Con promesas de cambio, de un gobierno diferente, de un gobierno
progresista que defiende las causas del Pueblo y de aquellos (aquellas)
que no han sido escuchados por “la mafia del poder”, llegó la 4T a
México. En el caso de Puebla también prometieron no repetir las lógicas
de los gobiernos anteriores, como el PRI y el PAN, de este último Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta se propondría erradicar sus prácticas
dictatoriales, respetar la división de poderes y asumiría una postura
contraria a la herencia conservadora que se supone enarboló el PAN.
Pero bastó poner en la mesa de discusión del congreso un paquete de
reformas emanadas del gobierno del estado que en específico incluía
temas como la despenalización del aborto y el reconocimiento del
matrimonio igualitario, para desmoronar los dichos y la entereza de los
principios revolucionarios, de izquierda y progresistas que tanto
enarbolan en sus discursos las y los integrantes de la 4T del congreso
local y el gobierno estatal.
Me refiero a la iniciativa de reforma que el 25 de septiembre en la
sesión pública ordinaria del congreso del estado de Puebla se dio a
conocer y que fue enviada por el gobernador constitucional del estado de
Puebla con el objetivo de cumplir con las condiciones de la emisión de
la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Propuesta discutida
en una larga jornada el pasado viernes 4 de octubre en Comisiones
Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de
Género, hecho que dejó al movimiento feminista y LGBTTTI local, cuando
menos, con una profunda frustración y una serie de cuestionamientos
prácticos. ¿Y el cambio? ¿Y la agenda progresista? ¿Y la promesa de
actuar distinto a los gobiernos anteriores, en específico respecto de
estos temas?
Hagamos un breve repaso histórico de la situación, un poco de contraste al estilo juzgue usted misma.
Por cierto, antes
de que lea los párrafos siguientes y me acusen de priista, panista o morenista,
les diré que hablo como ciudadana de a pie, que ha seguido cautelosamente lo que
corresponde a las discusiones de la despenalización del aborto en Puebla, con
mi dosis de visión feminista.
Primer apunte
En 2009 se aprobó la reforma al artículo 18 para “la protección de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural“, propuesta impulsada por el diputado priista José Othón Bailleres
– quien entonces se desempeñaba como presidente de la Gran Comisión de
la LIII legislatura del congreso del estado de Puebla – bajo la
encomienda del gobernador poblano, Mario Marín Torres.
En ese contexto, una fracción del PRI, encabezada principalmente por
la diputada Rocío García Olmedo, se manifestó y confrontó a esa reforma.
Sin reparos, las diputadas Malinalli García Ruíz, Barbara Ganime Bomne,
Carolina O´Farril Tapia, señalaron la iniciativa de retrógrada y
violatoria de los derechos de las mujeres. A este reclamo se le sumaron
los diputados Luis Alberto Arriaga, Mario Méndez, Mauricio Hidalgo y
Jorge Alfonso Ruíz Romero.
En aquel marzo del 2009 las diputadas del PRI opositoras a la
propuesta que intentaba servir como candado para la despenalización del
aborto y los matrimonios igualitarios y que era encabezada por su propio
partido, consiguieron el apoyo del Organismo Nacional de Mujeres del
PRI y de la entonces presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel,
para posicionarse en contra de la propuesta. También sumaron las voces
de más integrantes de este partido como Blanca Alcalá (quien era
Presidenta Municipal de Puebla), Carlos Meza Viveros, Claudia Hernández
(entonces Secretaria General del PRI), Silvia Tanus, Gudelia Tapia y
Nancy de la Sierra, conformando así, un bloque opositor a la reforma que
el propio gobernador e integrantes de su partido lanzaba. Aunque no fue
suficiente, porque la iniciativa fue aprobada.
Pero la historia de este 4 de octubre de 2019 en el congreso poblano
fue distinta, pese a los posicionamientos de organizaciones locales y de
la ciudadanía en contra del abordaje del aborto y matrimonio
igualitario que se propone en la iniciativa del actual gobernador
poblano muy poco se dijo. No hubo contrastes que emanaran de la fracción
de MORENA al interior del congreso, ni del exterior, ni mucho menos un
bloque contundente para confrontar la oposición a lo considerado sobre
estos temas. A lo mucho, un llamado emanado de la Presidenta Municipal
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para que el Congreso poblano
considere la despenalización del aborto.
Aquí las y los integrantes de MORENA que discutieron la reforma en comisiones unidas repetían a quienes les cuestionaban algo más o menos así: es una propuesta del gobernador en el marco de la Alerta de violencia de Género, es urgente aprobarla. No hay que entrar en temas que polarizan a la sociedad.
Y así fue, la
oposición a los contenidos de la reforma que protagonizaron tanto la diputada
Rocío García Olmedo e integrantes de la autodenominada “bancada independiente”
no fueron suficientes ni tampoco tuvieron el respaldo de las y los legisladores
del bloque de MORENA. En consecuencia, se aprobó un dictamen que dice que “el matrimonio
es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen…”,
contraviniendo de esta manera la sentencia de la primera sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sobre ese artículo. También se mantienen las
sanciones punitivas en contra de mujeres que abortan.
