Medina Mora y el fin del viejo régimen

John M. Ackerman

La Jornada 

El levantamiento popular del 1º de julio de 2018 no fue solamente contra la corrupción desmedida del Poder Ejecutivo y el indignante servilismo del Poder Legislativo, sino también en repudio a la impunidad y el cinismo del Poder Judicial. Si bien hubo avances importantes con respecto a la autonomía y el profesionalismo de los jueces, magistrados y ministros a partir de la reforma judicial de 1994, todavía falta mucho camino por andar.

Eduardo Medina Mora era para el Poder Judicial lo que Rosario Robles era para el Poder Ejecutivo. Ambos encarnan el descaro y la corrupción del viejo régimen. Fueron alfiles claves en un sistema cuyo principal propósito era la desviación de fondos públicos y el encubrimiento de recursos privados con el fin de consolidar el predominio de una pequeña mafia en las cúpulas de la política y la economía nacionales.

La trayectoria de Medina Mora también se parece a la de José Antonio Meade, ya que ambos tuvieron largas carreras transexenales sirviendo por igual a gobiernos de PRI y PAN. Estas dos figuras representan fielmente las dos caras del neoliberalismo autoritario, documentado en mi obra El mito de la transición democrática, que malgobernó el país entre 2000 y 2018 traicionando la enorme esperanza del pueblo mexicano en la posibilidad de materializar un cambio de régimen.

Medina Mora fungió como titular del Cisen y secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox. Durante aquel sexenio, jugó un papel clave en hacer posible tanto el desafuero de 2005 como el fraude electoral de 2006, ambos contra López Obrador, así como en garantizar la impunidad del entonces gobernador Enrique Peña Nieto con respecto a la brutal represión en San Salvador Atenco.

Después, Medina Mora ocuparía el cargo de procurador general de la República durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón. Desde ahí sería uno de los principales responsables por la fallida guerra en contra del pueblo mexicano que bañó de sangre al país y sometió las estrategias de seguridad pública a las directrices de Washington.

En 2018, Peña Nieto reciclaría a Medina Mora como su embajador en Washington, en agradecimiento por sus servicios de encubrimiento en el caso Atenco. Posteriormente, el ex esposo de Angélica Rivera enviaría a Medina Mora a la Suprema Corte como su alfil para proteger los intereses del viejo régimen en el máximo tribunal del país.

Desde ahí, el ahora defenestrado ministro abusó de su poder para descongelar cuentas bancarias de personajes acusados de corrupción y lavado de dinero, así como proteger a importantes personeros del viejo régimen, de acuerdo con testimonios del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Así que la renuncia de Medina Mora, el primer ministro en separarse voluntariamente de su cargo desde la reforma judicial de 1994, tiene gran relevancia simbólica, ya que implica que los principios centrales de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar también se aplicarán al Poder Judicial durante esta nueva etapa de la historia de México.

Ello no implica alguna intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, sino todo lo contrario. Fue precisamente durante el viejo régimen cuando se llegó a extremos grotescos de mezcolanza y complicidad entre los poderes. El contubernio entre el entonces ministro presidente Mariano Azuela y Fox para desaforar a López Obrador en 2005 fue solamente uno de muchos ejemplos. La imposición del mismo Medina Mora como ministro en 2015, a pesar de su oscuro pasado y no contar con el requisito de residencia legal en el país, fue otro caso evidente.

La Cuarta Transformación no es la consigna de un partido político ni pertenece al titular del Poder Ejecutivo, sino que es una causa universal que debe permear la actuación de todos los servidores públicos en todos los poderes y niveles del Estado mexicano.

Afortunadamente, hoy se abre un camino de esperanza en el Poder Judicial. Y no solamente por la afortunada renuncia de Medina Mora, sino también porque desde el pasado 2 de enero de 2019 la Suprema Corte es presidida por un distinguido jurista y doctor en derecho, Arturo Zaldívar, quien ha sabido simultáneamente marcar su plena independencia de otros poderes y asumir el reto de escuchar y tomar en cuenta a las exigencias ciudadanas.

En el Poder Judicial debemos ser autocríticos, expresó el ahora ministro presidente en entrevista con un servidor en Tv UNAM el año pasado,nos hace falta ser una Corte más austera, más transparente, más cercana a la gente, con mayor sensibilidad social y humana. Una Corte que entienda los tiempos que estamos viviendo. Que entienda el hartazgo, la inconformidad de la gente, y el repudio social hacia las instituciones (véase:https://bit.ly/2M8l9Ju).

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