R. Aída Hernández Castillo*
El pasado 15 de
septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara
de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía que se propone liberar a
personas presas cuyos contextos de vulnerabilidad influyeron en su
criminalización: indígenas que no contaron con apoyo de traductor,
mujeres encarceladas por delitos de drogas que fueron coaccionadas para
cometerlos, primo-delincuentes presos por robo, presos políticos
acusados de sedición, mujeres en prisión por aborto y personas con
adicciones sentenciadas por delitos contra la salud.
Simbólicamente la Ley de Amnistía reconoce, lo que desde el activismo
y la academia venimos diciendo reiteradamente, que las cárceles en
México son habitadas por mujeres y hombres, morenos y pobres, que no
pudieron pagar el precio de la justicia. Se trata de un reconocimiento
de las arbitrariedades de un sistema punitivo, que no contextualiza el
delito y no busca formas alternativas de justicia.
Las críticas a la iniciativa han venido de quienes apuntan a sus
limitaciones por el poco impacto que tendría en el número de personas
excarceladas, ya que se restringe a presos y presas del fuero federal.
Paralelamente, desde la derecha quienes defienden el punitivismo,
continúan repitiendo sus discursos estigmatizantes contra cualquier
persona que haya habitado las cárceles de la nación, oponiéndose a la
amnistía.
Desde perspectivas más matizadas, organizaciones feministas y de
derechos humanos como AsiLegal, Equis Justicia para las Mujeres, la
Colectiva Hermanas en la Sombra y Mujeres por la Libertad, han emitido
un comunicado en el que señalan que si bien la Ley de Amnistía reconoce
la deuda histórica que se tiene con diversos sectores vulnerables, la
propuesta debe acompañarse de reformas al sistema de justicia y de una
estrategia integral en materia de reinserción social con una perspectiva
de género e intercultural.
Sacar a las personas de la prisión, sin un programa que les permita
encontrar una vivienda y un trabajo dignos, es regresarlas al contexto
de vulnerabilidad que posibilitó su criminalización. A la fecha en la
mayor parte del país, las personas excarceladas no cuentan con ningún
apoyo en el difícil reto emocional, social y económico que implica el
regreso a la vida en libertad. Paralelamente, se necesitan reformas
legislativas que eviten la criminalización de la pobreza, legalizando
las drogas y el aborto, entre otros delitos.
Esta propuesta de Ley de Amnistía, puede ser el inicio de
transformaciones más profundas en el sistema de justicia y en el sistema
penitenciario que desestructuren las prácticas racistas, clasistas y
misóginas que se siguen reproduciendo en México, y que han convertido a
las cárceles en centros de tortura o en negocios articulados al complejo
industrial penal.
El desarrollo de políticas públicas que traten el problema de las
drogas como un asunto de salud pública, mediante programas de prevención
y rehabilitación, en vez de políticas punitivas y criminalizadoras,
evitaría el encarcelamiento de miles de hombres y mujeres pobres, cuyas
vidas se han visto truncadas primero por las drogas y luego por el
encarcelamiento. El respeto a las jurisdicciones indígenas y a la
justicia comunitaria, evitaría el uso colonial del derecho estatal para
encarcelar a población indígena, desarraigándola y alejándola de sus
comunidades.
El desarrollo de medidas alternativas, como el arresto domiciliario,
para las madres de niños y niñas menores de edad, evitaría que las vidas
de miles de menores se pusieran en peligro, al quedar sin la
supervisión y el cariño de sus madres.
La semana pasada, cientos de mujeres de todo el continente americano nos reunimos en Quito, Ecuador, en el Congreso Críticas de los sistema penal y penitenciario hacia una justicia feminista,
y compartimos reflexiones sobre la necesidad de justicias alternativas y
transformadoras, que no pasen por la segregación y el castigo de las
más pobres y excluidas. Investigadoras, activistas feministas y ex
internas, coincidimos en que los sistemas penitenciarios en América
Latina, han sido una forma más de violencia colonial contra la población
pobre y racializada.
Las cárceles han demostrado ser parte del problema y no la solución
para las mujeres. Se necesitan formas creativas de enfrentar la
conflictividad social, que no pasen por el castigo y la segregación,
escuchar las voces de quienes han vivido en carne propia las violencias
múltiples de nuestros sistemas carcelarios, es un primer paso para
buscar alternativas a la justicia punitiva del Estado.
*Investigadora de Ciesas
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