Ana De Ita*
El gobierno del
presidente López Obrador decidió cambiar el eje de las políticas
agrícolas hacia la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, en lugar
de plegarse hacia el libre mercado. La idea de comprar en el mercado
internacional los alimentos –incluso básicos– en los que no tenemos
ventajas comparativas fue construyendo una fuerte dependencia
alimentaria. El año pasado México ocupó el primer lugar en el mundo en
la importación de maíz, con 17 millones de toneladas, mientras se
produjeron 27.2 millones. El maíz es el principal producto básico para
la alimentación, el mayor cultivo por superficie y número de productores
que a él se dedican.
Sin embargo, esta creciente dependencia es fruto de la nueva forma de
consumir el maíz. Antes del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) el consumo por persona por año era de 223 kilogramos, en
tanto que el año pasado fue de 347.
Actualmente el maíz importado es fundamentalmente el amarillo,
transgénico, demandado para los alimentos balanceados y piensos para la
producción de ganado, lo mismo que por la industria almidonera y de
alimentos procesados, así como por los fabricantes de jarabe de alta
fructosa de maíz. A la par que el consumo interno de carnes, alimentos
procesados y bebidas edulcoradas ha aumentado, estas empresas también
producen para la exportación, como es el caso de la producción de puerco
para China. Así, seguir el paso a la demanda de estas empresas
trasnacionales y tratar de disminuir la importación de maíz destinado a
estas industrias parece una propuesta difícil de alcanzar. Por otra
parte México es autosuficiente e incluso excedentario en maíz blanco
destinado al consumo humano.
El gobierno impulsa un programa nuevo de Precios de Garantía a los
Productos Básicos, que tiene como objetivos: apoyar a más de 1.9
millones de productores, de los cerca de 5.4 millones en el país, con
precios justos por sus cosechas, para lograr la autosuficiencia
alimentaria y reducir las importaciones. El programa recién inició su
operación para el maíz del ciclo primavera-verano y pagará a los
campesinos con superficies menores a 5 hectáreas de temporal 5 mil 610
pesos por tonelada, precio que según Seguridad Alimentaria Nacional
(Segalmex) es 40 por ciento mayor al del mercado. Además de 150 pesos
por tonelada para el pago de flete. El volumen máximo que puede vender
cada productor es de 20 toneladas.
Los precios de garantía de maíz están dirigidos a los campesinos de
autoconsumo, que producen cerca de 25 por ciento del maíz. Pero los más
pequeños no tienen producción siquiera para cubrir las necesidades de su
familia, mientras en otros casos su cosecha consigue un mejor precio
que el ofrecido, pues es muy valorada regionalmente. Así de acuerdo a la
Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, podríamos pensar que únicamente
1.1 millones de toneladas de maíz de los campesinos de autosubsistencia
participarían en este programa. No obstante Segalmex ha informado que
espera que los campesinos no mantengan su producción para autoconsumo,
sino que la vendan a precio de garantía, pues después este maíz estará
disponible en las tiendas Diconsa a un precio de 5 mil pesos. En
síntesis, después de transporte, almacenamiento y distribución los
campesinos que entren al mercado con su maíz recibirán un subsidio de
610 pesos por tonelada. Veremos si este ir y venir al mercado es la
forma más eficiente de entregarlo.
El otro es el programa de Producción para el Bienestar que sustituye
al antiguo Procampo y al de apoyo a los productores pequeños de maíz y
frijol (PIMAF), pero que eliminó los subsidios a los productores grandes
y a varios medianos, pues está limitado a maíz, frijol, trigo suave,
arroz, de hasta 20 hectáreas de temporal y cinco de riego. Este programa
considera productores pequeños a quienes tengan cinco hectáreas de
temporal o 0.2 hectáreas de riego a quienes se les dará subsidio de 1
mil 600 pesos por hectárea, y como productores medianos a quienes tienen
hasta 20 hectáreas de temporal y cinco de riego a quienes se subsidiará
con mil pesos por hectárea. Estos montos y estratos de productores son
los mismos que los del Proagro productivo del gobierno anterior pero
elimina al resto de los segmentos de productores que se supone deberán
ser compensados por el mercado. En el caso del maíz la estratificación
adoptada dejó fuera a los productores en transición de riego que tienen
hasta 20 hectáreas, que tendrán que competir con las importaciones y la
agricultura empresarial de hasta 2 mil 500 hectáreas. Los subsidios de
Producción para el Bienestar apoyan la mitad de la producción de maíz,
la otra mitad deberá arreglárselas en el mercado sin subsidios. A pesar
de las dificultades de comercialización del maíz durante el ciclo
otoño-invierno pasado, el presupuesto para el próximo año no contempla
recursos para comercialización, ni para ingreso objetivo. Está por verse
si la meta de reducir las importaciones se cumple o por el contrario
aumentan.
*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
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