario, como hasta ahora, la gran mayoría de las y los mexicanos se enfrentará a una lucha diaria por sobrevivir bajo un gobierno ausente o corrupto.
Por su lado, las feministas sostienen que la situación se agrava para las mujeres ante un sistema que además de ineficiente es patriarcal.
Marta Torres Falcón, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que en el sistema de justicia predomina una visión masculina que minimiza y niega los derechos de las mujeres.
“La justicia como muchos otros espacios es un sistema muy patriarcal; si las leyes las hacen los hombres y las aplican los hombres, ahí tenemos un problema”, dice la socióloga al detallar que hay una red de complicidades masculinas muy estrecha.
Entonces, cuando una mujer demanda la pensión alimenticia, expone, tiene que enfrentar numerosos obstáculos, empezando por ver quién la representa, quién lleva el caso a los tribunales, quién es el juez o la jueza y cuál es el pleito con el otro (la ex pareja).
Agrega que en el caso de las juezas familiares hay dos posibilidades: que se solidaricen con las mujeres y las apoyen, o bien que sean más estrictas para evitar que las critiquen por actuar a favor de las denunciantes sólo por ser mujeres, o “por no saber aplicar las leyes”.
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