Segundo apunte
En 2011 José Juan Espinoza, quien entonces tenía una curul en el
LVIII legislatura del congreso local por el partido Convergencia,
presentó una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 12
de gestación, la cual también proponía las disminuciones de las
sanciones en contra de quienes recurrieran a esta práctica después de
las 12 semanas de gestación.
Por aquellas fechas
el diputado en cuestión, lamentó que ese tema no fuera prioridad para la
mayoría de sus compañeros legisladores y líderes políticos que formaban parte
de la coalición Compromiso por Puebla (que encabezaba el PAN), ya que la
propuesta de despenalización del aborto ni siquiera fue incluida en la agenda
de trabajo de la LVIII Legislatura. Pero ahora, parece que ha cambiado de
opinión e incluso ha declarado que “hay otros temas prioritarios”. Y por
supuesto, en el contexto de las discusiones del pasado 4 de octubre del
presente año, tampoco se manifestó en el sentido de la postura que enarbolaba
en 2011.
Tercer apunte
Resulta que también en 2011 el entonces gobernador del estado de
Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, presentó una iniciativa de reforma
para modificar la pena por el delito de aborto. Se trataba de cambiar el
encarcelamiento a “un tratamiento médico integral” en una institución
de salud por un periodo no menor a 30 días. Esta versión “conservadora”
de la despenalización del aborto, que en términos prácticos pretendía
que las mujeres que abortan en lugar de ser tratadas como delincuentes,
fueran tratadas como enfermas mentales, no prosperó.
Por aquellas fechas
los diversos grupos feministas recriminamos la iniciativa que mantenía el
delito de aborto de la siguiente manera:
“modificaba el
Código de Defensa Social para eliminar la prisión de seis y hasta cinco años
(para la pena mínima tienen que concurrir tres circunstancias: que no tenga
mala fama; que haya logrado ocultar el embarazo; y que éste no sea fruto de
matrimonio) a cambio del tratamiento psicológico a las mujeres que aborten o
permitan que un tercero se los practique” (Lado B, 2011).
Bajo la lupa de
diversas organizaciones feministas esa propuesta también fue una treta del
gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle para simular la “disminución de las
penas por aborto” pero mantener la criminalización penal y social, por ello, la
exigencia se centraba en no olvidar el derecho de las mujeres a decidir sobre
su cuerpo y la obligación del Estado de garantizar esa decisión.
En la reciente propuesta que el 25 de septiembre de 2019 dio a
conocer el congreso poblano emanada del gobierno del estado de Puebla se
incluye la reforma al Artículo 342 respecto de las sanciones de aborto,
para quedar de la siguiente manera:
“Se impondrán de
seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto
o consienta en que otro la haga abortar”
Esta última propuesta también ha sido cuestionada por el movimiento
feminista y organizaciones locales, sobre todo considerando que la
actual legislatura, tiene desde mayo del presente año, una iniciativa
para despenalizar el aborto que ni siquiera ha subido a pleno para ser
discutida.
Además, a este tema
se le suma la iniciativa para despenalizar el aborto que presentó la colectiva
Coatlicue Siempre Viva a la LX legislatura el mismo 4 de octubre de 2014.
Ya para cerrar
Dicho lo anterior,
esta LX legislatura con mayoría “progresista y/o de izquierda” nos queda a
deber y mucho. Ni un solo argumento a favor de los derechos de las mujeres y
los matrimonios igualitarios vertidos en la discusión del pasado 4 de octubre
que sirvan como muestra contundente de la transformación que
se supone estamos viviendo.
Sí, la propuesta
emanada desde el actual gobierno del estado de Puebla respecto del aborto y
matrimonio igualitario no dista mucho de la que han encabezado otros gobiernos.
¿No que muy diferentes?
Hasta ahora, la encomienda concentrada en la fracción de MORENA del
congreso para evitar la discusión de la penalización del aborto y no
reconocer el matrimonio igualitario se ha cumplido al pie de la letra y
esto es un indicador importante de lo que podemos esperar en futuras
actuaciones por parte del congreso local, de la lógica gubernamental o
de las y los integrantes de MORENA en el estado de Puebla. ¡Cualquier
parecido con otras legislaturas, mera coincidencia!
Sí, las poblanas que optan y necesitan un procedimiento de aborto continuarán siendo criminalizadas por esta práctica,
sobre todo aquellas que no pueden pagar procedimientos seguros en
hospitales privados, aquellas que no pueden acudir a los servicios de la
Ciudad de México y aquellas que no pueden obtener información para
procedimientos de abortos seguros.
Se espera que hoy se suba al pleno la iniciativa de reforma enviada
por Miguel Barbosa Huerta y que se vote antes del 9 de octubre, fecha
límite para el cumplimiento de las acciones en el marco de la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres decretada en Puebla. Lo que
representa otra oportunidad para evaluar el desempeño de “nuestras
personas representantes progresistas en el congreso local”, donde
nuevamente podremos observar y reconocer si la división de poderes, la
cuarta transformación, la agenda progresista de MORENA y las
convicciones partidistas alcanzan para determinar estas reformas en el
marco del respecto de los Derechos Humanos de las mujeres y personas
LGBTTTI.
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
CIMACFoto: César Martínez López
Escrito por Natali Hernández*
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